Inicia al sur de Chile militarización por “aumento de actos violentos”

Chile oficializó este martes la militarización durante 15 días de rutas y carreteras en la región de La Araucanía y dos provincias de la región del Biobío, en la zona sur, por el “aumento de actos violentos” donde existe desde hace décadas un conflicto territorial con indígenas mapuche, que se ha agravado en los últimas semanas.

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“Es deber del Estado garantizar la seguridad de todas las personas, trabajadoras y trabajadores y habitantes de las zonas afectadas. Asimismo, también es tarea del Estado garantizar el abastecimiento de la población, sobre todo en lo referente a alimentos e insumos de salud”, señala el decreto publicado esta tarde en el Diario Oficial.

El mensaje gubernamental argumenta que “(...) en reiteradas oportunidades (los actos violentos) han puesto en peligro la integridad física e incluso la vida de las y los trabajadores y las personas que hacen uso diario de (las) vías” y los “cortes extendidos de las carreteras, que ponen en riesgo el libre tránsito, alteran el orden público y obstaculizan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas”.

La entrada en vigencia del estado de excepción constitucional, medida en principio descartada por el gobierno pero impulsada luego tras la falta de acuerdo en torno a un proyecto alternativo presentado por el Ejecutivo, regirá toda la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío.

“Las medidas adoptadas, en función de este decreto, deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas, buscandominimizar el impacto en el normal desenvolvimiento de la vida de la población”, reza el escrito.

Los jefes militares asignados para el mando en el territorio deberán “controlar la entrada y salida de las zonas declaradas en estado de emergencia y el tránsito en ella; dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros” e “impartir todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de las zonas, siempre en el marco del respeto a los Derechos Humanos y en conformidad con las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), especialmente de los principios de uso de la fuerza de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad”.

“Es deber de los Jefes de Defensa Nacional asegurar el conocimiento y respeto de los derechos humanos y los principios de uso de la fuerza por parte de los funcionarios que realicen labores de mantenimiento del orden público en razón del presente decreto”, concluye el decreto del que tomó razón la Contraloría de la República.

Esta decisión fue comunicada anoche por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, quien afirmó que resulta “evidente que en el último tiempo ha habido un aumento de los actos de violencia en las rutas, hemos sido testigos de cobardes ataques (...) También hemos visto cortes extendidos de carreteras, que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan la cadena de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país”.

“Hemos decidido de hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando Estado de Emergencia para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Bío Bío, y la región de La Araucanía”, agregó la secretaria de Estado.

A principios de mayo, el gobierno de Boric anunció querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado contra los responsables del paro de camiones que mantuvo bloqueadas las principales carreteras de la zona sur, generando desabastecimiento y una crisis logística.

En dicha zona y otras regiones del sur de Chile existe hace décadas el llamado “conflicto mapuche”, que enfrenta a comunidades indígenas con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.

El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la “Pacificación de La Araucanía” y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales de poderosos grupos económicos.

En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios y el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías y huelgas de hambre de presos indígenas.