Médicos denuncian que hospitales de Brasil dieron una atención poco fiable a pacientes de coronavirus

Irene Castilho ni siquiera tuvo un día para llorar después de que su esposo murió de COVID-19. Ella también estaba enferma, tosiendo y luchando por respirar; él apenas había fallecido cuando ella comenzó a usar la misma máscara de oxígeno. Ese mismo día, el 22 de marzo, fue ingresada en un hospital de Sao Paulo.

La mujer de 71 años había seguido las instrucciones de los médicos al pie de la letra, tomando obedientemente sus dosis de hidroxicloroquina. También tomó ivermectina y una batería de antiinflamatorios y vitaminas del llamado “kit COVID” que su compañía de atención médica, Prevent Senior, le envió por correo a su casa.

Aun así, su salud de deterioraba.

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En el hospital, Castilho recibió diálisis y fue intubada. Cuando los médicos consultaron a sus hijas sobre la administración de flutamida, un medicamento que se usa típicamente para el cáncer de próstata, ellas se negaron, preocupadas por los posibles efectos secundarios para su madre, sobreviviente de cáncer de hígado.

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Más tarde vieron que una enfermera le administraba flutamida a su madre; les dijo que se lo habían recetado a pesar de su objeción.

Castilho murió a fines de abril, 33 días después que su esposo, y sus hijas esparcieron sus cenizas sobre la tumba de él.

El caso de Castilho es uno de una serie de ejemplos que han dado lugar a acusaciones explosivas contra Prevent Senior, que opera 10 hospitales en Sao Paulo, y han escandalizado a Brasil desde mediados de septiembre.

Médicos denunciantes, a través de su abogado, testificaron en el Senado la semana pasada que Prevent Senior reclutó a participantes para suministrar medicamentos no probados sin el consentimiento adecuado y obligó a los médicos a recetar medicamentos no probados promocionados por el presidente Jair Bolsonaro como parte de un “kit de COVID”.

Algunos senadores han dicho que parece que Prevent Senior falsificó los certificados de defunción para omitir el COVID-19 como causa de muerte. Las autoridades también están investigando las quejas de que la empresa realizó la investigación sin el permiso correspondiente.

El caso subraya la fuerte división en Brasil sobre el tratamiento adecuado de los pacientes con COVID-19, y muchos en la nación, incluido el presidente —que no está vacunado— se oponen a las recomendaciones científicas mundiales. Y existe preocupación de que otros proveedores también hayan implementado políticas poco fiables.

Hace dos semanas, Pedro Batista Júnior, el director ejecutivo de Prevent Senior, declaró ante senadores que los médicos tienen derecho a tratar a los pacientes de COVID-19 como mejor consideren, y que los pacientes habían accedido libremente a tomar los kits de COVID.

En respuesta a preguntas enviadas por The Associated Press, Prevent Senior negó haber cometido ilegalidad alguna, afirmando que todos los pacientes y sus familiares usaron sus productos tras dar total consentimiento.

La atención médica en el sistema de salud brasileño suele ser deficiente. Muchos pacientes de clase media contartan seguros médicos privados, pero los costos pueden ser altos, especialmente para los ancianos.

Prevent Senior parecía ser una solución. Fue fundada en 1997 y se volvió popular entre los que no podían pagar servicios médicos exclusivos. Cuesta unos 300 dólares al mes, la mitad de su competencia. Tiene más de 500.000 clientes, cuya edad promedio es 68 años.

La hidroxicloroquina ha sido promocionada por el presidente Bolsonaro y sus allegados. Si bien algunos estudios al inicio de la pandemia la consideraban promisoria, fueron estudios que no salieron del laboratorio. Desde entonces se han realizado pruebas más amplias según las cuales dicho tratamiento no sólo es ineficaz ante el COVID-19 sino también potencialmente nocivo.

Los médicos dicen además que se les recomendó usar la ivermectina, un medicamento antiparásito cuya eficacia ante el COVID-19 no ha sido comprobada. La Asociación Médica de Estados Unidos desaconseja su uso fuera de los laboratorios.

Las presiones para recetar la hidroxicloroquina y la ivermectina son evidentes en mensajes internos de Prevent Senior obtenidos por la AP y que anteriormente fueron entregados a la comisión senatorial que investiga la respuesta del gobierno brasileño a la pandemia del coronavirus.

Entre esos mensajes hay unos de Benedito Júnior, de otro ejecutivo, de dos directores de clínicas y de un médico no identificado.

Bruna Morato, abogada que representa 12 médicos empleados por Prevent Senior, declaró ante la comisión senatorial el 12 de septiembre que a los médicos se les dijo que si no recetaban esos medicamentos perderían sus empleos.

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