Agenda LGBT, por Carlos J.Zelada

Este año culmina con un todavía alto número de pendientes para el Estado Peruano en su lucha contra la discriminación de quienes somos LGBT.

Pero hablemos primero de lo positivo. El 2019 cierra incluyendo explícitamente la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el debate. La decisión, que establece la obligación para los estados de las Américas de implementar el matrimonio igualitario y reconocer la identidad de las personas trans, es ya una pieza ineludible para la discusión jurídico política de lo LGBT en el país. Las acciones más convincentes del año se produjeron en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión Nacional contra la Discriminación, quienes junto a la Defensoría del Pueblo recomendaron en más de una ocasión la aplicación inmediata de la OC-24/17 al Reniec, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Congreso.

Asimismo, la Municipalidad de Lima Metropolitana aprobó en abril la esperada Ordenanza 2160 que sanciona administrativamente los actos discriminatorios, incluyendo aquellos motivados en la orientación sexual y la identidad de género, que se cometan en establecimientos abiertos al público en dicha comuna.

De otro lado, el caso de Azul Rojas Marín ante la Corte IDH dio en agosto un último paso antes de lo que será un seguro fallo condenatorio para el Perú en el 2020. Debemos mirar esta decisión con atención, pues, más allá de la reparación integral para Azul, establecerá los estándares que deberán seguir serenos, policías, médicos, fiscales y jueces para la investigación, juzgamiento y sanción de los crímenes por prejuicio que a diario se cometen en el país contra quienes somos sexualmente disidentes. El 2020 será importante además porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitirá su informe de fondo en el caso de Crissthian Olivera Fuentes. Este dictamen, clave no solo por discutir la posibilidad de expresar el afecto no heterosexual en el espacio público, establecerá el estándar de lo que cada ciudadano debe probar, por ejemplo en instancias como el Indecopi, cuando es discriminado por una empresa a causa de su orientación sexual, expresión e identidad de género.

También mucho ha quedado en el tintero. El Congreso nunca llegó a discutir en sus comisiones los proyectos de ley de matrimonio igualitario y de identidad de género, encarpetados desde el 2017. El asunto será tarea de los nuevos parlamentarios, que ojalá se animen al menos a destrabarlos para que lleguen a debate en el pleno. Un dato no menor es que en ambos temas el Perú sigue quedando a la cola de sus vecinos sudamericanos. Somos, junto a Venezuela y Paraguay, los únicos países en esta parte del mundo que no ofrecen fórmula alguna de protección para las personas LGBT.

Hablando de matrimonio igualitario, en este año el Tribunal Constitucional siguió sin pronunciarse sobre el reconocimiento en el Perú del matrimonio de Óscar Ugarteche celebrado en México. Este aparente dilema jurídico, que debería resolverse hoy sin mayor trámite gracias a la OC-24/17, espera respuesta jurisdiccional desde el 2012.

El Poder Judicial tiene también un reto clave para el 2020 en el trámite de las al menos 138 solicitudes de reconocimiento de identidad de personas trans. El Reniec tendrá un rol decisivo en estos procesos donde es, precisamente, el demandado: no solo no debe apelar las sentencias de estos casos cuando resulten favorables a las víctimas de discriminación, sino también aplicar sin temor la OC-24/17 para solicitudes similares que le presenten a futuro.

Justicia que tarda es injusticia. Y si bien quedan pendientes para copar la agenda de los años entrantes, deben saber que todavía sigue intacta nuestra esperanza de construir una sociedad verdaderamente diversa. Una sociedad que renuncie de una vez a la viciada normalidad que a menudo la atrapa. Una sociedad con agenda LGBT.