La verdad y la reconciliación

Hace 20 años que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) entregó su informe sobre la violencia política que asoló al país entre los años 1980 y 2000. Este trabajo fue la primera respuesta que hizo el Perú para acoger y aliviar el daño que hizo Sendero Luminoso.

Los 18.000 testimonios recogidos por la CVR son la base fundamental del informe, poniendo en el centro la voz de quienes sufrieron la violencia e instalando en la agenda nacional la obligación de reconocer y atender su dolor.

Una de sus recomendaciones fue reparar a las víctimas, la misma que fue recogida por el Estado Peruano en el año 2005 con la creación del Plan Integral de Reparaciones para atender las secuelas de la violencia en personas, familias y comunidades, delegando en la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) la coordinación para su implementación.

Para identificar a los beneficiarios, se creó el Consejo de Reparaciones, cuyo trabajo ha permitido avanzar en la atención de las más de 230.000 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas. Se ha entregado reparaciones económicas a más de 86.000 personas y acceso a programas de salud, vivienda y becas para estudios superiores a cerca de 4.000.

La calidad y el rigor del trabajo realizado por el Consejo de Reparaciones desde su fundación le ha valido el reconocimiento de la Unesco, que en octubre del 2016 incorporó su archivo dentro del programa Memoria del Mundo.

El Estado también asumió la tarea de guardar y difundir lo ocurrido y, con el apoyo del Gobierno Alemán, creó el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). La muestra permanente, las exposiciones temporales y los eventos académicos y culturales buscan mantener viva la reflexión sobre lo vivido y extraer conclusiones para el presente y el futuro.

Con este mismo propósito, se construyeron también el Museo de las Madres de ANFASEP en Ayacucho y El Ojo que Llora en Lima. El hito más reciente ha sido la creación de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tiene la responsabilidad de investigar el destino de los desaparecidos entre 1980 y el 2000, cuya tarea es determinar la suerte de más de 19.000 personas con paradero desconocido, recuperar sus restos y entregarlos a sus familiares.

Este recuento muestra los esfuerzos que el Perú ha realizado para atender los daños causados por el terrorismo. Más allá de los necesarios balances sobre los programas mencionados, interesa resaltar que fueron posibles porque la voz de las víctimas se mantuvo en el centro de nuestras preocupaciones.

La vigencia de esta tarea indica que, como nación, aún es fundamental acompañar estos testimonios de dolor y su enorme capacidad para transformar la muerte en vida.