Kellogg’s: cómo los cereales más famosos del mundo se volvieron chavistas en Venezuela

Hay algo raro en todo lo que rodea a Kellog’s en Venezuela.

Junto a la escultura del tigre Tony, la popular mascota de la compañía alimentaria que se yergue sonriente a la entrada de la fábrica de la compañía en Maracay, en el Estado Aragua, alguien ha colocado un gran cartel con los ojos del expresidente Hugo Chávez.

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Y en los paquetes de cereales, junto a Tony y sus otros amigos con los que la marca estadounidense comercializa sus productos en todo el mundo, figuran desde hace meses mensajes como “Juntos todo es posible”, el lema que adoptó el presidente Nicolás Maduro en las pasadas elecciones presidenciales y que ahora se ve en carteles por todo el país.

En los envases conviven ahora los colores de la bandera venezolana con el logotipo de Kellogg’s y en las redes sociales cuentas que pretenden pertenecer a la compañía lanzan campañas de promoción navideña en las que se reproducen canciones a favor de la revolución bolivariana iniciada en Venezuela hace dos décadas.

En realidad, estos Kellogg’s no son de Kellogg’s, sino que es el Estado venezolano el que los produce, aunque para ello utilice la imagen de la conocida marca de alimentación y los medios que esta dejó cuando decidió poner fin de inmediato a todas sus actividades en Venezuela en mayo de 2018.

Ya entonces, la compañía, con sede central en Michigan (Estados Unidos), advirtió de que el uso de sus marcas en Venezuela supondría un “ilícito” contra el que emprendería acciones legales.

Para expertos en propiedad intelectual como Leonel Salazar, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), lo que ocurrió “fue una usurpación de la marca”.

Durante la campaña para su reelección, el presidente, Nicolás Maduro, calificó de “inconstitucional” la decisión de cerrar de la compañía y anunció que su gobierno reanudaría la actividad de la planta poniéndola “al servicio de la clase obrera”.

Mientras la batalla sigue abierta, el gobierno sigue fabricando y vendiendo sus cereales.

¿Cómo empezó todo?

Los empleados de la fábrica de Maracay no olvidarán el 15 de mayo de 2018.

Como cada día, acudieron a la planta en la que se producen los populares Corn Flakes y Zucaritas, cereales azucarados muy consumidos en el país.

Pero la encontraron cerrada a cal y canto.

De la noche a la mañana, y sin ninguna comunicación previa, la compañía interrumpía sus más de 50 años de actividad en Venezuela.

La única explicación para la plantilla, formada por unos 400 empleados, de acuerdo con los medios locales, llegaría en comunicado en el que Kellogg’s decía haber tomado la decisión debido al “actual deterioro económico y social en el país”.

Kellogg’s se sumaba así a la larga lista de empresas internacionales que en los últimos años han abandonado el país, según la mayoría de expertos, debido a las restricciones oficiales, la escasez de materias primas, la hiperinflación y la inseguridad jurídica.

Faltaban pocos días para la elección presidencial y Maduro, que obtendría un triunfo muy cuestionado dentro y fuera del país, reaccionó de inmediato.

Ordenó la toma de las instalaciones de la compañía y que los trabajadores reanudaran de inmediato la producción, esta vez bajo control del Estado.

Un trabajador de la compañía que no quiso ser identificado relató a BBC Mundo que, ese mismo día, a la vez que Maduro se refería a la polémica en un mitin multitudinario, se presentó en las instalaciones el gobernador del Estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, un militar que ha desempeñado diversos cargos durante el chavismo.

Más tarde, un decreto autorizó la toma de unas instalaciones que ya habían sido tomadas y la reanudación de la producción.

Recordando el caso de otras compañías de las que el Estado tomó el control y acabaron arruinadas, el diputado opositor vaticinó el fin de los Corn Flakes en Venezuela.

Esta vez se equivocaba.

Los Corn Flakes, o al menos un producto con el mismo nombre, siguen presentes en muchos supermercados del país.

