El estado de Indiana ejecutó hoy a Lisa Montgomery, la única mujer que estaba en el corredor de la muerte de Estados Unidos, y la primera en ser ejecutada en más de seis décadas.
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La ejecución por inyección letal se produjo en el complejo penitenciario de Terre Haute, después de que el la Corte Suprema levantase la suspensión que tan solo unas horas antes había ordenado una corte federal.
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“Lisa Montgomery, 52 años, fue ejecutada en la penitenciaría federal de Terre Haute”, señaló el departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.
“Nuestra Constitución prohíbe la ejecución de una persona que no pueda comprender racionalmente su ejecución (...). La administración actual lo sabe. Y la mataron de todos modos”, denunció su abogada Kelley Henry en una declaración difundida por los medios.
“Todos los que participaron en la ejecución de Lisa Montgomery deberían sentir vergüenza”, añadió.
Horas antes, la Corte Suprema de Estados Unidos había dado el visto bueno para la ejecución.
El alto tribunal rechazó a las 00H00 (05H00 GMT del miércoles) los últimos recursos presentados por los abogados de Lisa Montgomery, de 52 años, a pesar del desacuerdo de sus tres magistrados progresistas.
Montgomery fue la primera mujer ejecutada por autoridades federales desde 1953.
Sus abogados habían pedido clemencia a Trump sin negar la gravedad del crimen: en 2004 mató a una embarazada para robarle a su feto.
Según ellos, su clienta padecía trastornos mentales graves, consecuencia de las agresiones y violaciones en grupo que sufrió cuando era niña. Según ellos, no comprendía el sentido de su condena, una condición indispensable para que sea ejecutada.
Un juez federal había ordenado el lunes suspender la ejecución a petición de la defensa, pero el gobierno apeló esa decisión del magistrado y un tribunal de apelación anuló el fallo este martes.
La Corte Suprema de Estados Unidos, ante la que se habían presentado dos recursos distintos, dio razón en ambos casos a los abogados del gobierno de Trump.
En 2004, Montgomery, incapaz de tener un nuevo hijo, identificó a su víctima -una criadora de perros- en internet y acudió a su domicilio en Misuri con la excusa de comprarle un terrier.
En su lugar, la estranguló, le abrió el útero, tomó el bebé -que sobrevivió- y abandonó a la joven de 23 años en un charco de sangre.
Trump, un firme partidario de la pena de muerte, ignoró una petición de clemencia presentada por los apoyos de Montgomery.
10 hombres ejecutados
Desde la reanudación en julio de las ejecuciones a nivel federal en Estados Unidos, tras 17 años de pausa, se ha aplicado la pena capital a 10 hombres.
Y, además de Montgomery, la administración Trump prevé ejecutar a dos afroestadounidenses esta semana: Corey Johnson el jueves y Dustin Higgs, el viernes.
Pero en su caso también hay incertidumbre tras la decisión de un tribunal federal de bloquear sus ejecuciones. Los dos condenados a muerte contrajeron hace poco el covid-19 y la inyección letal podría causarles un sufrimiento ilegal, consideraron los jueces.
Exguardias de la penitenciaría de Terre Haute, por su parte, han escrito al secretario de Justicia en funciones, Jeffrey Rosen, para pedirle que posponga estas ejecuciones “hasta que el personal penitenciario esté vacunado contra el covid-19”.
Una ejecución requiere que decenas de personas permanezcan en un entorno cerrado, ambiente propicio para la propagación del virus. Por esta razón, los estados estadounidenses han suspendido las ejecuciones durante meses.
El gobierno de Trump ha hecho todo lo contrario y se ha mostrado partidario de proceder con las ejecuciones lo más rápido posible antes de dejar el poder.
“En las últimas horas de la presidencia de Trump, hay una carrera por ejecutar a personas que han estado en el corredor de la muerte durante años o incluso décadas. Es una locura”, denunció en la radio NPR el lunes el senador demócrata Dick Durbin, quien anunció la presentación de un proyecto de ley para detener de nuevo las ejecuciones federales.
Después de que los demócratas retomaran el control del Senado, es posible que ese texto se adopte tras la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, que se opone a la pena capital.
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