(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Elena  Conterno

Presidenta de IPAE

Janice Seinfeld

Directora ejecutiva de Videnza Consultores

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Esta semana, el Ejecutivo nombró al abogado, militante de y dos veces candidato al Congreso por dicha agrupación, como nuevo presidente del Consejo Directivo del Indecopi. Palacín, como han advertido los medios de prensa, no cuenta con experiencia en el sector y su designación parece responder a criterios políticos antes que técnicos. A raíz de este caso, y considerando los otros nombramientos que le restan por hacer al Gobierno en otros puestos clave, dos expertas debaten sobre los peligros de que nuestras autoridades elijan a personas por criterios de mera afinidad política, y de qué manera se podrían disminuir dichos riesgos.

Privilegiemos los intereses ciudadanos, por Elena Conterno

“Este nombramiento probablemente ahuyente a profesionales capacitados”.

¿Cómo lograr que los estudiantes aprendan sin docentes que estén preparados? ¿Cómo hacer que el Estado funcione sin profesionales con conocimientos y experiencia?

Cada cierto tiempo, vemos cómo en el Estado se contratan, nombran o ascienden a personas sin tener los conocimientos requeridos para determinado cargo. Se anteponen los intereses particulares a los de los ciudadanos, a pesar de que ello implique servicios de menor calidad o menos servicios para los peruanos.

Al respecto, la Constitución reconoce derechos ciudadanos a ser garantizados por el Estado. Para procurar y cautelar esos derechos, el Estado requiere funcionarios idóneos, con amplia experiencia profesional y sólidos principios morales y democráticos.

Lamentablemente, en este nuevo Gobierno, casi todas las semanas vemos nombramientos de personas que no tienen los valores, conocimientos o experiencia para hacer que el Estado funcione mejor. Así, paradójicamente, mientras los ciudadanos piden mejores postas de salud, escuelas y servicios, el Gobierno nombra a personas que no cumplen con los requisitos para que estos –y, en general, el funcionamiento del Estado– mejoren.

Acabamos de ver el nombramiento de Julián Palacín Gutiérrez en la presidencia del Indecopi, cuya experiencia se reduce a haber trabajado en el estudio de abogados de su papá. No registra experiencia en el sector público ni artículos o investigaciones sobre competencia o defensa de los derechos de los consumidores. Palacín Gutiérrez es afiliado al partido Perú Libre, y pareciera que esa sería la principal razón de su nombramiento. Es decir, se antepusieron los intereses del partido a los intereses ciudadanos.

Hay mucho en juego en este nombramiento: desde ser eficaces en promover la competencia y defender los derechos de los consumidores hasta combatir trabas burocráticas que ponen municipalidades y otras entidades públicas a los pequeños empresarios. Cabe resaltar que no solo se trata de poner a la cabeza de la institución a una persona sin las credenciales requeridas y las malas decisiones que puede tomar, sino que se corre el riesgo de que profesionales capacitados no estén dispuestos a ser parte del directorio, comisiones y equipo técnico de la entidad. Así pues, este nombramiento probablemente ahuyente a profesionales capacitados, lo que debilitaría el funcionamiento de una entidad clave para la economía peruana.

Y en un escenario de debilitamiento de la institucionalidad económica, las inversiones no llegarán y, por lo tanto, tampoco las oportunidades de empleo que están demandando las familias peruanas.

Preocupa también una investigación periodística respecto de las presiones para dejar de lado la carrera magisterial. Ello sería inaceptable, en particular por los millones de familias que recurren al sistema público para la educación de sus hijos. Para poder tener mejores escuelas, necesitamos maestros capacitados.

Como IPAE Asociación Empresarial difundiremos en los próximos días la #RutaPerú “Eficiencia en el sector público: recursos humanos para servicios públicos de calidad”, con propuestas para mejorar el nivel de los profesionales en el sector público. Debemos volver a anteponer los intereses ciudadanos a los de los partidos políticos o los sindicatos. Solo así podremos atender las demandas ciudadanas por mejor salud, educación y oportunidades de empleo.

Sin competencias en Indecopi, por Janice Seinfeld

“Tan vergonzoso como el nombramiento de Julián Palacín Gutiérrez al frente del Indecopi es que él acepte dicho encargo”.

La misión de organismos técnicos como Ositrán, Ospitel o Sunat, que supervisan contratos, regulan ciertas industrias, cobran tributos, etc., no debería variar según la orientación política del gobierno de turno. La naturaleza de los procedimientos y decisiones a su cargo es eminentemente técnica y no debe responder a criterios subjetivos ni, mucho menos, discrecionales.

Eso es justamente lo que se pone en riesgo cuando la cabeza de instituciones como estas recae en un actor político y no en uno tecnocrático. Y es lo que claramente vemos con la designación de Julián Palacín Gutiérrez, militante de Perú Libre y excandidato al Parlamento por dicho partido, como nuevo presidente del Consejo Directivo del Indecopi.

El Congreso de la República puede y debe ejercer control sobre las autoridades designadas. Para ello, tiene herramientas como las citaciones a comisiones ordinarias, la conformación de comisiones investigadoras o la interpelación a ministros, cuando sea el caso. El riesgo con este tipo de mecanismos es que también tienen una cuota de sesgo político y, si son utilizados irresponsablemente, pueden ser elementos desestabilizadores. Por ello, estas posiciones deben ser designadas mediante procedimientos transparentes, meritocráticos, predictibles y abiertos.

La congresista Adriana Tudela ha presentado un proyecto de ley que busca convertir al Indecopi en un organismo constitucionalmente autónomo del Gobierno, para que su titular sea nombrado mediante un concurso público de méritos. Aunque es comprensible la reacción, esto no amerita una ley. Bastaba con que el Indecopi hubiera tenido algo tan elemental como un perfil de cargo establecido para dicha posición —¡lo increíble es que no exista!—. Sacar una ley para asegurar la idoneidad técnica y profesional de quien dirige esta institución es como decidir matar una mosca con un misil. El tema debe abordarse desde la gestión.

Si el Ejecutivo no retrocede en esta desginación, eventualmente el Congreso podría encontrar responsabilidad del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por nombrar gente que no tiene la capacidad para asegurar la correcta provisión de los servicios públicos que debe dar el Estado.

Lo vimos recientemente cuando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se nombró a una abogada recién egresada y con estrecha relación con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, como directora ejecutiva de Provías Descentralizado, el programa de inversión más importante de dicha cartera. De no haber dejado sin efecto esa designación, el ministro hubiera sido sujeto de una sanción, por lo menos, administrativa. Lo mismo debe suceder en este caso.

Finalmente, tan vergonzoso como el nombramiento de Julián Palacín Gutiérrez al frente del Indecopi es que él acepte dicho encargo para el que, según su hoja de vida, claramente no está capacitado.