Refugiados ambientales

Recientes noticias dan cuenta del forzoso abandono que experimenta la isla Gardi Sugdub, en el Caribe panameño, cuyos habitantes se están mudando a tierra firme como resultado de la elevación del nivel del mar y la inviabilidad de continuar sus proyectos de vida ante tan inclementes condiciones. Según los expertos y el Gobierno Panameño, es el resultado del cambio climático que obliga a poblaciones enteras a dejar sus lugares de origen, muchas veces sin la necesaria garantía de contar con zonas de reasentamiento posterior. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denomina a estos grupos “migrantes ambientales”, colocando a los trastornos del clima y del ambiente como elementos gatilladores de procesos migratorios forzosos.

Sin ir muy lejos, aquí en el Perú ya se están suscitando situaciones quizás no tan dramáticas, pero sí inquietantes. En el Altiplano puneño se registra un proceso de despoblamiento y migración por causa del estrés hídrico, persistentes sequías, temperaturas extremas y exiguas cosechas, lo que hace la vida menos manejable y predecible. Si antes la gente salía de sus comarcas con la idea de trabajar, progresar y mejorar, hoy los desastres y alteraciones ambientales derivados del cambio climático se estarían convirtiendo en factores de expulsión.

De hecho, hace algunos años el antropólogo peruano Teófilo Altamirano estudió el calentamiento global como posible desencadenante de migraciones a través del caso del pico Huaytapallana (Junín), nevado en pleno retroceso glaciar. Allí identificó un área social, cultural y ecológicamente sensible en razón de la creciente disminución de sus recursos acuíferos, la ancestral dependencia de la población del valle del Mantaro respecto de la montaña y los riesgos y vulnerabilidades que habrán de enfrentar.

Si bien aún no existe data abundante sobre este asunto, la poca disponible grafica un panorama preocupante: según un informe acerca del cambio climático y desplazados internos en la India, el Perú y Tanzania, emitido por el Observatorio de Desplazamientos Internos, entre el 2008 y el 2019, unos 656 mil peruanos se vieron obligados a movilizarse por causa de fenómenos naturales. Otras estimaciones señalan que El Niño costero del 2017 forzó el desplazamiento de más de 300 mil personas. ¿Disponemos de algún ordenamiento territorial con áreas seguras identificadas que puedan acoger a los desplazados ambientales? ¿Hasta qué punto esto se está visibilizando como un problema público? ¿Qué se está haciendo desde ya frente a esta amenazante tendencia?

Los casos de Panamá y el Perú se inscriben en el contexto de una tendencia global, tal y como reporta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, un organismo que ha advertido que las anomalías climáticas causaron un promedio de 21,5 millones de nuevos desplazamientos en cada año desde el 2010. El Banco Mundial, entre tanto, prevé que el número de migrantes climáticos ascenderá a 216 millones para el 2050. No está de más resaltar que los principales afectados son los países con menores recursos y deficiente institucionalidad y, dentro de estos, la población más pobre y vulnerable. No se trata, por supuesto, de responsabilizar de cualquier cosa al calentamiento global, recurso facilista que omite otros componentes relevantes. Las migraciones por razones ambientales también se hallan condicionadas por el contexto social, político y económico. Huir del clima no es una decisión arbitraria ni caprichosa.

Por último, no se puede desconocer que las migraciones por razones ambientales expresan claramente aquella paradoja climática que consiste en constatar que quienes más sufren sus efectos son aquellos que menos han contribuido a su aparición. El mundo quizás ya no será tan ancho para migrar, como tampoco ajeno a las paradojas del clima.