El colombiano Edward Santacruz no puede dejar de hablar en plural. “Nuestra policía nos está masacrando sin piedad”, “nos defendemos de las balas con palos y piedras”, “nos llaman vándalos, pero solo exigimos nuestros derechos”. Cali, su hogar, es el epicentro de las protestas ciudadanas y de la brutal represión que hoy cumplen 12 días sacudiendo Colombia. “Cali parece un campo de batalla. Normalmente es conocida como la sucursal del cielo, pero ahora muchos la llaman la sucursal del infierno”, dice a El Comercio.
Cali
El enojo estalló el 28 de abril. La gota que colmó el vaso fue una reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque, que fue percibida como un golpe a la clase media, ya afectada por la pandemia. Aunque el mandatario cedió ante la presión de la calle y retiró la propuesta hace una semana, el descontento no ha parado de crecer. Hoy las manifestaciones abarcan reclamos en muchos frentes y reúnen a toda la ciudadanía, principalmente a los más jóvenes.
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La violencia es lo que más ha escalado. Según las autoridades, al menos 27 personas han muerto en el contexto de las manifestaciones y hay 680 civiles y 826 uniformados heridos, aunque las organizaciones civiles manejan cifras más altas.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), señala a este Diario que pese a que la mayoría de manifestaciones han sido pacíficas, con el paso del tiempo y el aumento de la represión crecieron los actos de vandalismo por parte de grupos de jóvenes que han dejado comercios saqueados y estaciones de buses y de policía quemadas.
“Sin embargo, del otro lado, la policía, apoyada por el Ejército, ha respondido a todos los manifestantes con una brutalidad extrema. Muchos han sido heridos con armas de fuego por las fuerzas del orden. Se han usado tanquetas que tienen en el techo lanzadores de proyectiles múltiples simultáneos. Lo que parecieran ser bombas lacrimógenas o balas aturdidoras se lanzan de manera indiscriminada contra la multitud a una gran velocidad. Nunca hemos visto algo así en América Latina, menos en Colombia”, agrega Vivanco.
Colombia: Con testigos presenciales y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes.
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) May 6, 2021
Es un arma peligrosa e indiscriminada. @mindefensa debe dar explicaciones.pic.twitter.com/97x2GqfU1e
El colombiano Edward Santacruz dice que la dura represión ha provocado más furia entre los manifestantes. “En este momento en los rostros y jóvenes solo ves ira y odio hacia la policía. Han incendiado bancos, autos de la policía, también han incinerado nuestro medio de transporte masivo en Cali. Pero no solo eso, también hay demasiados policías que se infiltran en las marchas para desestabilizarlas”, dice el colombiano.
Agrega que, si bien hay un enfrentamiento entre ambas partes, este no se da en igualdad de condiciones, pues la policía “ha utilizado sus armas contra ciudadanos desarmados”.
“Tampoco es cierto que somos vándalos. Muchas de esas personas somos estudiadas, yo, por ejemplo, tengo dos títulos de tecnología. Hay médicos, ingenieros, y también hay personas que nunca en su vida han tenido la posibilidad de tener estudios, un lugar cómodo para vivir o acceso a alimentación. Todos estamos exigiendo nuestros derechos”, apunta.
Para el periodista y politólogo colombiano Ariel Ávila, esta es una situación inédita en su país. “Nunca habíamos tenido estos niveles de movilización, un paro prolongado, menos en un pico de pandemia. Por eso nadie sabe qué va a pasar”, señala a El Comercio.
Explica que él define lo que está ocurriendo como una “radicalización democrática”. “El Congreso funciona parcialmente desde hace un año con el pretexto de la virtualidad. La justicia también funciona a media máquina, todo se hace virtual. Y el gobierno de Duque está legislando por decreto, entonces la gente se cansó, no tenía a quién quejarse y se volcó a las calles a buscar democracia, por eso yo llamo a esto un proceso de radicalización democrática”, señala.
Bogotá
Luis Carranza, exsoldado colombiano, es la prueba de que el enojo está lejos de terminar. Desde Bogotá, nos dice que en este momento ser colombiano significa “sentir indignación por lo que está pasando y al mismo tiempo estar dispuesto a luchar por el futuro de nuestros hijos”.
Su principal reclamo es “una Colombia con justicia e igualdad de derechos para todos, donde se apoye las necesidades de los más pobres”.
“Los colombianos aguantamos por muchos años la violencia de las guerrillas, paramilitares y el narcotráfico, pero además de eso nuestros gobernantes siempre se han interesado por amasar sus riquezas sin pensar en la necesidad del pueblo, de la gente más vulnerable. Cada vez hay más impuestos y es casi imposible sobrevivir con el salario mínimo. La gran mayoría de colombianos nos vemos muy afectados, pero por fin despertamos y estamos enfrentando a este gobierno”, agrega.
A poco más de un año de terminar su gestión, Duque enfrenta su momento más crítico en el poder. Ha emprendido un diálogo con distintos sectores, pero la violencia no cesa y muchos piden su renuncia.
Ariel Ávila, que también es subdirector del Centro de Pensamiento sobre el Conflicto Armado, Paz y Postconflicto, considera que Iván Duque –que ya había enfrentado masivas marchas en el 2019– no midió el impacto del descontento y respondió mal a la crisis actual.
