Criminalidad internacional y explotación humana

Somos un país con una alta informalidad e importante impunidad, con escaso presupuesto para la fiscalización y para enfrentar la criminalidad. La pobreza y falta de oportunidades, la tolerancia social y la creciente corrupción nos coloca en una posición tristemente privilegiada en la carrera hacia la consolidación de la trata de personas y el control territorial como meta codiciada por más de un grupo de crimen organizado.

La trata de personas involucra a personas abusadas y utilizadas por quienes las controlan, para obtener ganancias significativas, explotándolas sexual y/o laboralmente.

Es el tercer delito más lucrativo del mundo, y el segundo en el Perú después de la minería ilegal, habiéndose agravado en pocos años, con la intervención del crimen organizado internacional. Es un delito complejo que requiere recursos especiales para luchar contra él.

Si bien las cifras varían internacionalmente de una región a otra, se han incrementado globalmente. Alrededor del 70% de las víctimas son mujeres, por lo menos un tercio de estas son menores de edad y la principal finalidad de explotación es la sexual. Hay evidencia de que los traficantes son más violentos con las mujeres y que, independientemente del tipo de criminalidad involucrada, tienen tres veces más probabilidades de sufrir violencia extrema durante la situación de trata que los hombres (Unodc,2022).

Esta es la misma realidad que encontramos en el Perú. De acuerdo con el Sistema de Gestión Fiscal, entre el 2018 y el 2022 se reportaron 27.178 casos de trata de personas con un pico de 6.107 casos ingresados el 2022.

La casuística demuestra que las necesidades económicas de las personas abren una ventana de vulnerabilidad que es aprovechada por los tratantes. También se benefician de la fragilidad que generan carencias emocionales o familiares para atraer y someter a sus potenciales víctimas. El engaño es clave para ilusionarlas y convencerlas, usando desde la seducción hasta la falsa oferta de empleo.

Antes de la pandemia, la trata de personas ya era reconocida como un delito presente en todo el Perú. Se caracterizaba por ser trata interna, con explotación de peruanas y peruanos en manos de grupos delictivos nacionales. Se tenía escaso registro de peruanas explotadas en el exterior y hasta el 2017 era casi inexistente la explotación de extranjeras en el país.

Es reconocido el vínculo que hay entre la migración irregular y la trata de personas, especialmente cuando las personas caen en manos de redes de tráfico ilícito de migrantes. Además, el creciente ingreso de grupos delictivos generó mayor vulnerabilidad para quienes ingresaban irregularmente al país, buscando oportunidades.

Como consecuencia de la ola migratoria fue cambiando el perfil de la víctima, así como la dimensión y estructura del delito. Las fiscalías especializadas en trata de personas reportan que, del total de víctimas rescatadas durante el 2023, el 60% eran peruanas y el 40% eran extranjeras o no identificadas. A las víctimas peruanas se sumaron venezolanas, colombianas y ecuatorianas, apareciendo nuevos grupos de crimen organizado foráneos. Un delito que era nacional se internacionalizó.

Además, en el 2023 las víctimas rescatadas se han más que duplicado respecto al 2022 y los niveles de violencia han recrudecido reportándose cada vez más desapariciones, secuestros y asesinatos. Los testimonios de las víctimas corroboran esta situación.

La trata de personas pasó a ser parte de la actividad de la criminalidad organizada internacional en las principales ciudades del Perú, desafiando el control de los criminales locales sobre las víctimas y el territorio. El Tren de Aragua maneja, por ejemplo, los distritos más poblados de la capital, y con ello, han sumado también el control de la extorsión y el sicariato para imponer su dominio.

A consecuencia de la situación en Ecuador, ya se reportan desplazamientos en la frontera y que habría criminales refugiándose en el Perú.

El crimen organizado se reestructurará, hará alianzas con redes existentes y/o disputará los negocios ilícitos como la explotación humana, aprovechando los espacios con escaso control del Estado, especialmente aquellas vinculadas a las economías criminales.

Como país debemos enfrentar el empoderamiento de los grupos criminales y exigir una respuesta consistente del Estado. No hacerlo afectará aún más a los vulnerables, a las víctimas visibles e invisibles de la trata de personas, y a todos los peruanos.