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El gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron este martes que llegaron a un acuerdo sobre el tema de la reparación y la justicia para las víctimas del conflicto armado, clave para el proceso de paz que adelantan desde hace tres años en La Habana.
"Hemos dado un paso fundamental de avance para la construcción de la paz estable y duradera y la finalización de una guerra de más de medio siglo que ha desangrado al país", dijeron las partes en el comunicado que leyeron en La Habana.
Ahora, desde la capital cubana, los representantes de los países garantes, Cuba y Noruega, informaron acerca de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que se establecerá una vez alcanzado un acuerdo definitivo.
Sus objetivos son: la satisfacción de los derechos de las víctimas, de las que hay más de 7 millones en Colombia; garantizar la no repetición; tener un enfoque territorial, diferencial y de género; proveer seguridad jurídica para los procesados; promover la convivencia y la reconciliación; y conseguir tener legitimidad.
Tribunales
El sistema incluye una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que será la encargada de juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto.
Sobre este particular gobierno de Colombia y las FARC ya habían hecho un primer anuncio el 23 de setiembre pasado.
El anuncio sobre el acuerdo en materia de justicia, hecho en setiembre pasado, se selló con un apretón de manos entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el comandante de la FARC, Rodrigo Londoño, también conocido como "Timochenko". (Foto: AFP)
De acuerdo con el comunicado leído en La Habana la JEP ejercerá funciones judiciales de manera autónoma y tendrá una serie de salas de justicia.
Una de esas salas será la de Amnistía e Indulto, que aplicará a los delitos como rebelión y conexos –el Congreso colombiano todavía debe determinar si esto incluye al narcotráfico– y por los que muchos podrán gozar de libertad.
Además habrá un Tribunal para la Paz, que juzgará los delitos no alcanzados por la amnistía, como graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario.
Quienes pasen por ese tribunal podrán acceder a una pena de restricción de la libertad de cinco a ocho años que no incluye cárcel, pero siempre y cuando reconozcan verdad y responsabilidad en forma temprana.
Los colombianos tendrán la oportunidad de votar para validar o rechazar los acuerdos. (Foto: AP)
Quienes lo hagan en forma tardía enfrentarán penas de cárcel de cinco a ocho años. Y quienes no lo hagan tendrán penas de 15 a 20 años de prisión.
El sistema integral también incluye mecanismos de reparación, que van desde el reconocimiento de responsabilidades, acciones de reparación concretas (como la reparación de infraestructura), hasta la reparación material.
Indicó además que el mecanismo sería similar al que se aplicará a los miembros de las FARC.
Bandas criminales
En La Habana las partes también anunciaron la creación de mecanismos judiciales por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz, para investigar y desmantelar organizaciones criminales, incluidas aquellas que se formaron tras la desmovilización paramilitar a mediados de los 2000, ahora conocidas como bandas criminales ("bacrim"), a las que las FARC consideran una seria amenaza.
Con el anuncio de este martes ya se han alcanzado acuerdos en los puntos de víctimas, de desarrollo agrario integral, participación política y drogas ilícitas.
Pero todavía falta por acordar el punto referido al fin del conflicto, que incluye el cese el fuego bilateral y definitivo, la dejación de las armas por parte de las FARC y la verificación.
Y no todos en Colombia celebran las acuerdos alcanzados en torno a cómo se impartirá justicia.
Estos han sido criticados por figuras como el ex presidente Álvaro Uribe y organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, en medio de acusaciones de impunidad.
Y el lunes el congreso de Colombia aprobó el proyecto para el plebiscito para la paz, aunque la norma sobre la consulta, sin embargo, todavía tiene que ser valorada por la Corte Constitucional.
FARC y el gobierno esperan firmar un acuerdo final antes del 23 marzo del 2016 o en esa fecha.
