:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/df5fa9cf-98f8-4070-817b-a23cf3504804.png "Natalia Manso Álvarez")
La desigualdad de género le costó a América Latina US$400 mil millones. Así lo afirma el Centro de Desarrollo de la OCDE mediante el Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI), una herramienta que permite entender las barreras para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, enfocándose en las instituciones sociales de una manera holística, analizando situaciones de jure y de facto en 180 países.
El SIGI destaca los avances de las mujeres en Latinoamérica en educación, acceso a ingresos económicos y propiedad de la tierra, pero también señala las normas sociales discriminatorias que originan altas tasas de violencia doméstica, mayor precariedad del empleo femenino y el reparto inequitativo de la carga del trabajo del hogar. Si los países más ricos de la OCDE tienen menores niveles de discriminación, no se debe solamente a políticas económicas puntuales, sino a estrategias económicas de largo plazo que invierten en equidad de género.
La mayoría de los países de la OCDE ha invertido en dichas políticas, lo que ha revertido en un mayor aporte de la mujer a la economía. Tal es así que en el 2014 las mujeres habían contribuido en un 37% al PBI de la economía de Europa Occidental, frente a un 17% en el Medio Oriente y en el norte de África. Involucrar a las mujeres en el desarrollo económico no solo tiene efectos sobre el nivel de ingresos de las naciones; los indicadores también mejoran en aspectos como una menor aceptación social de la violencia familiar.
El secretario general de la OCDE anunció en junio que aceptaba formalmente la hoja de ruta para la adhesión del Perú. El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió el reconocimiento internacional por su labor y capacidad de articulación. En dicha hoja se reflejan compromisos con criterios no solo económicos, de infraestructura o de comercio, sino también de lucha contra la corrupción, protección del medio ambiente y la biodiversidad, educación, salud, formalidad en el empleo e inclusión social, la que debe adoptar, entre otras, las políticas de promoción de la igualdad de género en el empleo y la remuneración, así como en la formación y el acceso a la protección social.
El reciente comunicado de Perú Libre que afirma que “la posibilidad de ingreso del Perú a la OCDE no tiene que ver con garantizar los derechos de mujeres y hombres por igual” no solo es desatinado, sino que denota desconocimiento sobre el proceso de adhesión. Felizmente, no dependemos de sus correligionarios para ingresar, sino del esfuerzo de muchas instituciones que llevan trabajando durante varios años en un proyecto que ha supuesto un esfuerzo colectivo que va por muy buen camino. Replegar nuestras políticas públicas abocadas a cerrar las brechas de género no favorece nuestro desarrollo ni nuestra proyección internacional. No más retrocesos.
