La crisis de seguridad y violencia en Chile ha centrado esta semana el debate en el Gobierno y en el Congreso. El panorama se agravó luego de que dos policías fueran asesinados en operativos contra la delincuencia en menos de dos semanas. “Hoy Carabineros y la sociedad chilena se enfrenta a una amenaza que es mucho mayor a la que conocíamos”, dijo el presidente izquierdista Gabriel Boric, tras asistir al velorio de Rita Olivares, sargento de ese cuerpo policial.
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Olivares murió en la madrugada del último sábado tras recibir un balazo en la cabeza durante un operativo en la región de Valparaíso, cuando acudió a una casa donde se había cometido un robo. Once días atrás, el cabo Alex Salazar falleció tras atropellado por un delincuente que se echó a la fuga en la ciudad de Concepción, al sur del país.
Aunque las estadísticas oficiales muestran que los delitos en Chile apenas han crecido en los últimos años, las encuestas llevan meses revelando una preocupante alza en la percepción de la inseguridad en la sociedad.
En su índice del 2022, la fundación Paz Ciudadana reveló que el miedo de ser víctima de un delito creció un 7,6%, respecto a su medición del año anterior, alcanzando un 28% a nivel nacional, la cifra más alta en 22 años.
Otra arista del problema es la aparición de nuevas tipologías más violentas en la ejecución de los crímenes. Según datos oficiales, entre los delitos que más han aumentado están el robo con violencia, con sorpresa y los homicidios.
“Estamos ante una crisis de delito nunca antes vista en el país. Esto no es un problema de números, pero de violencia en los actos, de pérdida total de respeto a la autoridad por parte de los criminales, de la inserción de la droga en Chile. La percepción de la ciudadanía es la peor en la historia”, dice a El Comercio Jaime Baeza, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
Los ojos sobre el gobierno
El debate sobre la inseguridad ha adquirido un tono bastante político en Chile. La presión sobre el gobierno de Boric se centra principalmente en cuestionar la postura crítica que el propio mandatario y sus aliados tuvieron en el pasado respecto las fuerzas de seguridad.
La oposición derechista no deja de recordarle al presidente las ideas que defendió como dirigente estudiantil y luego como diputado, y lo acusa de que no respaldar a las fuerzas del orden ni de hacer lo suficiente para enfrentar la violencia ahora que es presidente.
"Refundar Carabineros ahora. Lo hemos exigido hace más de un año. No da lo mismo quien tenga el poder. El gobierno de Piñera cómplice activo de esta locura". (Tras la muerte de un malabarista en febrero del 2021, producto de un disparo por parte de personal policial)
"Abel acaba de perder la vida. Mientras trataban de reanimarlo, Carabineros seguía tirando gases y lacrimógenas en Plaza Italia. Este descriterio es criminal. No más represión. Gobierno de Chile, no permitiremos la impunidad, cueste lo que cueste". (Tras la muerte de Abel Acuña, quien falleció en el 2019 de un paro cardíaco en Plaza Baquedano, y cuyo procedimiento de reanimación se vio interrumpido por la acción de carros lanzaaguas y gases, según testigos)
"Refundaremos nuestras policías, aumentando la dotación en las comunas que más lo necesitan, mejorando su eficiencia en la persecución del delito y asegurándonos de que respeten los DD.HH. y se subordinen al poder civil". (En el primer programa de Gobierno)
“Vale la pena reflexionar respecto a nuestras acciones en el pasado, donde siempre creo que vale la pena reconsiderar y actuar de acuerdo al contexto que se esté viviendo en Chile”, dijo Boric el martes al defender que la delincuencia que vive el país es distinta a la de años atrás.
Baeza explica que la crítica a los integrantes del gobierno es que no han actuado a tiempo y que dentro de la coalición de izquierdas que está en el poder hay que gente muy involucrada en la crítica a Carabineros después del estallido social del 2019.
“El problema que tenemos es que las policías tienen que lidiar con la inseguridad y hay una crisis de confianza con algunos miembros del actual gobierno que fueron muy duros con esas instituciones después del estallido social”, señala.
En esa línea, el experto agrega que el problema va más allá del mismo presidente, pues son los miembros de su coalición los que no tienen una postura unida sobre cómo enfrentar la situación.
