El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil acusó este lunes al presidente Jair Bolsonaro de divulgar documentos policiales sigilosos y pidió que sea investigado por ello en la Corte Suprema, en medio de la escalada de tensión entre el mandatario y el Poder Judicial.
La corte electoral, que ya tiene en su mira a Bolsonaro por deslegitimar el sistema electrónico de votación, solicitó ahora a la máxima instancia judicial del país que investigue al jefe de Estado para esclarecer si cometió un delito por la “divulgación de secretos”.
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La semana pasada, el líder ultraderechista compartió en sus redes sociales una serie de informes de la Policía Federal incluidos en una investigación sigilosa sobre un supuesto ataque informático a los sistemas del TSE, ocurrido en 2018.
Los magistrados del TSE consideran que el comportamiento del presidente podría configurar un delito penal por “divulgar, sin una causa justificada, informaciones sigilosas o reservadas”.
La acción del gobernante se enmarca dentro de su agresiva campaña para sembrar dudas sobre la fiabilidad del sistema electrónico de votación que funciona en Brasil desde 1996 y que ha sido alabado por su transparencia por diversos observadores internacionales.
Bolsonaro insiste, sin pruebas, que las urnas electrónicas fomentan “fraudes” y, por ello, presiona al Congreso para que apruebe el retorno del voto en papel, como complemento del actual sistema.
El pleno de la Cámara de Diputados tiene previsto analizar esa iniciativa, que ya fue rechazada por una comisión parlamentaria, este martes, aunque varios partidos ya han anticipado que votarán por tumbarla.
“Mañana el Congreso decide, pero hay otros mecanismos con los que podemos colaborar para que no haya sospechas” en las elecciones, afirmó Bolsonaro sin dar mayores detalles, en declaraciones a un grupo de seguidores a las puertas de la residencia presidencial, en Brasilia.
Por esa feroz campaña de descrédito contra el sistema electoral, la Corte Suprema, a pedido del TSE, incluyó a Bolsonaro en una investigación penal en curso desde 2019 sobre la divulgación masiva de noticias falsas contra las instituciones democráticas, lo que se atribuye a grupos de ultraderecha.
Asimismo, el TSE abrió otra investigación “administrativa” contra el mandatario por el mismo asunto y que, en último extremo, podría servir de base para impugnar su eventual candidatura de cara a las elecciones de 2022, para las que el máximo favorito hoy es el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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