Una ciudad para moverse bien, por Patricia Alata

Moverse en Lima es, para la mayoría, incómodo y peligroso. El transporte público es el segundo problema más importante para los limeños (según la Encuesta Lima Cómo Vamos realizada en el 2014, el 65% de la población está insatisfecha con su servicio). Aunque el 75,4% de los viajes diarios de Lima y Callao se hace a pie, en bicicleta o en transporte público, seguimos sintiéndonos amenazados. El año pasado, solo en la capital, 531 personas perdieron la vida por accidentes de tránsito. Según la Policía Nacional del Perú, el número de homicidios fue de 231. Es decir, en Lima más personas mueren en las pistas que por la inseguridad. La movilidad es un asunto clave y grave.

Solo el 15,5% de hogares de Lima y Callao tiene un auto. Sin embargo, las medidas implementadas durante décadas priorizaron este medio de transporte, recortando veredas, ampliando carriles e incrementando rutas –mal distribuidas y con normas dudosas– bajo el pensamiento de que más autos traerán mayor movilidad. Esto nos llevó a tener un transporte público que ve a cada persona como la ganancia del día, lo que ha generado una guerra por el pasajero en que todos perdemos. 

La informalidad del sistema ha traído consigo una situación insostenible: los conductores trabajan más de 12 horas diarias sin derechos laborales, el ingreso del trabajador se rige por el número de personas que suben a los vehículos, las empresas no se hacen responsables de sus faltas y los costos de los pasajes no son regulados. Si a eso le sumamos la fragmentación de las competencias en lo que respecta a la gestión del transporte, el resultado es una situación sin control.

Felizmente la ciudad ya está trabajando en sistemas de transporte masivo. Sin embargo, es necesario que los distintos medios se integren y sean regulados por una autoridad única de transporte para Lima y Callao.

Diversas ciudades del mundo han apostado por un cambio y América Latina no es la excepción. Curitiba, Bogotá y Quito implementaron sistemas de buses segregados –como el Metropolitano–. Los resultados: en Curitiba este sistema transporta al 85% de la población, en Bogotá alcanza un 18% –con un descuento en pasajes para la población con menos recursos–, mientras que en Lima apenas un 5,3% lo usa como medio principal para movilizarse al trabajo o centro de estudios. El metro de Lima tiene un porcentaje menor (2,5%).

Por ello, es necesario apostar por sistemas masivos y su interconexión, lo que significa más corredores, ciclovías y veredas seguras. Además, resulta clave la inversión del Estado para que la tarifa por viaje sea una sola y accesible a todos. Las personas con menores recursos son las que viajan más tiempo, en peores condiciones, y las que destinan el mayor porcentaje de sus ingresos al transporte.

El Plan Metropolitano de Seguridad Vial, presentado hace unas semanas, tiene como meta reducir en 30% los accidentes de tránsito para el 2020. Este plan, acompañado de la ampliación de rutas de los corredores exclusivos, los metros y el Metropolitano, así como el intercambio modal y la tarifa unificada, nos permitirán cambiar nuestra forma de movernos. Los retos son grandes y el trabajo extenso. Por ello, es necesario no perder ni un día. La clave está en ver las necesidades de la mayoría y no solo de aquellos que se mueven en auto.