Protestas en Ecuador: “Hay sectores que apuntan a la desestabilización y utilizan la violencia”

LEE TAMBIÉN: Última hora de las protestas y Paro Nacional en Ecuador: manifestantes intentan irrumpir en el Congreso | FOTOS

—Se habla de la crisis de las democracias, pero resulta que Ecuador ha tenido varios golpes de Estado en los últimos 30 años. ¿Diría que ese sistema no funciona en el país? ¿Cómo nos debemos aproximar a ese fenómeno?

En el caso del Ecuador, diría que estamos frente a una sociedad muy compleja, con muchos clivajes, especialmente étnicos. Lo que ha caracterizado a esta parte de los Andes, desde tiempos inmemoriales, es una grandísima diversidad de pueblos, culturas, la misma biodiversidad, elementos que necesariamente están en la base de una cierta tendencia a la ingobernabilidad y a la dificultad de encontrar consensos. En general, los procesos independentistas en América Latina no supusieron reformas sustantivas de las estructuras inequitativas que caracterizaron la historia colonial de nuestros países. Al contrario, fueron procesos de separación de la corona española, mientras que lo otro se mantuvo; de allí que las repúblicas y sus sistemas políticos nunca lograran asentarse como instituciones legítimas que representaran estas diversidades. En toda la región no existe una institucionalidad republicana democrática que funcione efectivamente, así que siempre vamos a tener una inestabilidad política que, en las condiciones del S. XXI, tienden a agudizarse mucho más.

Esto se explica, primero, porque nuestras sociedades crecieron en términos demográficos y se tienen que desarrollar en un contexto de globalización que es muy exigente en la competencia económica, de forma que esas estructuras atrasadas las ubican en una posición de desventaja en la distribución de la renta global. Por eso nuestras economías siguen siendo extractivistas, primario exportadoras. La industrialización no se ha consolidado lo suficiente: tal vez los casos más importantes han sido los de México, Brasil, quizá Argentina, pero también en esos países se ha tratado de fenómenos muy dependientes que no lograron generar procesos endógenos de innovación tecnológica, productiva y que, por lo tanto, los Estados tengan la capacidad de crecer y distribuir. Esta incapacidad hace que las asimetrías sociales y económicas, en el contexto actual, sean mucho más agudas. Y lo que se está viviendo en Ecuador es justamente eso: estamos frente a dificultades de crecimiento económico y, por tanto, problemas serios para redistribuir. Es decir, aquí tenemos una condición estructural de desarreglo en la economía, en el sistema político, y todo eso genera inestabilidades.

—¿Qué tanto le preocupa que las FF.AA. hayan dicho, hace unos días, que no permitirán que se afecte el orden constitucional?

El orden constitucional es uno de los grandes puntos de referencia para la estabilidad política, por lo que el compromiso de distintos actores, especialmente los institucionales, con la democracia, es vital. En el caso de las FF.AA., uno de los elementos que las caracteriza, y que está en su declaratoria de principios, es justamente la defensa de la institucionalidad democrática. Lo que está aconteciendo ahora es una narrativa que dice que la estabilidad institucional que soporta a la democracia está siendo seriamente afectada. En ese sentido, la tarea de las Fuerzas Armadas es impedir que se venga abajo.

—¿Qué enseñanzas para la marcha y la administración del país dejaron las protestas de hace tres años?

El 2019 fue muy aleccionador porque también se produjo una movilización indígena que tuvo funestas consecuencias. En Ecuador hay una recurrencia de movilizaciones que apuntan a llegar a Quito y que muchas veces se han presentado bajo la figura de la invasión de sectores campesinos e indígenas. En ese contexto, se apreció la intervención de actores extraños que tenían una agenda de desestabilización institucional, dirigidas seguramente a instaurar un modelo postdemocrático o neopopulista de gestión en el que las estructuras fundamentales del funcionamiento de la democracia se alteraran. Y no fue el primer golpe. La misma Constitución de Montecristi del 2008, que fue instaurada en el régimen de Rafael Correa, estableció modificaciones en la estructura institucional de la democracia ecuatoriana. Como resultado, se debilitó gravemente la función de la legislatura, se alteraron los principios de la división de poderes, se generaron nuevas institucionalidades supuestamente garantistas, pero que terminaron corroyendo todo el entramado institucional. Todo esto hizo que estemos frente a una indefinición estructural de la institucionalidad que soporta la vida democrática. Es por ello que el llamado a la defensa de la democracia se convierte en un imperativo no solo para las FF.AA., sino para todos los sectores.

—¿Se puede establecer paralelos entre las actuales protestas y las de octubre del 2019?

