El presidente de Chile, Gabriel Boric, ofrece una conferencia de prensa con la prensa internacional en el Palacio Presidencial de La Moneda en Santiago.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, ofrece una conferencia de prensa con la prensa internacional en el Palacio Presidencial de La Moneda en Santiago. / Martín BERNETTI / AFP
Agencia AFP

El gobierno del presidente de , Gabriel Boric, volvió a ordenar la militarización el lunes la sureña región de La Araucanía ante el incremento de hechos de violencia en medio de las reivindicaciones de tierras de indígenas mapuches.

“Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para brindar seguridad”, señaló la ministra del Interior, Izkia Siches, tras anunciar que se volverán a desplegar militares en el sur del país, una medida que el izquierdista Boric se comprometió en campaña a retirar.

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Las fuerzas militares habían sido desplazados en la región de La Araucanía y localidades de la vecina región del Biobío el 12 de octubre de 2021 por orden del gobierno del conservador Sebastián Piñera.

En la campaña electoral Boric se comprometió a retirar a los militares de la zona, una medida que concretó el pasado 27 de marzo, cuando transcurridos seis meses desde su llegada los unidormados dejaron las labores de resguardo en el sur de Chile.

Pero tras intentar sin éxito aprobar en el Congreso despliegue “intermedio” de militares, con una presencia acotada solo a algunos lugares, y frente a un notorio incremento de los ataques incendiarios, su gobierno debió echar pié atrás y volver a recurrir a esta medida de emergencia para el resguardo del lugar.

La ministra Siches explicó que junto al nuevo decreto del “Estado de Emergencia”, que permite el desplazamiento de las fuerzas militares, continuarán con su política de diálogo con las comunidades mapuches y una política más amplia en la compra de tierras.

Primeros habitantes de Chile y Argentina, los mapuches son la principal etnia chilena. Algunas comunidades asentadas en el sur del país reclaman desde hace décadas la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales, hoy en manos en su mayoría de empresas forestales y agricultores.

Grupos radicales indígenas se han atribuido parte de esos ataques, aunque también se denuncia el actuar en zona de grupos de autodefensas de las forestales, agrupaciones dedicadas al robo de la madera y delincuencia común.

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