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La ratificación del fallo de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, abre varias interrogantes sobre lo que puede ocurrir en las próximas semanas en la capital del país y con el propio líder de los Progresistas.
En primer lugar, conocida la decisión tomada por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, el Gobierno de Juan Manuel Santos deberá entrar a expedir un decreto para darle cumplimiento a la decisión del organismo de control.
El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, ya ha dejado en claro que el Gobierno no interferirá y hará efectiva la medida tomada por la Procuraduría.
Además, de manera inmediata, y para no generar un vacío de poder, Santos deberá entrar a evaluar, a partir de este lunes, el nombre de la persona que estará encargada de la Administración Distrital, mientras se organizan y convocan elecciones atípicas en un período de dos meses, una tarea que recaerá en manos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Mientras se surte esta etapa, Petro, sus abogados y sus seguidores tienen varios caminos ante la confirmación del fallo de la Procuraduría.
Lo que más espera el destituido Petro es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pida medidas cautelares a su favor, tal como las solicitó personalmente durante un viaje a Washington (Estados Unidos) en diciembre pasado.
Aunque existen pocos antecedentes de medidas cautelares para proteger derechos políticos (se otorgan es para proteger el derecho a la vida ante amenazas a la integridad física), los asesores del destituido alcalde han argumentado un daño irreparable al mandatario con la decisión de la Procuraduría.
Las medidas cautelares se votan en el seno de la CIDH y, por ahora, lo único que se ha conocido por parte de ese organismo del Sistema Interamericano es una solicitud de más información al Estado Colombiano sobre el proceso y el derecho a la defensa que ha tenido Petro. La Cancillería ya envió esta información a Washington.
LA CORTE INTERAMERICANA
Si la CIDH niega las medidas, la estrategia de Petro, que ya puso en marcha, consiste en que su caso sea revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí, no obstante, los procesos pueden tardar entre cuatro y siete años.
La tesis central es que el fallo de la Procuraduría viola el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala que los derechos políticos (inhabilidad para ejercer cargos públicos) solo pueden ser restringidos por una sentencia judicial.
En este caso, la Procuraduría es una autoridad administrativa, pero el organismo de control señaló en el fallo que la Constitución faculta a la entidad para decretar la 'muerte política' y que esto no riñe con la Convención Americana de Derechos Humanos.
El segundo camino está en una acción de nulidad del fallo de la Procuraduría ante el Consejo de Estado, con una solicitud (medida cautelar) para que suspendan de manera temporal los efectos de la decisión de la máxima autoridad disciplinaria del país.
El ex procurador general de la Nación Jaime Bernal Cuéllar recuerda que un proceso de este estilo puede tardar hasta dos años, a menos de que el Consejo de Estado le dé un trato preferencial.
La posibilidad de una tutela contra el fallo del Procurador está descartada, pues la Corte Constitucional ha señalado que este recurso contemplado en la carta de 1991, para salvaguardar los derechos fundamentales, no procede contra fallos del procurador.
Por último, está la advertencia que lanzó el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, sobre la facultad que tiene su despacho para suspender el fallo de la Procuraduría.
