La suerte del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, está en manos de los 137 congresistas de la Asamblea Nacional, luego de que en la noche de este miércoles la Corte Constitucional anunciara que dio luz verde para que sea sometido a un juicio político por el supuesto delito de peculado.
De acuerdo con un comunicado de la Corte Constitucional, la acusación por peculado fue admitida con seis votos a favor y tres en contra.
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Las otra acusación planteada por la Asamblea Nacional por el presunto delito de concusión fue rechazada por la corte.
A través de un comunicado, el Gobierno aceptó el fallo de la Corte Constitucional, pero reiteró que considera que el juicio político no tiene asidero legal.
“A pesar de que no coincidamos con la decisión de la Corte Constitucional, respetamos el dictamen de admisibilidad sobre el juicio político”, aseguró la Scretaría General de Comunicación de la Presidencia.
“Las inconsistencias en los argumentos de este juicio no acabarán con nuestra visión de servir a cada uno de ustedes ecuatorianos”, agregó.
Peculado, el delito atribuido a Guillermo Lasso
es cuando un funcionario público utiliza un bien del Estado en beneficio propio o de terceros. Este delito está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador y también es causal de juicio político.
El cuñado del presidente, la clave del caso
La Asamblea Nacional planteó el juicio político contra Guillermo Lasso luego de la divulgación de un reporte del medio digital La Posta. En el informe se reveló una supuesta trama de corrupción para la asignación de cargos públicos en empresas estatales montada por Danilo Carrera, que es cuñado del presidente de Ecuador y quien no ocupa ni ha ocupado cargos en el gobierno.
En este caso también está implicado Hernán Luque, exdelegado del presidente Lasso en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); y el empresario Rubén Cherres, muy cercano a Carrera y quien está siendo investigado por la fiscalía por narcotráfico.
Lasso, cuyo Gobierno debe terminar en el 2025, siempre ha negado las acusaciones y ha sostenido que la Asamblea Nacional intenta “desestabilizar” al Ejecutivo.
Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el juicio político debe demorar al menos 45 días.
Este es el camino por el que deberá transitar el caso del presidente:
- El juicio político estará a cargo de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, integrada por 9 legisladores.
- Una vez notificada la Asamblea Nacional por la Corte Constitucional, el presidente del Parlamento tendrá hasta tres días para notificar al Consejo de Administración Legislativa para el inicio del trámite del juicio.
- Luego, el presidente de la Asamblea Nacional tendrá un día para remitir a la Comisión de Fiscalización y Control Político la solicitud de juicio político, el dictamen de admisibilidad y la documentación de sustento.
- La Comisión de Fiscalización y Control Político tendrá un día para notificar al presidente Guillermo Lasso sobre el inicio del proceso.
- A partir de la notificación al presidente se abre un plazo de diez días para que ejerza su derecho a la defensa. También se notificará a los asambleístas acusadores para que en el mismo plazo presenten las pruebas de las que dispongan.
- Con respuesta del presidente o sin ella, se otorgará el plazo de diez días adicionales para la actuación de las pruebas por parte de los solicitantes del juicio.
- Una vez vencido el plazo de la actuación de pruebas, la Comisión de Fiscalización tendrá un plazo máximo de diez días para remitir al presidente de la Asamblea Nacional un informe motivado para conocimiento del pleno que especificará las razones por las cuales recomienda o no el enjuiciamiento político del presidente Lasso.
- En un plazo máximo de tres días, el presidente de la Asamblea Nacional dispondrá a la secretaría general del Parlamento la difusión del informe.
- Dos días después de la difusión del informe, el presidente de la Asamblea Nacional convocará a sesión del pleno.
- La inclusión en el orden del día del juicio político debe realizarse dentro del plazo de cinco días luego de la difusión del informe.
Lo que viene para Lasso
En junio del año pasado, Guillermo Lasso sobrevivió a un intento de destitución en medio de protestas callejeras. Se le trató de sacar con una figura distinta a la del juicio político. Al final, el Congreso obtuvo 80 de los 92 votos necesarios para destituirlo.
Ahora, tras el fallo de la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional enviará el expediente a la Comisión de Fiscalización y Control Político, que deberá elaborar un informe para que sea discutido por el pleno del Parlamento. Antes de la votación final, el presidente deberá presentar pruebas en su defensa.
Pero otra opción que tiene el mandatario es recurrir a la figura constitucional de la Muerte Cruzada, que no es otra cosa que el cierre de la Asamblea Nacional, la renuncia del mandatario y la convocatoria a elecciones generales en un plazo de seis meses.
Más allá de lo que decida Lasso en el corto plazo, el politólogo ecuatoriano Julio Echeverría considera que, teniendo en cuenta las primeras reacciones, el presidente está dispuesto a ir a la Asamblea Nacional a someterse al juicio político.
También sostiene que la Asamblea Nacional cuenta con los 92 votos para destituirlo, “pero no es un número completamente consolidado. Es decir, en la medida en la que el presidente logre argumentar convincentemente en el juicio político y demostrar su no responsabilidad en la acusación de peculado, esa mayoría podría disminuir y saldría bien librado”, dijo Echeverría en diálogo con El Comercio.
El analista político Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (CELAEP), también le dijo a El Comercio que existen los votos para destituir al presidente. “El año pasado Lasso se salvó de la destitución por los votos del Partido Social Cristinano, que tiene 16 asambleístas. Ahora ellos han manifestado su voluntad de destituirlo. Por eso los cálculos indican que se podrían superar los 92 votos”.