¿Cómo se mantiene el negocio de la nueva Kellogg’s?

El diputado Guerra no fue el único que pensó que el negocio se hundiría si lo administraban las autoridades.

De acuerdo con un trabajador que aún presta sus servicios en Maracay, alrededor de 300 de sus compañeros dejaron la empresa tras la ocupación.

“Sabían lo que había pasado con otras empresas expropiadas y prefirieron irse”.

Pese a las bajas, sus nuevos responsables, encabezados por Milton Torres, otro militar que ostenta el cargo de Autoridad Única de Alimentación de Aragua, se las ingeniaron para que la fábrica volviera a producir.

En una reciente reunión con trabajadores, Torres se felicitó porque los productos de la nueva Kellogg se distribuyen ya en los 23 estados del país, a pesar de los llamamientos de Kellogg's, que ha insistido en que ya no garantiza la calidad ni la salubridad de los comestibles que salen de las instalaciones que explotó durante decenios.

Según uno de los operarios que aún trabaja allí, “ahora se están haciendo grandes beneficios, porque si la compañía tenía que pagarle a una contrata por el mantenimiento y la limpieza, ellos utilizan gente del plan Chamba Juvenil (un plan gubernamental para ocupar a los jóvenes), a la que le pagan con bolsas de comida”.

Además, a los trabajadores que se quedaron se les pagan ahora 240.000 bolívares mensuales, poco más de US13$ al cambio y aproximadamente una cuarta parte de lo que percibían cuando era Kellogg's quien abonaba las nóminas.

Han tenido que acostumbrarse a la presencia en la fábrica de agentes armados de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo policial muy temido en Venezuela, al que un informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló por su papel en supuestas detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.

La Gobernación de Aragua no respondió a las solicitudes de entrevista de BBC Mundo.

¿Fue una expropiación justa?

Leonel Salazar, de la UCV afirma que "técnicamente no hubo una expropiación".

Según este experto, eso hubiera requerido que las autoridades emitieran formalmente una declaración de utilidad pública y el pago de una indemnización justa, algo que no sucedió.

Salazar cree, además, que la expropiación nunca hubiera incluido el uso de la imagen de la marca, que está protegida por las leyes de propiedad intelectual.

Para él, no hubo más que "una sustracción ilegítima de los bienes de la compañía, que empezaron a ser utilizados sin dar cuenta a los accionistas".

Para el gobierno venezolano, en cambio, fue Kellogg’s quien violó la ley, y Maduro dijo que solicitaría colaboración de Interpol para que sus dueños y accionistas “paguen en los tribunales”.

No consta que el gobierno haya dado ese paso y su Ministerio de Comunicación no respondió a una solicitud de información de BBC Mundo.

En respuesta a un cuestionario enviado a la compañía, esta tampoco confirmó haber iniciado las medidas legales que anunció.

Mientras que para el gobierno la decisión de Kellogg’s es un nuevo ejemplo de la “guerra económica” a la que el “gran capital internacional”, con Estados Unidos a la cabeza, somete a Venezuela, Víctor Maldonado, ex directivo de la Cámara de Comercio e Industria de Caracas, dijo al PanAm Post que “Venezuela es el país más agresivo con las empresas”.

Salazar explicó que son varias las iniciativas legales que Kellogg’s podría tomar, aunque no exentas de problemas.

“En Venezuela ningún tribunal fallaría a su favor, porque la justicia está totalmente parcializada”.

"El arbitraje internacional no es una opción, porque requiere que ambas partes lo acepten y el Gobierno nunca lo hará".

"Podrían demandar en instancias internacionales, pero en ese caso todo iría muy despacio".

Sea como sea, uno de los empleados expresó su desenlace deseado: "Lo que yo quisiera es que la compañía volviera y esta fuera de nuevo una de las fábricas que mejor pagaba en el país".

Salazar, sin embargo, pronostica otro final: “Tarde o temprano, este gobierno u otro van a tener que pagar por lo que pasó con Kellogg’s”.