En la movilización actual se puede apreciar también actos vandálicos de destrucción de los bienes públicos, de los cuales el mismo movimiento indígena ha establecido distancia. Esto indica que hay otros intereses que intervienen con fines de desestabilización institucional y del régimen. Sucede que en Ecuador hay un grave problema con la corrupción y el narcotráfico, y es muy probable que estos actores, aprovechando la movilización, estén muy interesados en que no funcione la institucionalidad que investiga y persigue. Una de las pistas que invitan a pensar esto es el ataque al edificio de la Fiscalía, que de ninguna manera interesaba al movimiento indígena. Lo que se quería era destruir la información de procesos judiciales que actualmente están en curso. Sucedió algo similar en el 2019, cuando se incendió la Contraloría. Es decir, en ambas movilizaciones se detecta la presencia de otros actores que, en alguna medida, manipulan la manifestación.

LEE TAMBIÉN: Paro Nacional en Ecuador: Escala la protesta social y se posterga la posibilidad de diálogo

—¿Pero no le causa temor que los militares decidan tomar el poder?

Las Fuerzas Armadas de cada país de América Latina tienen sus propias características. Lo que dice usted podría ser si observamos solamente la experiencia de las intervenciones de las FF.AA. en contextos como los del Cono Sur, y le sumamos que hay un excesivo protagonismo en la política bajo el membrete de la defensa de la democracia. Pero en el caso ecuatoriano, podríamos decir que los militares han tenido una vocación más cercana a la idea de defender la institucionalidad democrática y no se han consolidado dictaduras extremadamente protagonistas de la institucionalidad. Hay que establecer ese matiz.

—En medio de la crisis, el canciller Juan Carlos Holguín ha dicho que en el Gobierno dejó de escuchar al pueblo. ¿Le suena a excusa o a autocrítica?

Creo que es una autocrítica muy seria. En el Gobierno coexisten distintas perspectivas de las que podemos identificar dos. Una está muy convencida de que el modelo que se está aplicando, que es de rigurosa disciplina macrofiscal, es el adecuado. La otra que entiende que ese modelo debe ir acompañado de una política de redistribución y gasto público que pueda dinamizar y reactivar la economía. Esas declaraciones pertenecen a esa segunda tendencia.

Además, no nos olvidemos que Guillermo Lasso llegó al poder apoyado no solamente por las fuerzas de centroderecha. También lo hizo con otras más cercanas a la centroizquierda, que, digamos, tienen cierta sensibilidad por la configuración de un modelo más sostenible y conectado con el desafío contemporáneo de las economías, que sea menos extractivista y más a tono con la transición ecológica y, por lo tanto, con el respeto de las culturas de los pueblos. En alguna medida, la gestión de Lasso dejó de lado esta segunda mirada, privilegiando el modelo más ortodoxo de ajuste y de estabilización macrofiscal.

—¿En qué rumbo deben ir las modificaciones?

En ese sentido, lo que acontece ahora es un fuerte llamado de atención al Gobierno, y se deja en evidencia la necesidad de introducir modificaciones sustantivas. ¿En qué dirección? Primero, generando una mejor relación entre la estabilización macrofiscal y la reactivación económica, a través de políticas de gasto público más dinámicas en sectores como salud, educación y generación de empleo. Y, por otro lado, generando mecanismos de participación de la sociedad civil y diálogo con los movimientos sociales, con miras a ampliar la base programática de la gestión.

Las declaraciones del canciller son sensibles a la necesidad de que el Gobierno establezca estos quiebres y cambios en su línea de conducta. Un eventual acuerdo de pacificación debería pasar por modificar la política económica y dar líneas claras de reactivación e inversión social, especialmente en el agro. También por aumentar la participación de la sociedad en la construcción de la política pública.

—Se habla del expresidente Rafael Correa como uno de los causantes del desbarajuste. ¿Se le demoniza con o sin razón?

Hay mucha razón en esa crítica porque la política impulsada por su Gobierno estuvo muy comprometida con este desarreglo institucional del que venimos haciendo referencia. Se generaron entonces muchos incentivos y condiciones para el desajuste, tanto en la administración de justicia, como en la política penitenciaria. Es probable que lo que se está viviendo ahora sea el resultado de no haber hecho o haber permitido que el narcotráfico se haya instalado en el país. El fenómeno del enraizamiento del tráfico de estupefacientes tiene efectos devastadores en todas las dimensiones de la institucionalidad, desde la administración penitenciaria hasta el uso de la justicia para generar impunidad. Se trata de un desarreglo institucional muy grave que tiene sus orígenes tanto en el diseño constitucional de Montecristi del 2008, como en el modelo de gestión instaurado por el Gobierno de Correa.

