Las ciudades son una de las mayores creaciones de la humanidad, su origen está en nuestra necesidad de relacionarnos para mejorar nuestras posibilidades de supervivencia y, desde esa necesidad básica, multiplicar nuestras capacidades y talentos. Su fortaleza está en la densidad y la diversidad de actividades y servicios que en ella se desarrollan, es por ello que la tendencia global es que cada vez más personas opten por vivir en ellas. Solo en el Perú hemos pasado del 35% al 80% de población urbana en menos de 80 años. El renombrado economista Edward Glaeser afirma en su libro “El triunfo de las ciudades” que estas no empobrecen a la gente, sino que atraen a las personas que buscan un mejor futuro.
Partiendo de esta lógica podemos comprender por qué la pobreza urbana en el Perú era bastante inferior a la rural, que es donde estaban enfocados los principales esfuerzos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Esto hasta que llegó la pandemia del COVID-19. Según estudios del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES, 2023), la pobreza urbana se incrementó fuertemente entre el 2020 y el 2021, duplicando a la rural. El informe presentado por la Dra. Lorena Alcázar evidencia la falta de estrategia del Estado para enfrentar la pobreza urbana, su incapacidad para atender a las personas más vulnerables en la emergencia y la deficiente coordinación con las municipalidades para el reparto de ayudas.
Por otro lado, Carolina Trivelli en el artículo “Salida permanente de la pobreza” (2019) señala que para lograrlo se debía “asegurar una oferta básica de servicios al alcance de estas familias que han logrado superar condiciones de pobreza”. Es decir, se debe garantizar la dotación de los servicios básicos (agua, desagüe, electricidad y comunicaciones), la disponibilidad de los principales equipamientos (educación, salud, etc.), la adecuada accesibilidad al resto de la ciudad, la disponibilidad de sistemas de transporte público seguros y eficientes, la posibilidad de ser auxiliados por los bomberos o una ambulancia, entre otros. Todo esto no sucede en las zonas más pobres de Lima, donde millones de peruanos debieron quedarse confinados durante la pandemia sin posibilidad de ser asistidos o socorridos. Nos falló el Estado, no la ciudad.
El informe del CIES concluye, entre otros aspectos, que es necesario trabajar en una estrategia para la lucha contra la pobreza urbana que incluya un sistema de protección social específico y adaptable en tiempos de crisis. Para que ese sistema sea efectivo, debemos comprender que la pobreza es multidimensional, por lo que la respuesta debe ser plurisectorial. Si bien el Midis es el sector encargado de mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, ya hemos visto que su accionar se ve limitado si no cuenta con un soporte urbano que le permita identificar y acceder a las familias. Es por ello que considero fundamental que se fortalezcan sus acciones con una apuesta decidida por la planificación urbana, como medio para identificar las obras necesarias para mejorar integralmente la calidad de vida. Así se podrá mejorar la accesibilidad y el acceso a los servicios básicos y equipamientos, y alejar a las familias de zonas de riesgo que nunca podrán ser urbanizadas.
Para atacar frontalmente a la pobreza urbana debemos apostar por la construcción de mejores ciudades, en las que el accionar del Estado y la energía del sector privado puedan llegar a la mayor cantidad de personas, brindándoles los servicios, oportunidades y herramientas necesarias para que pueda cada uno labrar su propio destino. Solo así podremos salir permanentemente de esta angustiante situación.