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Buenos Aires, AP
El gobierno de Argentina anunció hoy que una reforma del código procesal penal que impulsará en el Congreso incluirá un artículo para expulsar extranjeros detenidos al momento de cometer un delito.
La presidenta Cristina Fernández dijo que la iniciativa generará polémica, ya que contraviene la histórica política de "brazos abiertos" del país sudamericano.
El gobierno envió hoy el proyecto de reforma al Congreso, y la presidenta detalló en un mensaje a la población que, de ser aprobado, si los extranjeros que "tienen algún tipo de irregularidad en su presencia en el país son sorprendidos infraganti en la comisión de un delito van a ser expulsados en el país y no podrán volver a ingresar por 15 años".
"Si lo hacen (regresar antes de ese plazo) serán juzgados por el delito por el cual han sido expulsados", agregó.
El código procesal penal de la nación establece los plazos y procedimientos para jueces y fiscales que investigan un delito.
El apartado sobre los extranjeros "seguramente va a generar alguna controversia", admitió Fernández, y pronosticó que "algunos van a decir que esto va en contra del artículo 20 de la Constitución".
Este artículo constitucional fija los derechos para los extranjeros que residen en Argentina, entre ellos que pueden acceder a la ciudadanía argentina residiendo dos años continuos, aunque ese plazo puede ser más breve en casos de servicios a la República.
Argentina "tiene una política migratoria como pocos países en el mundo en cuanto a generosidad, en cuanto a apertura, en cuanto a conformación propia", dijo Fernández.
Sin embargo, la mandataria consideró que esta nueva normativa "también es una protección que merecemos los argentinos frente a lo que se ha venido observando como un fenómeno creciente de extranjeros que ingresan al país para delinquir".
GIRO EN CUANTO A SEGURIDAD
El gobierno ha dado un giro radical en su discurso en materia de seguridad justo cuando la población reclama acciones concretas del Estado para frenar una ola de violencia que los expertos vinculan con el narcotráfico.
Hasta no hace mucho tiempo, la presidenta y sus funcionarios esquivaban hablar públicamente sobre la inseguridad, pero esto ha cambiado en el final de su gobierno y a casi un año de las elecciones generales.
Fernández aclaró que el nuevo código no será retroactivo y que los delitos cometidos antes de su sanción se investigarán bajo la actual normativa.
El partido gobernante controla el Congreso y, en principio, tendría asegurada la aprobación del nuevo código. No obstante, el oficialismo no pudo avanzar este año una reforma del código de penas por el rechazo que causaron algunos puntos polémicos de la iniciativa y que desactivaron su debate.
