Enfrentamos la mayor crisis de inseguridad de toda nuestra historia republicana. La violencia en las décadas de los 80 y 90 tuvo una naturaleza principalmente política: dos grupos terroristas pretendieron tomar el poder. El actual desborde criminal es mucho más peligroso porque, además de la violencia extrema con fines de lucro, utiliza un instrumento letal para nuestra frágil democracia: la corrupción que nace de las economías ilegales. Según el último reporte de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (2023), estamos en el puesto 10 de 35 países de América Latina y el Caribe.
En efecto, entre la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión, el contrabando, etc., generan –cálculo conservador– más de US$10.000 millones anuales. Este dinero sucio es el que “impide ver” a las plantas procesadoras que blanquean el material aurífero extraído ilegalmente y mantiene en condiciones de esclavitud a 500.000 peruanos. Es el “aceite” que lubrica a la maquinaria que facilita la exportación sin contratiempos del 90% de toda la cocaína que producimos. Son los mismos dólares sucios que rentan las calles y condena a la explotación sexual a miles de jóvenes locales y a las que huyeron del llamado socialismo del siglo XXI.
Según el último balance de InSight Crime de homicidios (2023), cerca de 120.000 personas fueron asesinadas en América Latina y el Caribe. Esto equivale a 20 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Las tasas más altas se registraron en Ecuador (44,5), Venezuela (26,8), Colombia (25,7) y México (23,3). La información del Perú, lamentablemente, no es fiable. La conclusión central del documento es que los asesinatos y la acción de las organizaciones criminales giran en torno de estas economías ilegales. Cada una de ellas se ha convertido en el gran combustible que da vida y forma a las organizaciones nacionales y, particularmente, a las transnacionales.
En este contexto, la situación del Perú y de la región andina es aún más angustiante. Todos los reportes especializados alertan del incremento del consumo global de los commodities que producen estas economías ilegales. La adicción a la cocaína ha crecido en Europa, Asia, Sudáfrica y Brasil. Según Unodc (2022), son 22 millones los consumidores habituales y el precio récord se registró en Sudáfrica –US$300.000 el kilo–. La presión de esta demanda explica la expansión de la coca en los países productores –Colombia, el Perú y Bolivia–, que sumaron la cifra récord de 354.000 hectáreas.
Situación similar pasa con el oro. La crisis mundial –guerras, inflación– obligó a los agentes económicos a refugiarse en este metal, lo que presionó una mayor demanda y el alza permanente de su precio –US$2.200 la onza–. Según datos oficiales (Ministerio de Energía y Minas, 2022), cerca del 40% de la producción aurífera es de origen no legal. Esto equivale a más de US$4.000 millones anuales. El oro, a diferencia de la cocaína, no tiene muchos contratiempos ni controles para llegar a los mercados internacionales. Digamos que no pierden el tiempo preguntándose sobre su origen, lo único importante es que brille.
Ahora bien, podrían decirnos que las economías ilegales han existido desde antaño. De acuerdo. Sin embargo, el factor que marca la gran diferencia es la reciente penetración de las organizaciones criminales transnacionales para ponerse al servicio de los primeros. En poco tiempo, utilizando la violencia extrema, la potencia de fuego de armas largas y el control territorial, se han impuesto sobre las peruanas. El Comando Vermelho (Brasil) controla la ruta del río Amazonas y Ucayali, llegando inclusive a Puerto Inca –confluencia de las regiones Huánuco, Pasco y Ucayali–. El Primer Comando Capital (Brasil) está en Madre de Dios y empezó su travesía con dirección al Vraem. El interés de estas dos megaorganizaciones por la cocaína es coincidente con el aumento del consumo en Brasil. El Tren de Aragua (Venezuela), en alianza con Los Tiguerones (Ecuador), está en toda la franja costera extorsionando a nuestros emprendedores y explotando sexualmente a sus connacionales. Los Choneros (Ecuador), brazo armado del cártel de Sinaloa, está en Piura, su interés no es el cebiche de caballa sino el puerto de Paita. Los Lobos (Ecuador) están en Condorcanqui haciendo lo que mejor saben: extorsionar a los mineros.
En este contexto, con un volcán a punto de erupcionar y con los jinetes del apocalipsis cabalgando a toda prisa, tenemos un gobierno absolutamente a la deriva, a un grupo de congresistas queriendo legalizar toda la coca, a otro haciendo sus mejores esfuerzos para mantener un statu quo que disfraza a los mineros ilegales en artesanales y, lo más tragicómico, a políticos “presidenciables” queriendo convertirlos en su cantera electoral, exactamente como pasaba con los cocaleros.
No aprendimos nada de Ecuador, que fue sometido, en cámara lenta, por el narcotráfico internacional. La complicidad y miopía de sus políticos y gobernantes fue determinante para llegar a su situación actual. Nos olvidamos de que nosotros tenemos, además de la cocaína, al oro ilegal, a las extorsiones, etc. y al 70% de nuestra economía informal, que es terreno fértil para todas estas plagas. Entonces, ¿seguirán jugando con fuego a sabiendas de que serán fagocitados?
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