¿Qué debe hacer el Ejecutivo ante la crisis alimentaria?

“El Estado debe crear el clima propicio y convocar a todos los actores para evaluar los riesgos y alternativas a esta crisis”.

La información reciente del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos indica que los precios internacionales de los principales cultivos seguirán aumentando: trigo (40%), maíz amarillo duro (14%), arroz (13%), soya (9%). Lo que indica que el costo de la canasta familiar seguirá subiendo: pan, fideos, harina, pollo, arroz, aceite. Adicionalmente, el costo de la canasta básica se verá presionado por los impactos locales derivados de la disponibilidad y los altos costos de los fertilizantes para los agricultores peruanos.

¿Pero cuánto? ¿Cómo nos podemos preparar si no conocemos la magnitud de los impactos que la crisis va a causar en la agricultura peruana? No se puede actuar sobre algo que no se dimensiona, ni se puede mejorar aquello que no se mide. Es perentorio para el Estado obtener y difundir la mejor información posible sobre los potenciales impactos en aquellos productores y cultivos que son más sensibles a la disponibilidad y el costo de los fertilizantes.

Frente a esta coyuntura, el Estado debe convocar a gremios de productores agrícolas, importadores y distribuidores de fertilizantes, técnicos y académicos para trabajar en conjunto. La coyuntura actual requiere de una solución conjunta. El Estado por sí solo no está en capacidad de abordar esta crisis. En este trabajo conjunto se debe evaluar la magnitud regional del impacto e identificar las medidas que puedan incorporar los agricultores para incrementar la eficiencia en el uso de fertilizantes y en la selección de su portafolio de cultivos; evaluar estrategias de sustitución entre fertilizantes importados, entre fertilizantes y productos con disponibilidad local, como fertilizantes orgánicos, guano de isla o fosfatos; estimar el impacto en los precios agrícolas y la canasta familiar; y, finalmente, evaluar hasta qué punto el incremento en los precios de los cultivos locales va a compensar o no a los agricultores por el mayor costo de los fertilizantes.

Los grupos más vulnerables a la inacción del Estado son dos. La población urbana de menores ingresos, que no tiene capacidad de producir alimentos y que enfrentan una reducción de sus ingresos reales por la inflación y la falta de empleo debido a la caída de la inversión privada, y parte de los 1,5 millones de hogares de la pequeña agricultura familiar de subsistencia, que podría verse obligada a acudir al mercado si sus cosechas fallan por razones climáticas.

En forma urgente, el Estado debe crear el clima propicio y convocar a todos los actores para evaluar los riesgos y alternativas a esta crisis. Debemos pasar de la inacción y de un discurso aletargante basado en “ni un paso atrás” hacia un diálogo vigorizante que nos permita “dar un gran paso hacia adelante” para gestionar esta crisis, teniendo en cuenta el bienestar de todos los peruanos y peruanas.