Ecuador: manifestantes destruyen dos estaciones de policía al norte de Quito

Grupos de manifestantes incendiaron el miércoles dos estaciones de policía en el norte de Quito mientras el diálogo entre los indígenas y el Gobierno de Ecuador sigue en punto muerto en medio de una huelga nacional de más de dos semanas caracterizada por violentas protestas.

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El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, declaró al canal Ecuavisa que “el cese de las movilizaciones y enfrentamientos” de manera “unilateral” por parte del movimiento indígena es la condición que permitirá retomar el diálogo.

“Para cualquier diálogo tienen que deponer sus medidas de hecho”, insistió Jiménez, para quien el gobierno ha dado respuestas concretas a las demandas del movimiento a través de cuatro decretos que “entre un beneficio y otro suman 800 millones de dólares”.

El funcionario no descartó que se pueda adoptar un nuevo estado de excepción.

“Los que no entiendan por las buenas tendrán que entenderlo por la aplicación progresiva de la fuerza”, acotó. Al momento, un gabinete de seguridad analiza la situación del país que cumple 17 días de paralización nacional.

La policía confirmó que dos unidades de vigilancia comunitaria de las gigantescas barriadas de Calderón y Carapungo, en el extremo norte quiteño, quedaron completamente destruidas luego del ataque con bombas incendiarias. Los agentes lograron huir a tiempo.

En el contexto de las protestas, se registran 228 policías heridos, 32 policías secuestrados que ya han sido liberados, diez unidades policiales destruidas y 72 vehículos afectados, informó a la prensa el comandante General, Fausto Salinas.

Para presionar una respuesta del gobierno, el Movimiento Indígena y Campesino de la región de Cotopaxi anunció que prepara una movilización “masiva y contundente hacia la capital, el día jueves... con todas las organizaciones, gremios, transportistas y trabajadores”, mientras cientos de indígenas de la provincia de Imbabura ya bloquean una de las principales avenidas periféricas de la ciudad.

En tanto, el gremio que reúne a las poblaciones nativas de la Amazonia indicó a sus bases que “se mantienen todas las medidas en las seis provincias de la región Amazónica”. En esa zona se encuentra la mayor parte de los pozos e infraestructura petrolífera de Ecuador, que provee al Estado alrededor del 30% de los ingresos a la caja fiscal.

También el denominado Frente Popular, que agrupa a colectivos y sindicatos de salud, eléctricos, educación, entre otros, anunciaron una gran movilización para la tarde del jueves en respaldo al movimiento indígena y en demanda de que el gobierno disminuya los costos de los combustibles, como medida “indispensable” para que la paz retorne al país, afirmó Nelson Erazo, dirigente del gremio.

Los acercamientos entre el gobierno y los indígenas, que el lunes hacían prever una cercana solución, quedaron congelados luego del ataque de presuntos indígenas a un convoy militar que dejó un muerto y 12 uniformados heridos.

Los disturbios se producen en el marco de un paro nacional decretado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo, en demanda de la reducción del precio de la gasolina de 2,45 a 2,10 dólares el galón, mayor presupuesto para salud y educación y la fijación de precios de productos agropecuarios.

Durante la tarde y noche del martes decenas de indígenas que eran transportados en camiones circularon por el norte capitalino golpeando cuanto vehículo particular encontraban a su paso, a muchos de los cuales también les cortaron las llantas, mientras obligaban a los negocios a cerrar bajo amenaza.

“Exijo una vez más a la policía y al ejército encargados del orden público que nos protejan de éstos vándalos”, publicó en Twitter el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, junto a videos de los ataques.

Las protestas se han caracterizado por férreos bloqueos de vías que impiden el paso de alimentos, combustibles e inclusive ambulancias. El primer efecto ha sido un notable desabastecimiento en algunas ciudades, donde los precios de los productos agrícolas se han duplicado o triplicado.

Al mismo tiempo legisladores de la oposición, principalmente del partido Unión por la Esperanza vinculado con el ex mandatario Rafael Correa (2007-2017), fracasaron en su intento en la Asamblea de destituir al presidente Guillermo Lasso, a quien acusaban de la grave conmoción social y política.