¿Tipificar el delito de terrorismo urbano es útil para combatir la delincuencia en nuestro país?

“Insistir con lo de terrorismo urbano es esconder las deficiencias del Estado”.

La violencia vivida en las décadas de los 80 y 90, a través de las acciones de Sendero Luminoso y el MRTA, no dejan lugar a dudas sobre lo que implica el concepto de terrorismo. Es decir, terrorismo es el ejercicio de la violencia extrema para alcanzar un objetivo político, como puede ser la captura del Estado y la imposición de una ideología.

Pretender extender el concepto de terrorismo, como terrorismo urbano, a la perpetración de delitos que buscan la ganancia económica mal habida, vía el robo, la extorsión o el asesinato, es desdibujar el bien jurídico protegido, para justificar declaraciones de emergencia y suspensión de derechos fundamentales, como si con ello se fuera a resolver el problema de la criminalidad.

Las penas en el Perú por delitos comunes agravados son muy severas si se aplica la ley con rigor. Sin impunidad ni corrupción. Con servidores públicos comprometidos con su función constitucional. Pataz no requeriría de un estado de emergencia si, por ejemplo, la captura de mineros ilegales con armas de fuego y explosivos no hubiese terminado en la inmediata libertad de los detenidos, sino, por el contrario, en la inmediata aplicación del imperio constitucional de la ley.

No nos engañemos, el verdadero problema es otro. No requerimos nuevos tipos penales. Requerimos una mejor gestión de la seguridad por parte de las fuerzas del orden en sintonía con la fiscalía y el Poder Judicial. Requerimos inversión en equipamiento, comunicaciones, tecnología, especialización, inteligencia, criminalística e investigación criminal, y vehículos para el control territorial, así como para identificar y capturar a las organizaciones delictivas.

Por cierto, el Ministerio de Energía y Minas no puede ponerse de costado frente al problema de la minería no formal. Hace mucho que no vemos propuestas sobre cómo piensa afrontar una actividad que supone un fenómeno social y económico por la cantidad de familias involucradas en la extracción, logística, transporte y procesamiento del mineral de origen ilegal. ¿Podrían equipararse estas actividades a las que cumplió Socorro Popular en la época del terrorismo? ¿No suena descabellado? Y si para los que proponen el concepto de terrorismo urbano la respuesta es afirmativa, ¿cómo entender el rol de los congresistas que desean la extensión del Reinfo?

Es imprescindible que nuestras autoridades políticas a cargo de los sistemas de seguridad ciudadana y de su fiscalización asuman esta responsabilidad sin apatía y desgano, como lo vienen haciendo. De lo contrario, no nos debe sorprender que las economías criminales en el Perú crezcan y muevan más de US$9.800 millones, muy por encima del presupuesto del que disponen los sectores del Estado a cargo de la seguridad y la aplicación de la ley. De terror, ¿verdad?

Insistir con lo de terrorismo urbano es esconder las deficiencias del Estado tras una cortina de humo.

“Lo que se requiere es decisión política y acciones enérgicas para restablecer el principio de autoridad”.

Es una realidad el hecho de que en los últimos años ha incrementado la delincuencia y el crimen organizado, vulnerando gravemente los derechos a la vida, la libertad y la propiedad de los peruanos. En ese contexto, la ciudadanía exige acciones cada vez más drásticas contra la delincuencia y el crimen organizado. Hoy existen hasta cinco proyectos de ley propuestos por congresistas y municipalidades que proponen incorporar la figura de “terrorismo urbano” en el Código Penal, con el fin de incrementar las penas y/o aplicar los supuestos del Decreto Ley 25475 sobre delitos de terrorismo a quienes porten o utilicen armas de fuego, granadas y/o explosivos cuando cometen sicariato, secuestro, robo agravado, extorsión, tráfico ilícito de drogas, disturbios, organización criminal, entre otros delitos.

Al respecto, considero que no es necesario crear nuevos delitos cuando sus supuestos pueden ser incorporados en lo que ya conocemos como terrorismo. En general, me parece bien incrementar penas a delitos graves contra la sociedad, como la pena de muerte en el caso de los violadores de niños. Sin embargo, esto por sí solo no va a cambiar la situación actual, si no viene acompañado de una reforma profunda e integral que abarque a las instituciones responsables del sistema de justicia y de la lucha contra la criminalidad; hablo del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario.

Indispensable y necesario es empoderar a la policía. Y con esto no me refiero únicamente a proporcionar los vehículos, equipamiento, entrenamiento, armas y munición necesarias para el cumplimiento de su deber, sino principalmente que tengan pleno respaldo político y legal por parte del Estado para poder enfrentar a delincuentes, sin temor a ser procesados en juicios eternos promovidos por organizaciones que dicen defender los derechos humanos, pero que únicamente se preocupan por los de los delincuentes, y no por los de las fuerzas del orden y las personas de bien.

También debe restituirse su capacidad de investigación de los delitos, que fue indebidamente limitada con la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, y que ha sido corregido en parte por el Ejecutivo con el Decreto Legislativo 1605, publicado en diciembre del 2023.

Otro aspecto importante es el respeto a la institucionalidad policial, y esto implica el cumplimiento estricto de las leyes que regulan el ingreso, la permanencia y la salida de la carrera policial, especialmente por parte de los gobiernos de turno que, abusando de su poder, han cesado ilegalmente a decenas de generales en línea de carrera, para poner como cabeza de la institución a personas afines políticamente a ellos. Esto debe terminar.

En conclusión, más que iniciativas aisladas, lo que se requiere es decisión política y acciones enérgicas y firmes en defensa de las fuerzas del orden y la sociedad para restablecer el principio de autoridad y la paz en el territorio nacional.

Sin paz no hay desarrollo.