“Algunos integrantes del Ejecutivo, los que actualmente toman las decisiones, vienen de los gobiernos de la concertación de centro izquierda, como la ministra del Interior, Carolina Tohá, que siempre han tenido una relación de trabajo con las policías. El problema más bien está en algunos miembros más radicales de la coalición”, apunta Baeza.
Ante las críticas, Boric ha enfatizado que Carabineros cuenta con todo el respaldo del gobierno. “Espero que trabajemos todos unidos para que esto no siga pasando, tenemos una delincuencia distinta a la de hace años y, por tanto, nuestra estrategia debe ser distinta y llevadas adelante en unidad”, agregó.
Un detalle no menor es que, a diferencia de lo que ocurrió durante el estallido social, las fuerzas del orden gozan de respaldo en este momento.
El Índice de Paz Ciudadana 2022 destacó que, en materia policial, se registró un aumento en la valoración positiva de las personas respecto al desempeño de Carabineros al hacer una denuncia, situación que se puede asociar con un alza en la confianza de los encuestados con esta institución, junto con la Policía de Investigaciones.
Acciones en el Congreso
En este contexto, la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile aprobó este miércoles por amplia mayoría la “Ley Naín-Retamal”, proyecto que aumenta las penas por delitos en contra de funcionarios de Carabineros y otorga a los efectivos de este cuerpo mayores atribuciones para el uso de sus armas de servicio.
Varios diputados de la coalición izquierdista Apruebo Dignidad, la más cercana a Boric, votaron en contra o se abstuvieron porque tienen reparos de una eventual exención de responsabilidad criminal de los policías, lo que demuestra la división sobre el tema en la coalición de gobierno.
El despacho de la ley, que ahora pasa al Senado, se suma a la aprobación de cinco proyectos sobre seguridad pública alcanzada el martes. Las medidas, que buscan combatir el crimen, incluyeron textos en torno al secuestro, porte de armas, extorsión, sicariato y control migratorio.
De hecho, el Ejecutivo impulsa la aprobación de 16 proyectos sobre seguridad, algunos de los cuales el propio presidente y varios de sus ministros rechazaron cuando eran diputados.
“El problema para Boric son los miembros de la coalición, sobre todo los diputados que votaron en contra de la ley este miércoles el Congreso, su coalición está desordenada en el tiempo. Ahí está la tensión y el gobierno saldrá airoso solo en la medida que resuelva esas discrepancias. Estamos en un momento muy complejo de Chile y su seguridad ciudadana”, dice Baeza.
Francisco Covarrubias
Decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y columnista de “El Mercurio”
La percepción de inseguridad ha crecido fuertemente, pero este es un problema que trasciende a la seguridad, es más bien político. Ha habido un vuelco en la opinión pública respecto a lo que fue el estallido social del 2019, donde hubo un fuerte apoyo a la violencia como método de generar cambio y un fuerte rechazo a la labor de Carabineros y la policía. Hoy, por el contrario, existe un apoyo a la policía debido a los altos niveles de inseguridad y hechos como la muerte de una carabinera ocurrido hace unos días.
La situación ha significado un hecho político muy relevante en cuanto a que se le ha refrendado a quienes hoy día gobiernan -a los ministros y al propio presidente- todas sus declaraciones del pasado en torno a Carabineros. Pese a los niveles de delincuencia, hoy Carabineros es una de las instituciones más valoradas por los chilenos y siempre ha sido así, salvo durante el estallido social.
La inseguridad es un problema que trasciende a este gobierno. La policía en Chile tiene un grado de autonomía no legal, pero de facto, bastante alta, con lo cual uno no podría adjudicarle tanta responsabilidad al gobierno. El problema es que quienes hoy gobiernan, fundamentalmente gran parte de la izquierda, fueron absolutamente partidarios de no restringir la inmigración, que hoy vemos que es un factor que está impactando en la delincuencia.
La izquierda también fue contraria a todas las leyes que se propiciaron para fortalecer la seguridad, desde impedir barricadas, el maltrato a carabineros, el uso de la fuerza proporcional de parte de la policía. Y ahora, cuando la crisis de seguridad se hace patente, el hecho político es que a quienes hoy gobiernan se les está refrendando todas sus actuaciones pasadas. Ese es el problema político central y esa es la razón por la que el presidente se ha visto forzado a reconocer que tal vez tiene que revisar las posiciones que tuvo en el pasado.