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La ejecución de proyectos de infraestructura pública ha tenido una importante aceleración en los últimos años, gracias a la creación del mecanismo de gobierno a gobierno, utilizado por primera vez para la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019. El reto era entregar, en menos de 31 meses, infraestructura deportiva y una puesta en operación de nivel olímpico, por más de S/3.700 millones. Al celebrar el quinto año de estos juegos, es necesario hacer un balance de los acuerdos de gobierno a gobierno (G2G) y reflexionar en torno de una agenda con los retos a futuro para el país.
En solo cinco años, este mecanismo viene impulsando un diverso portafolio de proyectos por más de S/70.000 millones: el aeropuerto internacional de Chinchero, el programa de obras de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (hoy ANIN), 75 escuelas lideradas por el Proyecto Especial Escuelas Bicentenario, los hospitales Sergio Bernales y Antonio Lorena del Cusco, la Carretera Central, la Vía Expresa Santa Rosa y su conexión con el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez, la carretera Amazonas-Loreto, la tercera etapa del proyecto Chavimochic y, esta última semana, los hospitales regionales de Piura y Trujillo.
Como podemos observar, no todos los proyectos se encuentran priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad, por lo que el primer punto para anotar en la agenda a futuro es el uso priorizado de este mecanismo.
El segundo punto es la necesidad de planificar la operación de los servicios públicos a partir de las obras culminadas. Solo los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019 y los proyectos de los hospitales Bernales y Lorena comprenden una planificación y puesta en marcha de la operación.
El tercer punto de agenda está referido al financiamiento de los proyectos y aquí, como en el punto anterior, las asociaciones público-privadas (APP) proveen de mayores ventajas porque financian a largo plazo lo que a través del mecanismo G2G se paga casi al contado. En épocas de restricciones presupuestales, esto es vital.
Por ello, considero que se requiere una nueva generación de acuerdos de gobierno a gobierno para dotar a las entidades del Ejecutivo de mayor velocidad y financiamiento para los proyectos en APP, tal y como se hizo para el desarrollo de infraestructura pública tradicional.
Un último punto es la alta especialización en el diseño y la gestión de proyectos que provee estos acuerdos bilaterales. En tiempos en los que existen, muchas veces, precarios cuestionamientos técnicos de los órganos de control y fiscalización, la asistencia técnica internacional se cierne como una garantía para la toma de decisiones de los funcionarios.
Tal vez este argumento es el más importante para justificar la continuidad de los acuerdos de gobierno a gobierno en el Perú. Con este aval podremos contar con el retorno de cuadros de alto nivel profesional que quieren aportar al desarrollo de su país, pero no por eso correr el riesgo de hundirse en el fango político de las denuncias injustificadas.
