La apuesta de México por detener el bullying con una ley

Le dicen "El columpio". Consiste en agarrar a alguien por las extremidades, balancearlo y arrojarlo con fuerza contra el piso. Fue lo que ocurrió el mes pasado con Héctor, un menor de 12 años de edad.

Según se reportó, el jovencito fue arrojado dos veces por sus compañeros de una escuela de Tamaulipas, norte del país. La segunda se golpeó la cabeza y quedó inconsciente.

Estuvo en coma cuatro días antes de morir.

Aunque desde hace varios meses se han denunciado varios casos de bullying (violencia escolar, matoneo) por todo México, el escándalo por la muerte de Héctor alcanzó dimensiones que no se habían visto antes.

El presidente Enrique Peña Nieto habló sobre el tema en un viaje a Tamaulipas y ordenó una investigación.

Poco después, el gobierno anunció un programa que contempla 547 proyectos dirigidos a niños y jóvenes que integran más de 13.000 acciones en las escuelas, especialmente las que se ubican en zonas con alto índice de violencia.

Además, senadores de diferentes partidos presentaron una serie de iniciativas de reforma sobre el tema, que incluye propuestas de una ley para combatir el acoso escolar radicada en el Senado mexicano desde hace más de año y medio.

Pero, ¿puede una ley evitar este tipo de abusos?

CIFRAS DEL ABUSO
En los últimos meses, tanto los medios de comunicación como los legisladores que impulsan la ley han divulgado cifras de lo que podría constituir el fenómeno del bullying en México.

El senador Mario Delgado, uno de los legisladores que propuso la iniciativa de ley en diciembre de 2012, argumentó recientemente que, según la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE), que aglutina a 34 países, México es entre ellos el que tiene el ambiente escolar más violento. Y sólo uno de cada 10 estudiantes recibe atención adecuada.

Luego cita a la Comisión Nacional para los Derechos Humanos que dice que la violencia escolar afecta a un 40% de los casi 19 millones de alumnos de primaria y secundaria en instituciones educativas públicas y privadas.

Algunas cifras son más controvertidas. El año pasado, el senador José María Martínez indicó que en 2012 las muertes de jóvenes por violencia escolar superó las cinco mil: 4.201 varones y 989 mujeres.

Estos números, que han sido citados ampliamente por los medios, son disputados por la doctora Teresa Incháustegui, profesora en el posgrado de Humanidades de la Universidad Autónoma y antigua diputada federal.

Incháustegui dijo a BBC Mundo que "no hay ningún registro sólido de esto. No está consignado entre las causas de muerte. Y si fuera cierto, significaría que la tasa de victimización de bullying sería el triple de la tasa en feminicidio".

LA LEY
Por lo que se ha conocido, la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar incluye entre sus sanciones la posibilidad de multar hasta por cinco mil salarios mínimos (350 mil pesos mexicanos o US$30.000), a maestros o padres de familia que hagan caso omiso a la violencia escolar con alumnos o hijos.

También se ha planteado la posibilidad "recluir" a los niños que participen en actos desmedidos de violencia escolar, algo que, según Teresa Incháustegui, "estaría violando la imputablidad de los menores en el sistema penal", por lo que habría que modificar el código penal federal para hacerlo.

Para los maestros, además, se contempla amonestación pública, inhabilitación del cargo académico hasta por 5 años y suspensión definitiva.

Esto ha incomodado a algunos educadores. En un típico comentario en un sitio de noticias, una profesora argumentó: "Por supuesto que los maestros nos damos cuenta del acoso escolar, pero el reglamento de la SEP nos prohíbe cualquier medida. Nos damos cuenta del acoso y lo reportamos, lo único que podemos hacer hacer es hablar con el alumno. No se le puede correr de clase, ni quitar el recreo, ni suspender de la escuela ni mucho menos correrlo".

Y agrega: "Los padres, al ser informados, muchas veces lo niegan, defienden, minimizan, o incluso culpan al maestro".

En diálogo con BBC Mundo, el doctor Emilio Blanco, coordinador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, se preguntó si "es razonable pedirle a las escuelas que controlen la violencia escolar mediante esto: amenazándolas con sanciones. Las escuelas ya tienen demasiados problemas, obligaciones, reglamentaciones, programas y controles administrativos".

Y luego apunta a algo que es cierto -por motivos muy diversos-: "El sistema mexicano desconfía profundamente de los maestros".

"La primera respuesta que se va a tratar de dar es que los maestros son grandes responsables del bullying porque no le ponen atención a los niños, porque son indiferentes ante el problema, etc. Entonces hay que amenazarlos con multas para que no lo permitan".

La ley también propone un "Programa de Escuela para Padres" para capacitarlos sobre estos temas y plan de estudios que incluya una materia que "promueva y difunda los efectos negativos de enfermedades como la diabetes y la obesidad, así como los medios para prevenirlas" y apoyo sicológico tanto para las víctimas de bullying como para los victimarios.

¿FUNCIONA?
Recientemente, varios países latinoamericanos han aprobado leyes contra la violencia escolar, entre ellos Chile, Perú y Argentina. Sin embargo, ninguno de los expertos consultados conoce estudios sobre la incidencia de estas leyes en esos países y si han logrado cambios apreciables.

De hecho, tampoco se conocen esos estudios en los cinco estados mexicanos que tienen leyes locales contra el matoneo escolar: Tamaulipas, Nayarit, Distrito Federal, Puebla y Veracruz.

La de Tamalipas, por ejemplo, fue aprobada en septiembre de 2013 y hace poco la diputada local Erika Crespo Castillo dijo a los medios que es "letra muerta", pues carece de reglamentación que la haga efectiva.

Tanto Blanco como Incháustegui resaltan también la propensión -"muy nuestra", dice la doctora- de México a enfrentar los problemas con leyes, las cuales algunas veces no tienen mucha incidencia en la realidad del país.

Incháustegui duda, incluso, que la ley sea aprobada este año, pues hay otras prioridades en la agenda, como las reformas que impulsa el gobierno.

Pero, aún si pasara, ¿piensa que una ley puede resolver el problema de la violencia escolar? Su respuesta es simple y contundente:

"Claro que no".