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Este es un resumen de lo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han impuesto al presidente Juan Manuel Santos y este ha aceptado:
Un mínimo de cinco senadores y cinco diputados para los narcoterroristas de las FARC. Además, tres delegados en cada cámara con voz en todos los debates de reforma constitucional. Es decir, un mínimo de ocho terroristas en cada cámara. Y, adicionalmente, 16 parlamentarios “elegidos” en las 16 regiones donde la presencia de la fuerza pública no estará permitida y donde solo podrán postular los de las FARC.
El Estado colombiano (es decir, la población) le pagará a la cúpula de las FARC 7.000 millones de pesos (US$2’300.000) anuales durante diez años, más 10 millones de pesos (US$3.300) para gastos personales y desarrollo de cualquier proyecto o negocio además de 620 mil pesos (US$200) mensuales para cada uno de los terroristas llamados “desmovilizados” pues no aceptaron que se les denomine “arrepentidos”.
El partido político de las FARC tendrá una inscripción “legal” (con más dinero que cualquier otro partido en el mundo) y contará con los mismos derechos que los demás partidos para elegir y ser elegidos.
Se concede amnistía total –ni un día de cárcel– para todos los criminales de las FARC que, además de ser hoy el cártel de narcotráfico de cocaína más grande y rico del mundo, son autores de delitos de lesa humanidad: secuestros, torturas, cobro de rescates y cupos, violaciones, asesinatos de civiles, militares y policías, y rapto de menores de edad obligados a tomar las armas, y las niñas obligadas a prostituirse y abortar si quedaban embarazadas.
A ello se suma la liberación de todos los narcoterroristas ya sentenciados y presos sin pago de reparación económica alguna y la imposición de la llamada “justicia transicional” que, entre otras cosas significa un tribunal especial, sin doble instancia, con poderes superiores a la Corte Suprema de Colombia y cuyos fallos serán inapelables para conceder a los terroristas la absolución ya acordada.
También la creación de un cuerpo de seguridad compuesto por narcoterroristas “desmovilizados”, debidamente equipados y remunerados por el Estado (es decir, por los ciudadanos). Por otro lado, las FARC dispondrán de un canal de televisión y unas 31 radios con transmisión las 24 horas del día para difundir y “explicar” sus políticas e ideología.
El narcotráfico ejercido por las FARC será considerado como actividad ilegal pero solo como delito conexo a la política y por ello sujeto a atenuantes. Y sin exigencia de reparación económica alguna, pese a los cientos de millones de dólares ganados con el narcotráfico.
La “dejación” de armas no está del todo aclarada. Sea lo que eso signifique, no será hasta que se cumplan determinadas condiciones. Finalmente, no hay petición de perdón por parte de las FARC, ni a los colombianos ni a las víctimas directas e indirectas de sus crímenes y delitos incluyendo el narcotráfico.
De cara al plebiscito de este domingo 2 de octubre, le haría bien a los colombianos recordar lo que le dijo Churchill a Chamberlain cuando este cedió ante Hitler y firmó un “acuerdo de paz”: “Te dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Elegiste el deshonor. Ahora tendremos la guerra”.
En adelante, la “guerra” en Colombia quizá no sea la misma que hasta ahora han tenido, pero coincido con Carlos Alberto Montaner, quien acaba de escribir en referencia a este “acuerdo”: “A Colombia le espera un futuro atroz, infinitamente peor y más negro que el presente, incómodo y a veces sangriento, que hoy padece”.
El de Juan Manuel Santos es el primer gobierno democrático que se allana al chantaje terrorista y acepta “comprar” una supuesta paz, a cambio de dinero, de impunidad y de hacer concesiones antidemocráticas a los autores de los más graves delitos, que, con este acuerdo, dan un paso estratégico hacia la toma del poder.
