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Buenos Aires (AP)
Un tribunal argentino sentenció el viernes a cadena perpetua a 15 ex militares, ex policías y civiles por los secuestros, torturas y asesinatos de más de un centenar de disidentes durante la última dictadura en Argentina, entre ellos Laura Carlotto, hija de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y cuyo niño robado poco después de nacer fue identificado recientemente.
El tribunal federal número 1 de La Plata, 40 kilómetros al sur de Buenos Aires, dispuso la máxima pena por los delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio. Otros cuatro acusados recibieron penas de 12 y 13 años y dos fueron absueltos.
Con estas sentencias ascienden a 559 los condenados por genocidio durante el régimen que se extendió de 1976 a 1983.
Los juzgados fueron antiguos miembros del ejército y la armada, ex policías, ex agentes penitenciarios y civiles que tuvieron cargos en el gobierno de facto de la provincia de Buenos Aires.
El proceso, que se prolongó durante 10 meses, abarcó los casos de secuestros y torturas de 135 personas y el asesinato de cuatro de ellas ocurridos en el centro de detención clandestino La Cacha, situado en la localidad bonaerense de Lisandro Olmos, 61 kilómetros al sur de Buenos Aires.
Entre las víctimas mortales está la hija de Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, la organización humanitaria que ha logrado la restitución de la identidad de 115 nietos que fueron sustraídos a sus padres por los represores y dados en adopción a familias afines a ladictadura.
Uno de los últimos nietos recuperados fue Ignacio Hurban, un músico de 37 años que se crió en un campo cercano a la ciudad de Olavarría en la provincia de Buenos Aires y quien en agosto, gracias a un análisis genético, descubrió que era hijo de Carlotto y de Oscar Walmir Montoya, también asesinado durante la dictadura. Estos dos últimos se conocieron en La Plata y militaron en la organización guerrillera Montoneros. Ella pertenecía además a la Juventud Universitaria Peronista.
Los militares le arrebataron el hijo a Carlotto pocas semanas después de parir en junio de 1978. La mujer, que había sido secuestrada cuando estaba embarazada de tres meses, fue asesinada en La Cacha dos meses después del alumbramiento y su cuerpo fue entregado a sus familiares, algo excepcional en un régimen que hizo desaparecer a la mayoría de sus víctimas.
La Cacha funcionó como centro de torturas y detención desde 1976 a 1978 y operó como una maternidad clandestina para las detenidas que se encontraban embarazadas. Por el lugar pasaron estudiantes secundarios y universitarios y trabajadores con militancia sindical o política.
Del total de condenados, diez recibieron cadena perpetua como coautores del homicidio de Laura Carlotto.
El tribunal también dictó sentencia por la retención y homicidio de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España.
Entre los condenados está Miguel Osvaldo Etchecolatz, el temido comisario general de la policía de la provincia de Buenos Aires que tiene en su haber una condena a prisión perpetua por otras violaciones a los derechos humanos.
