La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado un séptimo retiro, de hasta cuatro UIT, de los fondos de pensiones. Una medida cuyas consecuencias golpearán directamente a los afiliados.
Se pueden tener muchas opiniones sobre el funcionamiento del sistema privado de pensiones (SPP). De hecho, soy de los que creen que una reforma es impostergable. ¿Por qué? Porque asegurar un mejor futuro para los jubilados del mañana requiere un sistema más inclusivo, competitivo, flexible y con pensiones mínimas. Pero entre afirmar que se necesitan cambios y debilitar el SPP hay un largo trecho. Y el nuevo retiro nos lleva peligrosamente a lo segundo y nos aleja de lo primero.
El riesgo consiste en que 8,3 millones de afiliados se queden sin un sol en sus cuentas, sin los fondos que se colocan ahí para acumular rentabilidad, la misma que en los últimos 30 años fue del 10% de promedio anual. Para ventaja de quienes hoy proponen esta medida antitécnica, sus efectos se sentirán particularmente en el largo plazo, cuando los que retiren no puedan solventar sus gastos al llegar a la edad de jubilación, trasladando una costosa carga a sus familias y al Estado. Esto además de los efectos nocivos sobre la valorización de los fondos en general, por la necesidad que tendrán las AFP de liquidar activos para cumplir los desembolsos y, por otro lado, sobre los mercados de capitales locales, donde las AFP son importantes inversionistas.
Tan o más grave que lo anterior es el hecho de que este retiro, a diferencia de lo que muchos sostienen, no está orientado a ayudar a los más vulnerables: el 41% de ellos se concentraría en la población de más altos ingresos y el 65% en afiliados que no han perdido sus empleos. El impacto negativo a largo plazo lo sentirán los afiliados y el país en general.
“Votar con los pies” no significa ni votar bien ni votar mal. Se refiere más bien a tomar una decisión de carácter final urgido por la frustración de que “el estado de cosas” no da para más. El concepto fue ideado por el economista Charles Tiebout en el contexto de la posibilidad que tienen los ciudadanos de manifestar sus preferencias.
La incapacidad del Sistema Privado de Pensiones (SPP) para generar pensiones dignas –luego de más de 30 años de existencia–, la naturaleza forzosa de los aportes, el carácter excluyente de un sistema basado en la premisa de tener que contar con un empleo formal de alta estabilidad en el tiempo en un país caracterizado por todo lo contrario, el desbalance en la asunción de riesgos –cero riesgo para las empresas de AFP, 100% del riesgo para los aportantes–, la inexistencia de una garantía de pensión mínima, esquemas de comisiones que no se condicen con la libre competencia y “la mano invisible” de una economía capitalista sino con “el apretón de manos”, y las ganancias desproporcionadas de los oligopolios que caracterizan a las economías mercantilistas.
Una regulación y supervisión a la vez laxa y paternalista que impide la competencia y la diferenciación con base en resultados, conflictos de intereses derivados de la interacción de las distintas empresas del puñado de grupos financieros que dominan el mercado, la carencia de esquemas de acompañamiento y educación financiera; todos estos factores que conforman el “estado de cosas” son los que han llevado a una inmensa mayoría de ciudadanos a la conclusión de que el sistema de ahorro previsional necesita ser reinventado.
Por esto, hoy por hoy, de nada sirven los argumentos de carácter macroeconómico: que los ahorros previsionales constituyen parte del ahorro nacional, que financian el crédito privado y el endeudamiento público, etc., etc., etc. Su lógica individual los lleva a pensar que son ellos quienes mejor uso pueden dar a esos ahorros. Es en este sentido que un séptimo retiro de sus ahorros previsionales constituye un paso más en la decisión ciudadana de “votar con los pies” y abandonar al SPP tal y como funciona en la actualidad.