La fábula del boleto, por Juan Pablo de la Puente Brunke

La contraloría ha detectado a diez municipios del Cusco que han desviado S/104 millones recibidos del Boleto Turístico. En lugar de invertirlos en el patrimonio cultural ubicado en su jurisdicción, como manda la ley, gastaron esa millonada en otras cosas.

Para visitar Chinchero, Písac o Moray, entre otros atractivos cusqueños, se debe comprar el Boleto Turístico del Cusco. Fue creado hace 15 años por la Ley del Boleto Turístico; por ello, inquieta que el hallazgo de la contraloría se refiera a un período de solamente dos años (2018-2019).

¿Estas municipalidades piensan que un monumento se preserva sin reinvertir los recursos generados por su visita turística? Reinvertir es fundamental, pues brinda sostenibilidad y ello permite planificar sueldos e intervenciones anualmente. Si bien esta idea elemental está en la Ley del Boleto Turístico del Cusco como una obligación –que no se cumple–, se debe advertir también que la normativa de alcance nacional no la recoge como regla general.

En el resto del país la reinversión anual directa en el monumento que originó la visita turística es la excepción a la regla. Se requiere la suscripción de un convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura, como es el caso de los proyectos del Complejo Arqueológico El Brujo y el de la Huaca del Sol y de la Luna, en Trujillo, por ejemplo.

El problema de fondo es que la regulación no diferencia entre la gestión de un monumento y la gestión de un sistema de protección del patrimonio cultural. La gestión de un monumento es la que se enfrenta diariamente a sus amenazas y a sus necesidades particulares; y la real protección del monumento depende de dicha gestión. En cambio, la gestión de un sistema de protección se relaciona con las funciones inherentes al Estado, como el registro y la declaración de bienes culturales, la aprobación de un marco legal de protección, la fiscalización, entre otras funciones. La normativa prioriza este tipo de gestión

Esto explica lo difícil que es en el Perú ejecutar proyectos de puesta en valor de monumentos y abrirlos al turismo. De los 733 sitios arqueológicos considerados por el Mincetur como recursos turísticos, menos del 15% esta abierto al público.

Un impulso para el cambio lo brinda la Política Nacional de Cultura, pues identifica como problema público el limitado ejercicio de los derechos culturales de la población. Reconoce que visitar, conocer y usar el patrimonio cultural constituyen un derecho cultural. Es decir, enfrentar este problema público implicará necesariamente incrementar el numero de sitios arqueológicos abiertos al público. Actualmente a nivel nacional la oferta no es equitativa, pues, por ejemplo, siete regiones no tienen ningún sitio arqueológico abierto al público, otras seis regiones solo 1, mientras que el Cusco tiene más de 40.

No todos los municipios incumplen sus funciones. Hay casos positivos que merecen ser destacados, como la Municipalidad de Miraflores, al administrar la Huaca Pucllana, o la actual gestión de la Municipalidad de Lima respecto del Centro Histórico, entre otros. Sin embargo, esos casos son los menos. Basta viajar por nuestro país y evidenciar el descontrol en el desarrollo urbano. Incluso ciertos palacios municipales son los primeros en romper la autenticidad de su localidad, con el efecto multiplicador del mal ejemplo de la autoridad.

La fábula del boleto aún no tiene una moraleja. Esperemos que esta sea aleccionadora para los responsables y para las diez municipalidades cusqueñas. Y para que a nivel nacional, se priorice la gestión de monumentos y su apertura al público. Si esto no ocurre, seguiremos desaprovechando el potencial que nuestra cultura y el turismo encierran.