La Corte Suprema ha bloqueado temporalmente este lunes la entrada en vigor de una polémica ley de Texas que permite a las autoridades policiales detener y expulsar a migrantes de los cuales sospechen que ingresaron de forma ilegal a Estados Unidos, y que debía entrar en vigencia el próximo domingo.
La orden emitida por el juez conservador Samuel Alito se da en respuesta a una solicitud de emergencia presentada por el Gobierno del presidente Joe Biden.
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La ley, aprobada el año pasado por la Legislatura de Texas, es una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia estadounidense.
La semana pasada un magistrado federal de Texas ya había aplazado la entrada en vigor de la medida tras una demanda de varias organizaciones y el condado de El Paso (Texas), que alegan que la ley es inconstitucional porque las autoridades locales no tienen jurisdicción para tomar medidas en materia migratoria propias del gobierno federal.
Pero el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito echó abajo la decisión del magistrado llevando la batalla legal hasta la última instancia.
Alito ha dado hasta el 13 de marzo a los jueces del Supremo para determinar los pasos a seguir en esta nueva pelea legal entre Texas y el Gobierno Biden.
La ley SB 88-4 convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite a la Justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
En la presentación de emergencia del lunes, la fiscal de EE.UU. Elizabeth Prelogar argumentó que la SB 88-4 de es “rotundamente inconsistente” con el precedente de los fallos del máximo tribunal.
“Esas decisiones reconocen que la autoridad de admitir y remover a personas que no son ciudadanas es una responsabilidad esencial del Gobierno nacional”, escribió Prelogar en los documentos judiciales citados por NBC.
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El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, lamentó en un mensaje en X el bloqueo temporal pero advirtió que seguirá defendiendo la ley.
Por su parte los demandantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas dijeron en un comunicado que la ley “conducirá a la discriminación racial” en todo el estado, en especial contra los hispanos.
“Instamos a la Corte Suprema a revocar la suspensión administrativa del tribunal de apelaciones y preservar la decisión que impide que esta ley dañina entre en vigor”, agregaron las organizaciones y los defensores de los inmigrantes.
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