LEE TAMBIÉN: “Al presidente Lasso se le ha vuelto una cuestión inmanejable y sigue sin dar una respuesta”

—Se maneja la idea de que las únicas protestas legítimas son las pacíficas. Pero, ¿no es acaso una contradicción pedir calma a los que ya ponen el cuerpo para reclamar?

El llamado a que las protestas sean pacíficas siempre es necesario. Es probable que las condiciones económicas de ciertos sectores conduzcan a una participación violenta, pero también es cierto que hay distintos tipos de violencia. En este caso, lo que se está viendo es un fortísimo ataque, especialmente en contra de la institucionalidad del Estado. Estamos frente a la presencia de sectores que apuntan a la desestabilización y utilizan la violencia bajo esa línea.

El país está muy atento a tratar de establecer cuál es la distancia entre la legitimidad de una manifestación que puede ser pacífica y relativamente violenta, y otra en la que se identifican actos deliberados de destrucción de las instituciones y de afectación, en general, a la vida del Estado y la sociedad. Estos últimos días se ha visto atentados que apuntan a desarticular la prestación de algunos servicios públicos. Por ejemplo, están intentando tomar la estructura del servicio de electricidad en Ambato, así como se está atentando en contra de la explotación de pozos petroleros. También se ha buscado contaminar las plantas de distribución de agua potable en ciudades como Quito. Existe algo así como una operación deliberada para afectar el funcionamiento de estructuras de la economía y del Estado. Estaríamos frente a una estrategia que va más allá de lo que podría ser la expresión eventual de actos de violencia en una manifestación pública.

—¿Diría usted que el error más grave de Lasso fue arrestar al líder indígena Leonidas Iza?

Hay un error más estructural que tiene que ver con el manejo de la política económica, que ha generado condiciones de exacerbación de las asimetrías sociales, un problema de inequidad muy fuerte. Y también en el manejo de la crisis coyuntural inmediata, que es la que estamos viendo. No se ha visto una claridad en el gobierno sobre la crisis.

Es probable que en estos días se diseñe una estrategia mucho más afinada para tratar la movilización social. En esta fase inicial, las intervenciones fueron mucho más duras seguramente por la preeminencia de las fuerzas del Gobierno que están mucho más convencidas de que la negociación es impracticable e innecesaria. Es probable que ahora se esté transitando hacia una línea de mayor sensibilidad hacia el movimiento social, también impulsado por la necesidad de llegar a una pacificación que permita que el país se reactive.

—Las protestas se iniciaron por el aumento del precio de los combustibles y las exigencias de que el Estado tome medidas. Sin embargo, la crisis es mundial y difícilmente un subsidio pueda servir con un mercado tan cambiante. ¿Nos hemos acostumbrado a un Estado “papá” que nos resuelva los problemas?

El Gobierno ha tenido una postura bastante clara y firme sobre la política de subsidios al combustible, y tomó la decisión de reducirla y eliminarla porque el costo para el Estado es sumamente alto. Ello es clave en su política de rigurosa disciplina para estabilizar los indicadores macrofiscales. Como resultado, el déficit público ecuatoriano se redujo del 8% a cerca del 3% en el transcurso de este año. Sin embargo, esta operación fue tan fuerte que también significó la reducción de la inversión en sectores como salud, hoy en crisis y declarado en emergencia.

Además, esta política tiene otros elementos, como la eliminación o reducción de combustibles fósiles, etc., con miras a una transición energética. Por supuesto, esto afecta a los que están interesados en refinar droga o contrabandear gasolina para estas industrias ilegales. Es decir, hay distintos elementos que hablan bien de la necesidad de reducir los subsidios; sin embargo, se trata de una política que, en el cortísimo plazo, tiene efectos en los sectores que dependen de la gasolina, como es el de los transportistas que llevan productos del campo a la ciudad. Por eso no hay que descartar que el Gobierno, en sus intentos por lograr acuerdos con el movimiento social, tenga que modificar sus planes. Allí habría que ver si se negocia una pausa en función a que los mismos actores se comprometan a aceptar la eliminación progresiva del subsidio a cambio de una política económica mucho más dinámica en su favor.

—El Gobierno pide dialogar, pero dice que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) no le responde. ¿Todo fue una excusa para pedir la cabeza del presidente?

No nos olvidemos que dentro del movimiento social existen posturas distintas, unas más radicales que otras. Es probable que el presidente de la Conaie se encuentre, en cierta medida, en el medio de la pugna entre posiciones maximalistas que apostarían por la destitución del presidente, y otras que podrían ir más hacia el diálogo y el consenso, a una resolución más negociada de la plataforma de diez puntos que propuso la Confederación. Habría que estar atentos a cuál de esas se afirma. Lo que sí es cierto es que el país mismo presiona para que se logren acuerdos, así que es probable que la movilización se vea obligada a sentarse a negociar.