Algunos han calificado la decisión del papa Francisco como una “minirrevolución”. Y están en lo cierto. El jefe dela Iglesia Católica acaba de cambiar las reglas para facilitar que los obispos y cardenales se hagan responsables de sus delitos.
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Antes estaban “ultraprotegidos”, pero “ahora podrán ser convocados y condenados” por el Tribunal Penal de la Santa Sede.
¿Por qué es tan importante el cambio? Dicha corte está compuesta por “magistrados laicos, y no sacerdotes”, una mirada que parece ser necesaria en los tiempos actuales.
Al respecto, Vatican News destaca que, gracias al motu proprio –un documento papal-, estos hombres de fe serán juzgados “como todos los demás”.
UN NUEVO PROCEDIMIENTO
Desde el 1 de mayo, el mismo Papa evaluará los casos de cardenales y obispos que sean acusados de delitos penales por los magistrados del Vaticano, y determinará si serán juzgados por el Tribunal del Estado de la Ciudad Vaticano.
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Con esta modificación del sistema judicial, queda abolido el artículo 24: ahora, los investigados ya no serán evaluados por un Tribunal de Casación, “presidido por un cardenal”, un sistema muy criticado por no “convocar a los más altos prelados de la Iglesia”.
La decisión del papa Francisco responde a la “necesidad prioritaria de que, en el actual sistema procesal, aflore la igualdad de todos los miembros de la Iglesia y su igual dignidad y posición, sin privilegios que se remontan a otros tiempos que ya no están consonancia con las responsabilidades que le corresponden a cada uno en la edificación de la iglesia”.
TIEMPO DE POLÉMICAS
Observando las últimas controversias que atañen a la Iglesia Católica es que se puede entender la decisión del papa Francisco.
Se recuerda, por ejemplo, al excardenal Giovanni Angelo Becciu, quien “fue invitado a renunciar a sus prerrogativas luego de habérsele implicado en un caso de desvío de fondos para sus propios beneficios”.
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Becciu fue acusado de tomar dinero de la Secretaria de Estado para “comprar un lujoso edificio londinense, así como tomado las donaciones (guardadas en un fondo secreto de 700 millones de euros) para invertir en negocios en Angola (donde fue embajador del Papa)”.
Pero la modificación del artículo 24 no es el único cambio que ha ordenado el Papa. Ahora, no solo los trapitos sucios se lavan en público, sino que se está trabajando para evitar que indeseables ingresen a trabajar en la Santa Sede.
Vatican News anota que ahora se exigirá a los directivos y administrativos que “declaren que no tienen condenas ni investigaciones por terrorismo, lavado de dinero o evasión fiscal”.
Tampoco podrán tener “activos en paraísos fiscales ni invertir en empresas que operen en contra de la doctrina de la iglesia”. Además, los empleados no podrán recibir regalos cuyo valor sea mayor a los 40 euros.
Estas reglas se suman a las del “19 de mayo del 2020, cuando el Papa promulgó el nuevo código de contratación pública”, una forma en la que la Santa Sede se adhería “a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
Con esto en mente, los funcionarios deberán firmar un documento “al momento de la contratación” renovarlo “cada dos años”.
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