Atendamos las urgencias de la informalidad

El COVID-19 generó una crisis sin precedentes en la economía y el empleo; esta tuvo su peor fase en el segundo trimestre del 2020, cuando se registró una caída de -30% del PBI real y una reducción en el empleo de Lima Metropolitana de -55%, comparado con el 2019. Pese a la implementación de políticas para reactivar la economía, aún se evidencia una lenta recuperación, sobre todo del empleo formal, y todavía no sabemos la magnitud del efecto que tendrá la segunda cuarentena.

Previo a la pandemia, el Perú ya partía de condiciones iniciales –asociadas a distorsiones en el mercado laboral– que no propiciaban la formalización. Los principales problemas se relacionaban con los altos costos laborales no salariales; la coexistencia entre el Seguro Integral de Salud (SIS) y Essalud; el desincentivo al crecimiento de las empresas por la multiplicidad de regímenes tributarios; la política de reposición del Tribunal Constitucional ante el despido arbitrario; entre otros.

En vista de estos inconvenientes y del impacto de la crisis, queda claro que urge poner en marcha medidas que incentiven la contratación de empleo formal, fomenten la formalización empresarial y permitan enfrentar las distorsiones mencionadas. Desde el Consejo Privado de Competitividad, se presentan algunas medidas que tienen este objetivo y que podrían ejecutarse en el corto plazo.

Por un lado, se podría implementar un régimen laboral temporal que brinde liquidez y facilidades de contratación a las empresas. Este duraría 24 meses (o hasta diciembre del 2022) y solo aplicaría a las empresas más afectadas por el COVID-19. Sobre el componente de liquidez, es fundamental que las empresas medianas y grandes tengan acceso a las prestaciones del régimen especial de la pequeña empresa. Esto generaría una reducción de 28 puntos porcentuales en los costos laborales. De hecho, en un estudio que estamos trabajando junto a Pablo Lavado, este régimen especial demostró tener un impacto formalizador importante en los últimos años.

Respecto a las facilidades de contratación, apremia calificar de manera transitoria como causa de contratación temporal de nuevos trabajadores a la reactivación o adaptación de las empresas. Asimismo, deben establecerse reglas claras de contratación, para que el régimen solo sea aplicable a incrementos de planilla y se evite el abuso del mismo.

Las empresas que se adhieran estarían sujetas a una serie de condiciones, como el no reparto de dividendos, no incremento de remuneraciones a la alta gerencia, entre otros. Asimismo, la salida del régimen temporal hacia el general debe llevarse progresivamente, con el fin de prevenir desvinculaciones de trabajadores a futuro.

Otra medida importante, de cara a generar formalización empresarial (clave para generar formalización laboral), es eliminar los múltiples regímenes tributarios. Hoy, la coexistencia de los mismos genera condiciones para que las empresas arbitren entre ellas con el fin de reducir el pago de impuestos. Esto provoca la famosa “enanización” empresarial, que implica la partición de una empresa en unidades de negocio más pequeñas de menor productividad, de modo que no alcancen los umbrales de venta que implicarían un mayor pago de impuesto a la renta. Por ello, la implementación de un único régimen de impuesto a la renta, con tasas marginales crecientes acorde a la productividad, permitiría reducir los incentivos a este comportamiento.

La informalidad laboral es unos de los males que enfrentamos desde hace muchos años y que trajo consecuencias nefastas a los peruanos durante la pandemia. La crisis ocasionada por el virus impactó significativamente sobre el mercado de trabajo y se prevé una recuperación más lenta del empleo formal frente al informal. Resulta vital la implementación de medidas que eviten el crecimiento de la informalidad en los próximos años y que aporten a la reactivación económica del Perú.