La amenaza de cárcel pende sobre el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Los fiscales del estado de Sao Paulo presentaron esta petición luego de acusar al ex mandatario de los delitos de lavado de dinero mediante la ocultación de patrimonio y falsedad documental.
El ex mandatario niega que ese departamento le pertenezca, pero los fiscales dicen que tienen pruebas que demuestran lo contrario.
Y ahora muchos en Brasil, y América Latina, se están preguntando cuáles pueden ser las consecuencias de este pedido de prisión preventiva y si finalmente uno de los ex presidentes más populares del mundo podría quedar tras las rejas.
El pedido de prisión preventiva puede o no ser acatado por la Justicia.
Vista al departamento de lujo que se lo atribuye al ex presidente de Brasil Lula Da Silva, aunque él no niega. (Foto: AFP)
Los fiscales justifican la solicitud diciendo que "el poder que (Lula) tiene como ex presidente de la República, hace de las posibilidades de evasión algo extremadamente simple".
Pero su abogado dijo que la actitud del ex mandatario no justificaba la medida, a la que calificó de "intento de banalización de la institución de prisión preventiva".
Así, una posibilidad es que la Justicia acepte la denuncia contra el ex presidente, pero no así la solicitud de prisión preventiva ya que el juez puede determinar que no existe riesgo de fuga.
Y, por ahora, la denuncia no perjudica la candidatura de Lula da Silva en el 2018.
El viernes, después de haber sido llevado a declarar por la fuerza por la Policía Federal de Brasil, el ex mandatario dijo que planeaba seguir en carrera por un nuevo mandato.
Los fiscales Fernando Henrique de Moraes Araujo (izquierda), Cassio Roberto Conserino (centro) y Jose Carlos Blat (derecha) son los que acusaron a Lula da Silva en el marco de una investigación por lavado de dinero. (Foto: AP)
Y el coordinador jurídico de su partido, el gobernante Partido de los Trabajadores le dijo a BBC Brasil que no podía anticipar la reacción de sus partidarios.
"Nosotros habíamos sensibilizado a la militancia para que no hubiera enfrentamientos y para no ir (el domingo) a las calles", dijo Marco Aurélio de Carvalho, en referencia a las manifestaciones en contra del gobierno del PT convocadas para ese día.
"Pero con la solicitud de detención preventiva no sabemos cómo será la reacción", agregó.
La pena impuesta en Brasil para el lavado de dinero es de tres a diez años de prisión más una multa mientras que el crimen de falsedad documental conlleva una pena de uno a cinco años de prisión además de una multa.
El actual pedido de prisión preventiva no solo incluye a Lula, sino también al ex presidente de OAS Léo Pinheiro, al ex tesorero del PT João Vaccari Neto, y a los directores de OAS Fábio Hori Yonamine y Roberto Moreira Ferreira, entre otros.