¿Sabemos que el agua es un bien especial?, por Eduardo Zegarra

La respuesta positiva a esta pregunta puede parecer trivial pero no lo es. Los economistas generalmente han tratado al agua como si fuera un “bien económico” como cualquier otro, es decir, uno que debería transarse en mercados y tener precio para poder ser más eficientes. Pero el agua rara vez se puede transar en mercados dadas las externalidades y altos costos de transacción que genera; y es un recurso que tiene claros rasgos de bien público por contar con baja exclusión en el consumo, con lo que es complicado generar incentivos para que la inversión privada asegure la oferta por sí sola. Más aun, el acceso al agua potable y saneamiento básico debe ser considerado un derecho humano de la población, y el Estado debe asegurar un acceso igualitario a todos los ciudadanos.

La condición especial del agua justifica un tratamiento conceptual y de política muy particular. No avanzamos mucho en promover un uso más eficiente y equitativo con discursos extremos sobre la capacidad única del mercado o del Estado para gestionar el agua. Se requieren ambas participaciones. La buena gestión del agua requiere de un Estado con alta capacidad regulatoria y autoridades de cuencas muy fuertes que manejen instrumentos tarifarios eficaces y con la potencia para financiar la gestión y las ingentes inversiones (públicas y privadas) necesarias en cada espacio hidrográfico particular. Y también es posible y deseable utilizar mecanismos de mercado para promover la inversión y reasignaciones eficientes del agua, pero bajo condiciones locales, y siempre y cuando se eviten externalidades y graves conflictos entre usuarios. 

En el Perú, pese a que tenemos una ley de aguas reciente (Ley de Recursos Hídricos 29338, del año 2009), la verdad es que no hemos mejorado mucho. Para empezar, hace una década que el acceso de los peruanos al agua potable no mejora, y actualmente cerca de 6 millones de peruanos aún carecen de conexión domiciliaria. Igualmente, de las 2,5 millones de hectáreas bajo riego que tiene el país, solo un 8% tiene riego tecnificado, pese a ser una opción muy rentable para incrementar rendimientos y ahorrar agua. 

Desde la dación de la ley no se ha avanzado prácticamente nada en la formación de las autoridades de cuenca en el país, y menos en la implementación y cobranza de tarifas por uso múltiple (retribuciones), las que deben ser el eje de la gestión multisectorial. Es más, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que debería ser multisectorial, fue adscrita por la propia ley a un solo sector, el Ministerio de Agricultura y Riego, justamente el encargado de la actividad que consume el 85% del agua del país, pero con la más baja eficiencia, pagando tarifas irrisorias que solo cubren un tercio de los costos de operación y mantenimiento de los sistemas de riego.

Vistas así las cosas, parece que no hemos tomado muy en serio el tema del agua como un bien económico especial. Si no lo hacemos pronto, y seguimos sin condiciones para una gestión más eficiente, sostenible y equitativa, seguiremos poniendo en serio riesgo el presente y el futuro de nuestra economía, ya que en las próximas dos décadas todo hace prever que entraremos en una fase de severo estrés hídrico. No esperemos hasta entonces para cambiar y actuar.