El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso gesticula durante una reunión en el Palacio de Carondelet, en Quito, el 10 de abril de 2023. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP)
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso gesticula durante una reunión en el Palacio de Carondelet, en Quito, el 10 de abril de 2023. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP)
/ RODRIGO BUENDIA
Agencia EFE

La nueva reforma tributaria fue el primer decreto ley firmado por el presidente de , el conservador , tras decretar la , que disuelve la (Parlamento), de mayoría opositora, y adelantas las elecciones generales.

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Lasso decidió que este documento, que amplía el techo de exoneraciones tributarias en función del número de miembros de cada familia, sea el primero en salir durante este periodo extraordinario en el que podrá gobernar mediante decretos hasta que asuma su sucesor.

La nueva reforma tributaria, que modifica parcialmente la reforma aplicada por Lasso al poco de llegar al poder, había sido presentada la pasada semana en el Palacio de Carondelet, la sede del poder Ejecutivo.

Bajo un principio de progresividad, el decreto contempla un aumento de los gastos deducibles anuales, que podrá ser de hasta 15.294 dólares (unos 14.102 euros) dependiendo del número de cargas familiares.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en Ecuador existen 341.000 contribuyentes que pagan impuesto a la renta, y con la reforma tributaria se beneficiará directamente al 99,8 %, es decir, a 340.318 contribuyentes, que tendrán, cada uno, un ahorro promedio de 558 dólares en su pago del impuesto a la renta.

Asimismo, la nueva reforma tributaria crea una tasa del 15 % de impuesto a la renta para las casas de apuestas deportivas.

La primera reforma tributaria emitida por Lasso en noviembre de 2022 recibió después la negativa de la Asamblea Nacional, que votó por su derogación, pero el presidente mantuvo la norma al vetar de manera integral la disposición del Legislativo.

Lasso recurrió a la “muerte cruzada” en mitad del juicio político de censura que la oposición emprendió contra el jefe de Estado, al que acusa de un supuesto delito de peculado (malversación) por supuestas condiciones perjudiciales para el Estado en unos contratos de transporte marítimo de petróleo.

El mandatario optó por esta figura contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 ante la incertidumbre de no tener los votos suficientes para salvar la moción de censura en el hemiciclo.

La oposición lanzó el juicio político en el momento de mayor debilidad de Lasso en sus casi dos años de mandato presidencial, luego de la dura derrota sufrida en la cita electoral del 5 de febrero, cuando el Gobierno perdió el referéndum planteado para aplicar reformas a la Constitución y, al mismo tiempo, el correísmo fue el gran triunfador de las elecciones locales.

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