Debate: ¿Deben concesionarse las cárceles?

A FAVOR

Por cárceles modernas

- Héctor Bellido -

Presidente del Instituto de Cultura Política

Luego del discurso del primer ministro Pedro Cateriano se abre un panorama alentador para terminar con la situación de indiferencia y maltrato en el que conviven los sentenciados en las cárceles peruanas.

Desde hace 15 años impulso un cambio de actitud del Estado para que invierta en cárceles modernas y resocializadoras que permitan la reinserción de los internos a la sociedad, y que no sea esta un castigo adicional de mayor angustia y sufrimiento tanto para el propio interno como para sus familias. 

En el diario El Comercio, el 19 de mayo de 1853 en el artículo “Lima necesita una buena cárcel”, se señala que el gobierno le encarga al doctor Mariano Felipe Paz Soldán que inspeccione cárceles modernas y seguras en su siguiente viaje al extranjero, para utilizar esa experiencia a su retorno al país y construir una penitenciaría ejemplar. Han pasado 162 años y seguimos esperando ese resultado.

Como se observa, la incapacidad y falta de voluntad de terminar con esta situación en ese largo período es evidente. Esperemos que esta crítica situación, al fin, se revierta.

Todas las comisiones en las que he participado han coincidido en que la concesión al sector privado es la única solución para terminar con esta situación de inseguridad, maltrato, desaliento y desgobierno que hoy se observa en nuestros penales. Es intolerable que se permita que en las prisiones el hampa siga gobernando. En este contexto, este sistema lo que ha creado es una universidad del delito.

El Estado debe encargar a una nueva institución el diseño e implementación de este desarrollo. Mientras ello ocurre, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) seguirá con su labor. Cuando se edifique esta nueva realidad carcelaria, entonces se seleccionarán los mejores cuadros para esta nueva organización, a la que se le dotará de una carrera penitenciaria, que permita reconocer y detectar a los mejores elementos y sancionar a los que infrinjan las nuevas normas.

Para la construcción de 20 nuevas prisiones para 2.500 presos, diseñadas y edificadas por profesionales, el costo de una prisión sería de aproximadamente US$50 millones, a una tasa de interés anual de 5% a financiar en 25 años. La cuota anual (interés más amortización) equivale a US$3,5 millones por año. Además, el mantenimiento del establecimiento penitenciario anual equivale a unos US$1,2 millones, con lo que el costo total bordearía los US$4,8 millones por año.

Si el costo de la construcción de la prisión aumentara a US$60 millones, la cuota anual se elevaría a US$4,3 millones por año. Hay que resaltar que, al cabo de estos 25 años, la prisión pertenecería al Estado Peruano. A este costo anual por prisión, habría que considerar los costos de alimentación, medicinas y educación por preso. Todo ello podría fluctuar entre US$7 y US$10 diarios.

El tema tiene solución y está en manos del gobierno. Existe el capital y, si no hay, se puede financiar. El tema de la seguridad ciudadana pasa inexorablemente por tener el control de las prisiones y permitir que los reos cumplan su sentencia en condiciones lo más humanas posibles, sin seguir delinquiendo desde la cárcel, ya que ellos tarde o temprano regresan a la sociedad. Dependerá, por ende, de las condiciones que les brindemos durante su proceso reformatorio decidir si queremos que vuelvan mejor o peor.

EN CONTRA

Lurigancho S.A.

- Ernesto de la Jara-

Director fundador del Instituto de Defensa Legal (IDL)

Lo primero: ¿un jefe de Gabinete puede salir de un momento a otro a plantear que las cárceles podrían pasar a estar en manos de la empresa privada, sin presentar al mismo tiempo un diagnóstico contundente? No es lo mismo la opinión que un ciudadano común y corriente que la de una alta autoridad, quien, además, ha sido viceministro de Justicia (sector al que pertenece el sistema carcelario) y, justamente, cuando está pidiendo facultades extraordinarias para legislar. 

Todo debe discutirse y, de hecho, estamos ante un tema con pros y contras, pero sería un grave error que el anuncio de Cateriano signifique una decisión ya tomada antes de un gran debate nacional. Esperemos que prime su vocación democrática.  

Para comenzar: ¿el lanzamiento de la idea se habrá hecho de manera consensuada con su ministro del Interior, hasta hace poco presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE)?

¿Se habrá evaluado la experiencia de privatización o de concesiones de países como Chile y Brasil? Son muchos los que afirman que los resultados han sido pésimos. 

Habría que destacar de arranque el argumento más sugerente: si las cárceles son el infierno de Dante, ¿por qué no intentar mejorarla apelando a la eficiencia que caracteriza a la actividad privada? Como se suele decir, con ese criterio lo mismo se podría hacer con la policía, el Poder Judicial, la salud, la educación y con todo lo que, justamente, debe conservar el Estado, según lo dicho hasta por los ayatolas del liberalismo.

El objetivo principal de las empresas es –legítimamente– optimizar sus ganancias. Con esa lógica, qué tanto contemplaría, aunque sea como posibilidad, la importancia de invertir en actividades para rehabilitar a los presos. O en capacitar al personal, más allá de la seguridad.   

Ya se ha descubierto mucha corrupción en torno a la entrega de cárceles a la empresa privada. Y no solo en coimas durante las licitaciones, sino bajo modalidades realmente perversas. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un escándalo cuando se descubrió que una empresa especializada en cárceles apoyó por lo bajo con gran cantidad de recursos a un político que ofrecía impulsar una ley para meter presos a los inmigrantes indocumentados. 

Muchos beneficios penitenciarios que implican libertad anticipada dependen de las apreciaciones que las autoridades den de sus reclusos. Preguntarse si alguien que se beneficia por mantener la prisión llena tendrá una visión objetiva puede parecer maquiavélico. Pero si se está hablando del lucro como atracción principal, no se puede dejar de preguntar, reconociendo obviamente que también en este rubro no todas las empresas son iguales. 

Ahora, tal vez la pregunta más importante sea: ¿qué capacidad de fiscalización tendría el Estado Peruano realmente respecto a lo que suceda en las cárceles manejadas por poderosas y experimentadas empresas? 

Antes de que el Estado tire la toalla, tendría que buscar otras soluciones. Una de ellas es tratar de convencer a la opinión pública de que la población penitenciaria podría ser mucho menor sin incrementar la inseguridad. Recordemos que más de la mitad de esta población son presos sin condena, quienes deberían estar en la cárcel solo excepcionalmente cuando esté en riesgo el proceso. Invertir en medios alternativos a la cárcel puede ser más rentable para el Estado que el pago a las empresas.