El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, superó apenas su primer desafío en un Parlamento donde está en minoría y que pone a prueba su capacidad para negociar y lograr los apoyos que necesitará para sacar adelante definitivamente la compleja ‘ley ómnibus’ que impulsa el jefe de Estado.
Tras un mes de tratamiento en comisiones de la Cámara de Diputados y una sesión en el pleno de la Cámara Baja que demandó tres días de tenso debate, la iniciativa ‘estrella’ del Ejecutivo logró este viernes su aprobación en general, por 144 votos a favor y 109 en contra.
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Se trata de la primera victoria del oficialismo en un Congreso, donde la gobernante formación de ultraderecha La Libertad Avanza es tercera minoría y apenas cuenta con dos años de experiencia en la complicada gimnasia parlamentaria.
Pero la aprobación en general del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos es tan sólo un primer logro de los muchos que la iniciativa deberá cosechar para convertirse en norma.
De hecho, el oficialismo tuvo que ceder importantes aspectos del proyecto -en particular, el capítulo fiscal- para sumar apoyos de aliados y ciertos sectores opositores a una iniciativa que, de 664 artículos originales, quedó reducida a 224.
Estas exclusiones le permitieron a los libertarios aprobar en general el proyecto gracias a los votos de Propuesta Republicana (Pro, aliado de Milei), la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, superando así el rechazo total a la ley del frente peronista Unión por la Patria (primera minoría) y de la izquierda.
Gran parte de los laureles se los llevan el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Martín Menem, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, interlocutores con aliados y opositores para sacar adelante el proyecto en medio de un clima político tenso, con el propio Milei muchas veces afirmado en su posición de no hacer concesiones.
Y es que la ‘ley ómnibus’ contiene no sólo el espíritu libertario que fundamenta el programa del Gobierno iniciado el pasado 10 de diciembre, sino que, además, de aprobarse, le otorgará amplias facultades al Ejecutivo para gobernar y llevar adelante reformas profundas, no sólo económicas, sino también sociales, en un contexto en extremo difícil, con cuentas públicas en rojo, una economía estancada, inflación disparada y pobreza en aumento.
Son las herramientas que el jefe de Estado alega que necesita para sacar al país de la “decadencia”, pero sus pretensiones se topan con la negativa de sectores opositores que no están dispuestos a que el Parlamento le delegue por dos años -plazo prorrogable por otros dos, hasta el fin de su mandato- facultades extraordinarias en amplios ámbitos de la Administración para dictar medidas sin la necesidad de ser aprobadas por el Congreso.
También hay fuerte resistencia a dar vía libre al Ejecutivo para privatizar cerca de 40 empresas estatales.
Estas resistencias entre quienes incluso dieron su sí en la votación en general de este viernes son las que movieron al oficialismo a aplazar la votación del proyecto en particular -artículo por artículo- hasta el martes próximo, con el objetivo de negociar desde este sábado con la “oposición dialoguista” y evitar que varios artículos sean rechazados.
El texto con los artículos que finalmente queden aprobados en la votación en particular será girado al Senado para su tratamiento, primero en comisiones y luego, de obtener dictamen positivo, en el pleno.
Allí el oficialismo tendrá un desafío mayúsculo: La Libertad Avanza también es tercera minoría; pero, además, el Senado es la cámara de representación legislativa de las provincias de Argentina, ninguna de ellas gobernada por los libertarios.
En esta instancia resultará clave la negociación del Ejecutivo con los gobernadores de provincias, quienes, en medio del fuerte ajuste fiscal emprendido por Milei, le reclaman al Gobierno un mayor reparto con las provincias de la recaudación de impuestos federales, una discusión áspera y de final abierto.
