¡Buen día, estimado lector! Hace poco más de seis meses, en medio de gran expectativa, Rodrigo Paz asumía la presidencia de Bolivia. Hijo y sobrino nieto de exmandatarios, Paz Pereira llegó al poder consciente de la pesada herencia que recibía: el desastre económico que el Movimiento al Socialismo (MAS) había instituido por casi 20 años, primero con Evo Morales y después con Luis Arce.
“Recibo un estado quebrado”, dijo antes de ponerse a trabajar. Y empezó con brío: rompió el aislamiento internacional al que había sido sometido Bolivia por el MAS y eliminó los subsidios a los combustibles (política que agotó las reservas de dólares en las gestiones socialistas). Con lo primero llegaron promesas de inversiones y créditos, no todas cumplidas por desgracia, y con lo segundo subió el precio de la gasolina y del diésel, algo esperable.
Lo que no se esperaba era que el gobierno importara gasolina de baja calidad, la llamada ‘gasolina basura’ que acabó dañando vehículos y motores y enervando a transportistas y ciudadanos. Sin mayoría en el Legislativo -la bancada oficialista se dividió rápidamente- y distanciado sin remedio de su vicepresidente Edman Lara, clave para el apoyo en las zonas populares y rurales, a Paz se le empezaron a quemar los papeles.
Con las reformas estratégicas demoradas, se ha desatado un incendio en las calles. Bolivia ha entrado en su tercera semana de protestas y bloqueos en vías contra el gobierno, lo cual se traduce en desabastecimiento de alimentos y combustibles y en fuertes choques de la policía en La Paz y El Alto con manifestantes que exigen la renuncia del jefe de Estado.
El tamaño de la crisis se refleja en la reciente declaración conjunta firmada por ocho países de la región, entre ellos el Perú, rechazando “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y alterar la institucionalidad” en el país altiplánico. O en el pedido de los líderes de Santa Cruz, la región más poblada y motor económico de la nación, para que el gobierno declare “estado de excepción sectorizado” y las FF.AA. puedan actuar contra quienes “promuevan, financien o ejecuten actos destinados a destruir la democracia”.
Entre estos factores desestabilizadores no puede obviarse a Evo Morales y sus huestes. Si bien el expresidente ya no tiene la capacidad de movilización de antaño, intenta capitalizar el descontento y aprovechar el trance para pescar a río revuelto. Muchos de sus seguidores tienen fines conspirativos, van armados y pueden seguir generando caos en la capital.
Dos analistas bolivianos consultados por este Diario coinciden en que no hay riesgo de caída inminente para el régimen de Paz, que está desactivando algunos focos de descontento, aunque van surgiendo otros. Uno de ellos, Franz Flores Castro, resalta que las movilizaciones se concentran en La Paz y El Alto y no en todo el país, como cuando se produjeron las salidas de Gonzalo Sánchez de Lozada o Carlos Mesa a inicios del siglo.
Javier Paz García, columnista del diario boliviano “El Deber”, explora descarnadamente el salto al vacío que podría venir: “El gobierno de Paz es tibio e inoperante. Pero la alternativa a un gobierno de Paz es peor que este desgobierno; entonces, no queda más que apuntalarlo y defenderlo, a pesar de que no nos guste”. ¡Hasta la próxima semana!