Por Mauricio Alarcón-Salvador, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo
Lo sucedido el año pasado no fue un juicio político, fue un intento de destitución donde no hubo los votos necesarios para sacar del poder al presidente Guillermo Lasso. Ahora sí hay un juicio político con todo el sustento que este tiene, con antecedentes de trabajo en la propia Asamblea Nacional, que ha sumado votos de distintas bancadas y hay altas probabilidades de que el juicio continúe tomando forma y sumando fuerzas.
Además, hay que tener en consideración que las últimas decisiones de la Asamblea Nacional contra el Gobierno han sumado más de 100 votos; esto es censuras de sus exministros con 104 votos, con 107, y para aprobar el juicio político apenas se necesitan 92 votos.
En cuanto a la Muerte Cruzada, el presidente tiene intacta la posibilidad de activarla en los dos casos en los que no se necesita un dictamen de la Corte Constitucional. Puede invocar el tema de la grave crisis política y la conmoción interna. Basta un decreto ejecutivo y la firma de Lasso para mandar a los 137 legisladores a su casa.
Es posible que eso pase, aunque no es deseable. El presidente debe pensar primero en las consecuencias políticas, pues difícilmente podrá ganar la reelección para mantenerse en el cargo, pues su credibilidad y nivel de confianza están realmente bajos.
Ahora, si el juicio político es exitoso, se dará una sucesión presidencial y el vicepresidente Alfredo Borrero asumirá la Presidencia por el resto del mandato. La ciudadanía esperará de él resultados. Que haya un Gobierno que atienda la crisis de inseguridad, la crisis económica o incluso que frene la corrupción galopante que está muy enquistada en el poder. Por mucho que sea el binomio de Lasso, hay la expectativa de que pueda hacer un gobierno distinto.
La Muerte Cruzada para que se vayan todos
En cuanto a la posibilidad del cierre del Congreso y la renuncia de Lasso, el politólogo Julio Echeverría la considera difícil, pues podría generar reacciones inmediatas tanto en la misma Asamblea Nacional, que no la aceptaría, como en las calles, especialmente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que ha manifestado que no acataría la Muerte Cruzada y que saldrían a protestar.
“Es un escenario caótico que no le interesa al país ni al Gobierno, porque se vería enfrentado a una reacción muy amplia de la ciudadanía, pues hay mucho descontento”, indica Echeverría.
Pero para el analista político Sebastián Mantilla, la Muerte Cruzada sí sería una solución que permitiría zanjar la fuerte oposición que ha tenido el Gobierno en la Asamblea Nacional. “Lasso no ha recurrio antes a la Muerte Cruzada porque sabe que si en seis meses hay una nueva elección él no saldría elegido, pues ha perdido mucho apoyo popular, básicamente por su mala gestión de Gobierno”, sostiene.
“Pero creo que es la mejor alternativa para el país, le daría calma, tranquilidad. Lasso en seis meses podría eventualmente, a través de decretos ejecutivos, promover ciertas normas que piensa que son necesarias para encaminar la economía”, añade.
Mantilla también remarca que precipitar la Muerte Cruzada es la opción que persigue la oposición, especialmente el correísmo, pues ellos tienen como objetivo principal la convocatoria a elecciones anticipadas porque piensan que podrían alcanzar de nuevo mayoría en la Asamblea Nacional y que su candidato podría ser electo presidente.
La Muerte Cruzada es una herramienta constitucional que permite al presidente disolver la Asamblea Nacional, llamar a elecciones generales y gobernar por decreto durante seis meses.
Hay tres causales para decretarla:
1. Si la Asamblea Nacional se arroga funciones que no le competan constitucionalmente.
2. Si de forma reiterada e injustificada, el Legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
3. Por una grave crisis política y conmoción interna.
Solo la primera causal requiere de un dictamen de la Corte Constitucional para que sea efectiva.
Las otras dos solo requieren de un Decreto Ejecutivo para cerrar el Congreso.
La transición si cae Lasso
Si finalmente la Asamblea Nacional destituye a Guillermo Lasso, quien tendría que asumir el poder es su vicepresidente Alfredo Borrero para completar el mandato hasta el 2025. ¿Qué le esperaría al país en estos dos años?
El politólogo Julio Echeverría considera que si asume Borrero Ecuador entrará en una situación de expectativa, se pacificará el país en alguna medida.
“Habrá expectativa sobre cómo el vicepresidente reencausará algunas líneas de política de Lasso. Él debe modificar esa línea extremadamente ortodoxa que ha impulsado este Gobierno, la disciplina fiscal que ha reducido mucho la atención social y que está en la base del descontento generalizado. Seguro habrá un cambio de timón muy significativo para dar salida a las expectativas generalizadas que hay en la población y en los actores sociales y políticos, sería una tregua que permitiría a este Gobierno culminar su mandato”, remarca Echeverría.
El analista político Sebastián Mantilla recuerda que Ecuador ha tenido casos en los que los vicepresidentes han asumido el poder y no han hecho mala gestión.
“Si el vicepresidente se rodea de buenos cuadros y estos son producto de una coalición donde estén miembros del Partido Social Cristiano, puede ser que haya estabilidad en el país para que así pueda terminar con normalidad su mandato”, sentencia.
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