Gobierno argentino asegura no hay “prueba concreta” contra Cristina Kirchner

El Gobierno argentino cuestionó los fundamentos de la condena judicial a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, conocidos este jueves, al considerar que la también expresidenta (2007-2015) fue “metida” en la causa sin “ninguna prueba concreta”, con un argumento que no “no tiene pies ni cabeza”.

“Esta causa no tiene ni pies ni cabeza, la vicepresidenta ha sido traída para ser metida en esta causa en la que no tiene ningún tipo de relación”, dijo la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, en una conferencia de prensa.

MIRA AQUÍ: Contra la Justicia y la prensa: ¿qué revela el polémico discurso de Alberto Fernández ante el Congreso?

Fernández fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la obra pública durante los años que fue mandataria.

“En varias oportunidades de los fundamentos de la causa, queda claro que no hay ninguna prueba. El Tribunal dice que ‘ante la duda’ o ‘se supone qué’ sin presentar ninguna prueba concreta”, agregó Cerruti.

Los jueces señalaron en la mañana de este jueves que Kirchner es una de las autoras del delito investigado y llevó adelante una “intervención fundamental” en las irregularidades de la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante su Gobierno y el de su marido, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), en la austral provincia de Santa Cruz.

“El presidente sigue sosteniendo la inocencia de la vicepresidenta y uno de nuestros temas centrales es defender su inocencia”, indicó la portavoz.

Para el Ejecutivo, se trata de una “causa armada” para perseguir e inhabilitar a Kirchner en el ejercicio de funciones políticas y para aleccionar a otros que intenten tomar medidas a favor de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

MÁS INFORMACIÓN: Cristina Kirchner insiste en que sea apartada la jueza del caso del atentado

Por su parte, el Tribunal Oral Federal 2 consideró que la vicepresidenta generó un “daño colosal” al perjudicar al patrimonio estatal por 84.835,2 millones de pesos al 6 de diciembre de 2022 (unos 424 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual).

“Estamos hablando de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia de nuestro país”, indicó el tribunal en sus fundamentos, un texto de más de 1.600 hojas.