Personas caminan frente a la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz que fue quemada en Santa Cruz, la mayor región de Bolivia.
Personas caminan frente a la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz que fue quemada en Santa Cruz, la mayor región de Bolivia.
/ EFE/ Juan Carlos Torrejón
Agencia AFP

Miles de opositores de la ciudad de Santa Cruz, motor económico de , decidieron este domingo continuar sus protestas callejeras que cumplen 23 días, después de que el gobierno izquierdista convocara para 2024 un censo poblacional que los manifestantes pedían adelantar.

Un cabildo convocado por el comité cívico, un conglomerado civil-empresarial de derecha, pidió a varios centenares de miles de manifestantes aprobar o rechazar a viva voz “mantener el paro hasta que dentro de estas 72 horas [el miércoles] sean liberados todos los ciudadanos detenidos”.

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Entre banderas tricolores de Bolivia y las blancas y verdes de Santa Cruz, la multitud aprobó con un “sí” el planteamiento leído por el presidente del comité, el líder civil Rómulo Calvo.

Se estima que hay una veintena de opositores detenidos en choques con grupos leales al presidente izquierdista, Luis Arce.

Santa Cruz llama “paro” a los bloqueos de calles, avenidas y caminos interdepartamentales que han aislado a la región más poblada de Bolivia del resto de los departamentos y de sus vías con Brasil y Argentina.

El comité cívico no detalló qué pasos tomarán después del miércoles.

La región opositora se pronunció después de que el presidente izquierdista, Luis Arce, rechazara la noche del viernes adelantar para 2023 un censo de población, ratificándolo para 2024.

Santa Cruz ha venido exigiendo que el censo se realice en 2023 para actualizar su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe, al considerar que existe una cantidad de habitantes superior a la que maneja la última estadística oficial.

Sus protestan han tenido este fin.

Sin aceptar abiertamente el decreto presidencial, la asamblea popular sólo se limitó a exigir al gobierno la correspondencia de los resultados del censo con la distribución de recursos económicos estatales para todo el país, así como una nueva reasignación de escaños en el Parlamento, antes de las elecciones presidenciales de mediados de 2025.

En Bolivia los 130 diputados se distribuyen de acuerdo con los datos poblacionales y Santa Cruz arguye que por tener más habitantes le corresponden más bancas en la Cámara Baja.

Santa Cruz, el motor económico de Bolivia, registró en 23 días de protestas cuatro fallecidos y más de 170 heridos, según datos del Ejecutivo.

El gobierno también ha dicho que por cada día de protestas, la región pierde entre 35 y 40 millones de dólares.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dijo más temprano que la asignación de fondos públicos estarán disponibles seis meses después del censo y que es atribución del Tribunal Supremo Electoral la redistribución de escaños parlamentarios.

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