Cara y sello: ¿Debe este Congreso elegir a los nuevos magistrados del TC?

El pleno del Congreso ha decidido reconformar la Comisión Especial encargada de elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Debido a que los plazos que se han propuesto son reducidos, se ha puesto en la agenda pública la discusión sobre la pertinencia de que el Parlamento actual asuma dicha elección. Un congresista, Luis Roel Alva y una abogada constitucionalista, Beatriz Ramírez, lo discuten.

Es momento de elegir a los magistrados, por Luis Roel Alva (vicepresidente del Congreso)

“Este Congreso asumió, desde el primer día, el compromiso de nombrar a los reemplazos “.

Ante todo, hablamos de cumplir un deber constitucional. Efectivamente, el artículo 201 de la Constitución fija la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) como labor del Congreso. Tenemos seis de los siete integrantes del Tribunal Constitucional con su mandato vencido en exceso. Por ello, no podemos seguir postergando un mandato de la Carta Magna.

Este Congreso asumió, desde el primer día, el compromiso de nombrar a los reemplazos de los magistrados del TC, acogiendo el clamor de la ciudadanía de poner fin a la tristemente célebre “repartija”. Muchos de los actuales congresistas enarbolamos la promesa de campaña de poner fin a esa elección a “dedo” de los magistrados. Aprobamos así la Ley 31031, que incorpora un proyecto de mi autoría, para establecer el concurso público de méritos en la elección de los tribunos.

Este concurso es garantía de transparencia y meritocracia. La Comisión Especial es multipartidaria y a su interior, no se aplica ningún criterio de proporcionalidad. Una bancada, un representante. De este modo, ningún grupo político puede imponer criterios ni candidatos que no den la talla. Y recordemos que luego se necesitan 87 votos en el pleno del Congreso para ratificarlos. A esto hay que sumar que el carácter público del proceso permite el escrutinio permanente de la ciudadanía y de los medios de prensa.

¿Hay tiempo suficiente para concretar la elección? Este concurso se vio trastocado por la crisis política de finales del año pasado. No estamos “apresurando” una elección, estamos retomando lo que se avanzó el año pasado. La Comisión Especial, al cierre de este artículo, ya se está reuniendo para evaluar y determinar cómo continuar este proceso en los mejores términos. Se estima que, con voluntad y trabajo, a fines de junio de este año se pueda presentar la nómina de candidatos que serían puestos a consideración del pleno.

¿Revanchismo? Rechazo que retomar este proceso de elección implique un supuesto afán de venganza contra el TC por haber declarado inconstitucionales algunas normas que hemos aprobado. Soy constitucionalista y como tal, reconozco al TC como el máximo intérprete de la Constitución. El TC solo cumple su labor, tal como el Parlamento cumple la suya al retomar esta elección. Además, las sentencias ya emitidas no pueden dejarse sin efecto. ¿En qué forma nombrar nuevos magistrados podría alterar esos fallos?

Por último, consideremos el ámbito de la seguridad jurídica. Casi todos los miembros del TC que tienen el mandato vencido entran en una situación sui generis que podría dar pie a cuestionamientos sobre su legitimidad. Con el panorama político que a partir del 28 de julio se avizora conflictivo y aún más polarizado, es importante asegurar que el Tribunal Constitucional no pueda ser cuestionado por alguno de los poderes del Estado.

Todas estas son las razones por las que respaldo la continuidad del proceso de elección de los nuevos magistrados de TC. Y no dudo en declarar que si este proceso, por la razón que fuera, se desnaturalizara, seré el primero en denunciarlo.

¿Renovar el TC ahora es la mejor opción?, por Beatriz Ramírez Huaroto (Constitucionalista)

“Deberíamos cambiar de modelo de elección para retirar toda forma de elección política”.

El Congreso ha retomado la tarea de elegir a las juezas y jueces que reemplazarán las seis plazas del Tribunal Constitucional que se encuentran con mandato vencido. Y deberíamos preguntarnos si esa renovación, hecha en ejercicio de una atribución, es nuestra mejor opción.

El Tribunal Constitucional es un órgano de la mayor importancia en un Estado de derecho. Resuelve en última instancia los conflictos que atañen a los derechos fundamentales de la ciudadanía, juzga la constitucionalidad de las leyes y resuelve los conflictos de competencias entre los poderes públicos. Y por esas funciones que cumple, su composición debe ser lo más independiente de quienes ocupan posiciones de poder que sea posible. Esa es parte de la garantía de su imparcialidad al decidir.

¿Hoy es mejor momento para renovar el Tribunal Constitucional que el 2020? Sin duda. Un Congreso ‘de salida’ tiene menos conflicto de interés con los casos que el Tribunal tiene en curso y que le involucran directamente, como las demandas de inconstitucionalidad. Sin embargo, ¿es nuestra mejor opción? No, al menos por dos razones.

Una primera razón está vinculada a los antecedentes del proceso. Aunque se ha planteado un concurso público, acorde con el cambio normativo aprobado para contrastar con el intento de elección forzada que dio lugar a la disolución del Congreso, la convocatoria realizada el año pasado no estuvo exenta de irregularidades, como denuncias de postulantes que señalaron que sus expedientes no fueron tramitados o evaluados adecuadamente, sin justificación. Ese actuar resta legitimidad a que sean las mismas fuerzas parlamentarias, agrupadas en la misma comisión, las que quieran conducir el proceso. No importan solo las reglas, sino la forma en la que estas se cumplen.

Pero la razón más poderosa es de fondo. Y es que deberíamos cambiar de modelo de elección de magistrados y magistradas para que retiremos toda forma de elección política y la consiguiente sospecha de “repartija” que ni un concurso público conducido por el Congreso logra borrar por la alta desconfianza que existe frente a este poder del Estado. En el 2018 fuimos a referéndum para reformar un organismo constitucional con una función vital, pero cuya conformación se había ‘lotizado’: desaparecimos el Consejo Nacional de la Magistratura, responsable de la designación de juezas, jueces y fiscales, y que representaba instituciones, y creamos la Junta Nacional de Justicia, cuyos integrantes son seleccionados por concurso público dirigido por una Comisión Especial plural. Si bien no hay fórmula que asegure éxito, y la primera convocatoria de la Junta Nacional fue un fracaso, ese modelo nos ha permitido tener una institución renovada con conformación diversa.

El Tribunal Constitucional importa mucho. Y corresponde tomar decisiones acordes a su importancia. Para esto requerimos una reforma constitucional parcial. Voluntad política para dos votaciones calificadas en dos legislaturas sucesivas en el Congreso es todo lo que necesitamos. Es lo que merecemos. No aceptemos menos.