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Detrás de la tragedia que sepultó a por lo menos 16 mineros el pasado 30 de abril en Colombia, hay un fenómeno preocupante y creciente: la minería ilegal, insegura para los operarios y alimento de las arcas de guerrilleros de izquierda, paramilitares de derecha y mafias.
El economista Álvaro Pardo, quien formó parte de un grupo de expertos que produjo recientemente un estudio sobre la minería para la Contraloría General de Colombia –que fiscaliza las finanzas públicas-, le dice a BBC Mundo que "un 83% de las más de 17.000 unidades mineras del país no tiene título minero ni licencia ambiental".
Pero el senador opositor Jorge Enrique Robledo le advierte a BBC Mundo que "dentro de ese porcentaje hay mucha minería informal que no es ilegal".
"Entre los ilegales puede haber guerrilleros, paramilitares y narcos, pero esa no es la generalidad. Lo que pasa es que el gobierno quiere que la minería la hagan las trasnacionales", añade.
De acuerdo con Robledo, "en Colombia hay informalidad minera, como la hay en Brasil, en Perú y en África. Son rasgos de la premodernidad del tercer mundo".
El tema llama la atención, teniendo en cuenta que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha hecho de la minería una de las "locomotoras" para jalonar la economía. Se trata de minas de oro, carbón, platino, roca fosfórica, cobre y manganeso, principalmente.
La inmensa mina de oro donde ocurrió la más reciente avalancha, en Santander de Quilacho, municipio del departamento del Cauca (sur) es una mina ilegal y varias veces las autoridades han intentado cerrarla, sin éxito.
La última vez que quisieron hacerlo, los funcionarios y los policías que llegaron a inmovilizar las grandes retroexcavadoras que funcionan en el sitio fueron sacados a piedra y palo por los mineros.
En otros casos, más se demoran las autoridades en cerrar una mina, inmovilizar las retroexcavadoras y marcharse del sitio que lo que tarda en volverse a poner en marcha.
Amenazas
El ministro de minas de Colombia, Amilkar Acosta, insiste en que las mafias y los grupos armados controlan muchas de las minas ilegales y "utilizan como escudos humanos a estas gentes humildes".
Acosta destaca que ya se creó una fuerza élite de la policía y el ejército para perseguir la minería ilegal.
Las autoridades de Santander de Quilichao denunciaron este fin de semana que han recibido en varias oportunidades amenazas contra su integridad personal debido a su oposición a las minas ilegales en la zona.
A raíz de lo ocurrido, el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, dijo que el Gobierno está dispuesto a acabar con la minería ilegal "a las buenas o a las malas".
Y agregó que "esto que ha pasado en Santander de Quilichao no puede volverse a repetir en Colombia".
Lamentablemente, en lo corrido del 2014 ya se contabilizan 25 accidentes mineros. Cinco días antes del más reciente ocurrió uno en Antioquia, en el noroccidente del país, donde cuatro mineros murieron en otra mina ilegal.
El economista Pardo, sin embargo, es crítico con la política minera de Colombia. "Con la inequidad tan grande que hay, mucha gente ve en la minería una oportunidad de subsistencia. La política minera no puede ser quemar o inmovilizar retroexcavadoras y meter a los mineros a la cárcel. Así se exacerba el conflicto", añade.
El reto de la formalización
Según él, el Gobierno Colombiano debería enfocarse en la formalización de la minería para, de esa forma, garantizar más recursos para el Estado y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de trabajo en esos yacimientos.
Pero anota que hasta ahora los esfuerzos por formalizar la minería han sido muy pobres. "De cada 100 mineros que se quieren legalizar, solo cuatro pasan la prueba", señala.
El experto también indica que el tema de la minería no se puede ver como que "los legales son los buenos y los ilegales los malos" y subraya que el desafío con la minería en Colombia es de orden económico, social y ambiental.
"En lo ambiental, si bien la pequeña minería utiliza sustancias como el mercurio y el cianuro, genera deforestación y contamina aguas, un minero de esas características jamás abre un socavón del tamaño de los que las grandes carboneras han abierto en zonas de la costa Caribe como el departamento del Cesar, donde 15 años después han surgido problemas de desertificación", precisa.
Por su parte, Gustavo Wilches-Chaux, un reconocido ambientalista del departamento del Cauca, declara a BBC Mundo que el desafío de la minería es "ser legal con el Estado, con las comunidades y con los ecosistemas".
Para Wilches-Chaux, el Estado debe ofrecerles alternativas a las miles de personas que encuentran empleo en la minería ilegal.
Según él, las autoridades deben plantearse "cómo se puede avanzar de modo que todo lo que se haga a favor de la comunidad redunde en beneficio de ecosistemas y viceversa".
Y concluye que la tarea es definir "qué alterativas se le ofrecen a la gente que está obligada a vivir en la ilegalidad y cómo lograr que haya paz cuando es la guerra la que ofrece esas oportunidades".
El estudio en el que participó Álvaro Pardo señala que al menos un 25% el lavado de activos en el país se hace a través de la minería ilegal.
Por eso, el desafío de Colombia frente a la minería ilegal no es fácil, teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero que ese sector mueve en la economía del país. La minería representa el 2,3% del Producto Bruto Interno de Colombia, que en el 2012 sumó más de 369.606 millones de dólares.
