El juicio en Nueva York a Juan Orlando Hernández entró este viernes en una fase decisiva con el testimonio de Fabio Lobo, hijo de su predecesor en la presidencia de Honduras, quien parece dispuesto a hundir al exmandatario, acusado de narcotráfico.
Condenado a 24 años de cárcel en Estados Unidos también por narcotráfico, Fabio Lobo aseguró que había pagado 450.000 dólares para la campaña presidencial en los comicios de 2013 de Juan Orlando Hernández, acusado de crear un narcoestado en Honduras durante sus dos mandatos (2014-2022) protegiendo el tráfico de drogas y armas.
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El primer pago de 200.000 dólares lo hizo a la hermana del expresidente (2014-2022) Hilda Hernández. El segundo, de 250.000 dólares, se lo hizo personalmente al candidato en su casa Olancho a cambio de que le ayudara a obtener contratos del gobierno para sus empresas y las de sus amigos, los líderes del cártel de Los Cachiros, e “información logística” para el tráfico de drogas.
Su hijo también acusó al exmandatario Lobo haber recibido “aportes” de los Cachiros, a cambio de “protección” para que no fueran extraditados, pero pese al intento de la defensa de Hernández, no reveló ni el monto de los pagos ni la implicación de su padre, presidente de Honduras de 2010 a 2014, con el narcotráfico.
A la pregunta de por qué no había contado esta información a la fiscalía cuando fue detenido en 2015 en Haití, Lobo, exjuez de la Corte Suprema y abogado, reconoció que entonces “no le dije al juez” nada sobre que su padre había aceptado sobornos de narcotraficantes.
No lo hizo hasta enero de 2023 en el marco de su cooperación con la fiscalía a cambio de una remisión de condena, admitió ante la insistencia del abogado, aunque dijo “no recordar” lo que le dijo a los fiscales.
“No tengo conocimiento de cuánto pagaron”, zanjó visiblemente molesto, después de asegurar que su padre “no tuvo ninguna implicación en sus asuntos privados”.
“Yo minimicé mi participación para obtener una sentencia menor” a los 24 años a los que fue condenado, justificó.
Decidido a echar tierra encima del acusado, recordó que el hermano de éste, Tony Hernández -condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico- había recibido del cartel del Valle otros 4 millones de dólares para su campaña.
La víspera contó que Hernández también le había dicho que había “recibido aportes de unos miembros del cártel de Sinaloa” del poderoso Joaquín “Chapo” Guzmán, el mexicano condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Vestido con su buzo amarillo canario de presidiario y los tobillos con grilletes, el testigo de la fiscalía trabajó con el cartel de Los Cachiros que operaba sobre todo en el norte de Honduras y con el de Sinaloa de Joaquín “Chapo” Guzmán, reconoció.
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El juez Kevin Castel espera que el lunes pueda concluir el interrogatorio de los testigos antes de que el jurado se reúna para definir la suerte del expresidente, muy activo en el interrogatorio de los testigos.
En caso de ser hallado culpable de los tres cargos que pesan sobre él -conspiración para narcotráfico y tráfico y posesión de armas- Hernández podría ser condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel.
Según la fiscalía, estos dos hombres fueron clave en una red que envió 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022.
“Este caso es importante para el acusado, para la fiscalía y para el propio sistema de Estados Unidos”, dijo al inicio de la audiencia de este viernes al jurado.
A lo largo de casi dos semanas de juicio, una decena de testigos ha puesto de manifiesto los estrechos vínculos entre el narcotráfico y la política en el país centroamericano.
En su mayoría, son traficantes que cooperan con la justicia, pero también hay agentes de la agencia antidrogas estadounidense y hasta la fugaz novia de un jefe de la peligrosa pandilla MS-13.
Uno de los testimonios más descarnados fue el de Devis Leonel Rivera, líder junto a su hermano Javier de Los Cachiros, -ambos condenados en Estados Unidos- y uno de los narcotraficantes más sanguinarios.
Rivera terminó colaborando y entregándose a la DEA en cuanto empezó a verse perseguido por el gobierno de Hernández, que en 2014 ordenó la primera extradición hacia Estados Unidos. Desde entonces 38 personas han sido extraditadas por narcotráfico.
Pese a haber sobornado a JOH con “250.000 dólares” a cambio de protección, según dijo Rivera, en 2013 las autoridades hondureñas le incautaron 118 propiedades.
La defensa del exmandatario sostiene que no hay ninguna prueba que demuestre que recibió los sobornos, e intenta socavar la credibilidad de la mayoría de los testigos, que han obtenido o esperan obtener beneficios de su cooperación.
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