Chile ya tiene lista su nueva Constitución. Ahora empieza lo más difícil: aprobarla

Y es que a pesar de que el cambio de la actual Constitución —vigente desde 1980 y avalada por la dictadura de Augusto Pinochet— fue el clamor de las protestas que mostraron la desigualdad y la división del país, su aprobación el próximo 4 de setiembre no está para nada garantizada. De hecho, las encuestas muestran todo lo contrario y la opción del Rechazo se sigue fortaleciendo en desmedro del Apruebo.

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La última medición de la firma Cadem muestra que el 51% de los chilenos votaría en contra del texto frente a un 33% que sí lo aprobaría. ¿Por qué la misma población que pidió el cambio en las calles y lo ratificó en un plebiscito podría ahora descartarlo?

Los factores son muchos y se podrían explicar así: Chile —y el mundo— no es el mismo de hace más de dos años. Con una pandemia de por medio que cambió las perspectivas, se potenciaron crisis y se ocultaron otras. En octubre del 2019, las protestas por la subida del precio de los pasajes derivaron en una manifestación social que clamaba modificaciones estructurales en el sistema, como la salud, la educación y las pensiones. De ahí la necesidad de cambiar una Carta Magna que representaba para los chilenos el origen de las desigualdades, pues anteponía el libre mercado y dejaba al Estado una responsabilidad marginal.

Pero el COVID-19, la crisis global y la guerra en Ucrania han puesto sobre la mesa otras prioridades, como la seguridad ciudadana y el costo de vida.

“En el 2019, que en cierto sentido fue un momento excepcional con el estallido social, se priorizaron los temas sociales, pero luego vino la pandemia y se agravó la situación de seguridad y la economía. Entonces, estamos en un momento donde apremian las cosas más inmediatas. Las cuestiones de salud y las pensiones son importantes para la gente, pero tienen un horizonte temporal distinto”, comenta a El Comercio la politóloga chilena Isabel Castillo, investigadora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y del COES (Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social).

Una opinión similar tiene Leandro Lima, experto en Chile y el cono sur de la consultora de riesgo Control Risks: “Había muchas expectativas sobre el poder de transformación que la nueva Constitución tendría en la sociedad y en el país, pero la ciudadanía luego se da cuenta de que eso no va a ser la solución para los problemas y esta expectativa ahora está frustrada. En el 2019, las preocupaciones por el modelo socioeconómico estaban más en el debate público. Ahora las preocupaciones son más concretas, como la seguridad pública. De alguna forma, el proceso constitucional ha perdido el ‘momento’ que le fue favorable en el 2019 y 2020″.

Asambleístas militantes

Pero el cambio de prioridades no ha sido el único factor para el desencanto del proceso constituyente. La deriva que tomó la Convención Constitucional no ayudó a que la ciudadanía mantuviera las expectativas.

Si bien el plebiscito de entrada, el cual aprobó la elaboración de la nueva Constitución, tuvo un 78% de apoyo, la ciudadanía fue testigo de las peleas continuas de los 154 convencionales elegidos, la mayoría activistas independientes o vinculados a la izquierda, y se puso en evidencia cómo muchos de ellos no estaban preparados para un encargo de esa envergadura.

“Las encuestas muestran que el principal rechazo es al proceso más que al contenido de la propuesta constitucional. Hubo muchos convencionales muy atrincherados, con propuestas extremas y poco dispuestos a ceder, y eso generó un malestar en la población. Las posiciones se polarizaron mucho”, explica Castillo.

Debido a los procedimientos de la Convención, las propuestas más radicales establecidas en las comisiones no se llegaron a concretar pues necesitaban la aprobación de los dos tercios del pleno, donde hubo mayor moderación.

La politóloga señala que muchos de los independientes manifestaron más su activismo durante el proceso. “La elección de muchos de ellos fue producto del clima del momento, pero como no formaban parte de partidos políticos entonces no alentaban la negociación. Pero también había sectores duros de la derecha, entonces se creó un clima de polarización”.

Leandro Lima también señala que este aspecto tuvo malas consecuencias para el proceso de elaboración de la Constitución y la imagen ante la ciudadanía. “El proceso pasó por muchos errores desde que empezó, y esto generó mucha impaciencia. Otra consecuencia es que este dominio de los independientes y algunos movimientos sociales, sobre todo de izquierda, generó una percepción de que la convención estaba más dominada por intereses particulares de estos grupos militantes, y se dejó de lado el interés general de la población”.

Pero no todo fue negativo. En medio de las discusiones, se han logrado aprobar artículos que son considerados de vanguardia en América Latina. En este texto, los derechos sociales y de protección del medio ambiente son claves, además de menciones especiales para los pueblos originarios.

La apuesta de Boric

Un factor adicional y trascendental es la vinculación entre la nueva Constitución y la gestión del presidente Gabriel Boric. El progresista, que llegó al gobierno en marzo después de una campaña muy polarizada en Chile, no pasa por un buen momento. Las altas expectativas puestas en él se han ido diluyendo rápidamente y en apenas tres meses su aprobación ha bajado a 34%.

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Como toda la izquierda del país, Boric está apostando por el cambio de la Constitución para poder emprender muchas de las reformas prometidas. Sin embargo, su gestión va estrechamente ligada al proceso constituyente y, se quiera o no, el camino de ambos está unido. Por eso, si gana el Rechazo en setiembre, Boric saldrá muy dañado.

“El gobierno se involucró demasiado en el proceso defendiendo el Apruebo desde el principio, y esto generó una conexión entre el gobierno y la Convención Constitucional. Esto se ha vuelto un problema, porque la aprobación de la Constitución ahora es vulnerable a los vientos de la coyuntura política, y esta coyuntura no es favorable para el presidente Boric”, expresa Lima.

“Hay una asociación muy fuerte entre la gestión del gobierno y la Constitución. Esto influye en las encuestas de este clima de opinión, porque más que intención de voto es un rechazo a lo que está pasando, no solo un rechazo a la propuesta constitucional sino a toda la situación”, dice Castillo.

Siendo así, si la aprobación de Boric sigue bajando, la nueva Carta Magna no vería la luz y la Constitución gestada durante el pinochetismo continuaría vigente.

Sin embargo, aún faltan dos meses para conocer el destino de este proceso. El plebiscito de salida es el 4 de setiembre y en estas semanas las campañas a favor y en contra se pondrán a tope. “Yo creo que si se logra recuperar parte de la épica que hubo en el plebiscito de entrada, si se transmite más optimismo, la Constitución se puede aprobar y puede tener un rebote positivo en el gobierno”, agrega Castillo.

“El fracaso del proceso constituyente será el fracaso de todo el sector político que Boric representa, que es la nueva izquierda y los movimientos sociales que ganaron fuerza tras el estallido del 2019. Sería una derrota muy seria para el presidente, pues su agenda política y los principios de la nueva Constitución tienen muchos aspectos comunes, como un Estado socialmente más activo. Si gana la opción del Rechazo, representaría un debilitamiento aún más fuerte de la gestión”, concluye Lima.

El presidente no puede hacer abierta campaña a favor de la nueva Constitución, pero tiene que hilar muy fino para que su gran apuesta no se vaya por la borda. Aún no hay un plan B, pero el Rechazo no significará tampoco que el gran cambio que reclamaba el país quedará encarpetado. Eso sí, demorará mucho más.