“Duque pensó que esta era una protesta pequeña y que la podía reprimir fácilmente. Ordenó militarizar y llovieron los muertos. Él empeoró la situación y el enojo creció. Luego llamó a un diálogo nacional y lo primero que hizo fue reunirse con los partidos políticos, los empresarios y los gremios ricos. También utilizó una estrategia que ya no es creíble: acusar de narcos o guerrilleros a los manifestantes. Ese discurso rápidamente se desbarata”, afirma.
“Todo esto muestra la desconexión de Duque de la realidad del país, y no solo la suya, sino la de todo su gobierno”, agrega.
Armando Neira, editor de Política del diario “El Tiempo”, considera que a Iván Duque los acontecimientos le pasaron por encima y que no ha sabido leer lo que está ocurriendo.
“Su respuesta a esta crisis ha sido muy lenta. Nuestra clase dirigente es muy ilustrada. Generalmente se trata de unos políticos muy sagaces, que se mueven muy rápido, pero a este presidente no se le nota que tenga un equipo consistente para responder a semejante problema. Uno de sus errores es que creen que pueden culpar de todo esto a Venezuela, pero hubo manifestaciones en más de la mitad de los municipios del país, entonces deberían evitar ese discurso porque si lo que dicen fuera cierto significaría que Venezuela se tomó a Colombia”, apunta el periodista.
A la par, lamenta que exista “tanta rabia y ánimo vengativo” de parte de los manifestantes y que no haya un líder que recoja esa energía. “Cada uno protesta por una cosa diferente y es muy difícil unificarlo todo en un solo relato que sirva para negociar”, dice a este Diario.
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Tres de las principales demandas sociales que persisten
1. Reforma policial y pesquisas sobre abusos en las marchas
El Comité del Paro, que reúne a los principales sectores inconformes, exige una reforma de la policía, la salida de la cúpula de esa institución y la investigación de los abusos en las marchas. El reclamo se mantiene desde las protestas del 2019.
2. Soluciones a la crisis económica agudizada por la pandemia
Con un desempleo del 16,8% y una pobreza que alcanza al 42,5% de la población por la crisis derivada de la pandemia, los colombianos piden una economía más igualitaria. El producto bruto interno cayó un 6,8% en el 2020.
3. Implementar el acuerdo de paz y otras deudas históricas
Colombia vive la peor arremetida de grupos armados desde la firma del acuerdo de paz en el 2016, algo que muchos adjudican a una mala implementación del pacto de paz. También se pide que se atiendan los reclamos de indígenas y afrocolombianos.
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Lima
Fuera del país, miles de colombianos solo sienten preocupación. “Yo soy del Valle del Cauca y tengo familia y amigos en Cali y Bogotá. Estar lejos causa una ansiedad y un estrés tremendos por no poder saber cómo están. También temo por lo que pase después porque hay muchos muertos y la población tiene más exigencias”, dice desde Lima el comunicador José Luis Cuatindoy.
Para Ariel Ávila hay cuatro acciones que podrían calmar el enojo ciudadano. La primera es una reforma policial que incluya la caída de la cúpula de esa institución, algo que ve poco probable. En segundo lugar, considera, tiene que haber una propuesta para que los ricos paguen la mayor parte del costo de la pandemia, con impuestos verdes, o haciendo que el 1% más rico se haga cargo, al estilo del presidente estadounidense Joe Biden. También sería necesario un subsidio a las familias que lo perdieron todo por la pandemia, y una corrección a los problemas democráticos, lo que incluye que el Congreso vuelva a funcionar plenamente.
“Pero la verdad es que nadie sabe para dónde vamos. Duque debería tomar acciones concretas ante los reclamos más importantes, pero él no tiene iniciativa para eso y su coalición de gobierno ya explosionó. Por primera vez veo un régimen tambaleando”, afirma.
Armando Neira enfatiza que para salir de esta crisis son necesarios el diálogo entre todas las partes y un respeto absoluto hacia la vida del otro, así como una defensa cerrada por la democracia. “Nosotros tenemos una democracia maltrecha, herida, pero es una democracia que nos ha costado mucho tratar de mantener y lo peor que nos puede pasar es que haya elementos radicales de un lado y del otro que se impongan”, agrega.
Por su parte, José Miguel Vivanco destaca el rol que la comunidad internacional está ejerciendo en la crisis al condenar la violencia de ambas partes. “Ahora lo que debería hacer el Gobierno es mostrar esfuerzos genuinos de negociación y desactivar la represión, no incentivar el conflicto ni echarle gasolina al fuego”, apunta.
Mientras tanto, los colombianos, dentro y fuera del país, ven el futuro con inquietud y desasosiego. José Luis Cuatindoy se pregunta cuándo se apaciguará todo. Le preocupa que los alimentos y productos se encarezcan demasiado debido a los bloqueos de carreteras, mientras piensa que el escenario más extremo no está tan lejos de cumplirse.
“Si el pueblo no queda satisfecho y no hay justicia por los muertos todo puede terminar en un resurgimiento de la violencia armada, entonces empiezan los tiroteos y eso puede llevar a que se declare el estado de conmoción interior. El ejecutivo podría tomar el control de las alcaldías, gobernaciones, de todo el país e incluso podríamos entrar en una dictadura. Si Duque no controla la represión en las marchas yo no creo que esto vaya a terminar pronto”, considera.
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