Supremo brasileño autoriza a universidades a exigir comprobante de vacunación contra el coronavirus

La Corte Suprema de Brasil autorizó este viernes a las universidades públicas a exigir el comprobante de vacunación anticovid a los alumnos que quieran regresar a clases presenciales en 2022, un día después de que el Gobierno de Jair Bolsonaro prohibiera por decreto tal posibilidad.

La autorización fue otorgada por el magistrado Ricardo Lewadowski, uno de los once integrantes del Supremo Tribunal Federal, en cautelar que concedió en respuesta a un recurso presentado por partidos de oposición, y supone un nuevo revés para Bolsonaro, líder de la negacionista ultraderecha brasileña y uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad de la pandemia.

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La medida judicial suspende provisionalmente el decreto publicado el jueves por el Ministerio de Educación y que prohibía a las instituciones de enseñanza vinculadas al Gobierno federal, en su mayoría universidades, a exigirle a sus alumnos que se vacunen contra la covid-19.

El magistrado alegó en su cautelar que las universidades públicas de Brasil tienen garantizada por ley su autonomía y pueden decidir si exigen o no el certificado de vacunación de los alumnos.

La decisión, por lo mismo, no se aplica para colegios e institutos técnicos también vinculados al Gobierno federal, que carecen de la misma autonomía.

“Difiero la tutela de urgencia para determinar la inmediata suspensión del decreto del Ministerio de Educación, que prohíbe la exigencia de vacunación contra covid como condicionante para el regreso a las actividades académicas presenciales”, según la sentencia de Lewandowski.

El próximo ciclo lectivo comenzará a fines de enero y, según todas las previsiones, las clases serán totalmente presenciales, tras haber funcionado en forma remota o mixta desde marzo de 2020, cuando llegó al país una pandemia que ya ha matado a más de 619.000 brasileños y contagiado a cerca de 22,3 millones.

El decreto del Ministerio de Educación fue un reflejo de la resistencia de Bolsonaro a la inmunización infantil.

El pasado 16 de diciembre, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), en su papel de regulador del sector, aprobó la vacuna pediátrica de la farmacéutica Pfizer y recomendó que sea aplicada a los niños de entre cinco y once años.

La autorización del órgano regulador sufrió una férrea resistencia de Bolsonaro, que también se opone al uso de mascarillas y otras medidas de prevención y hasta mantiene una firme campaña contra las vacunas, al punto que ha insistido en que no permitirá que su hija de 11 años se vacune.

El Gobierno aún no ha decidido si aceptará la recomendación de Anvisa sobre los niños, pero abrió una “consulta pública”, a fin de que cualquier interesado, al margen de su conocimiento científico, opine sobre el asunto.

Según el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, la decisión será tomada tras esa consulta y pudiera ser la de liberar la vacunación para los niños, pero solamente con el consentimiento de sus padres y una “prescripción médica”.

La mayoría de las secretarías regionales de Salud del país ya advirtió que, independiente de lo que decida el Ministerio de Salud, no exigirán la prescripción médica para vacunar a los menores de 12 años.

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