¿Delincuente o perseguido político?, por Roberto Pereira
¿Delincuente o perseguido político?, por Roberto Pereira
Roberto Pereira
Roberto Pereira

Ayer, en medio de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el presidente Pedro Pablo Kuczynski la Declaración de Chapultepec, que compromete al Estado Peruano a no emitir ninguna ley o acto que limite las libertades informativas. Precisamente, el gobierno tendrá frente a sí la revisión de un caso que involucra dichas libertades.

Con la firma de la tenemos que poner fin a las iniciativas que atentan contra la en el Perú. — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo)

En diciembre del 2013, el gobierno de , a través de la Fiscalía General del Ecuador, obtuvo una orden judicial de allanamiento al domicilio del activista político y periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio, bajo la acusación de haber ‘hackeado’ sus correos electrónicos y de sus colaboradores. Esta fue la respuesta a la publicación por Villavicencio y la periodista Belén Palma del reportaje “El expediente Chevron”, en el que advirtieron un eventual conflicto de intereses de la firma de abogados Foley Hoag, que asesoraba a Ecuador en su contencioso internacional contra Chevron pese a sus vínculos profesionales con esa empresa. Para Correa, esa información fue obtenida de los referidos correos electrónicos.

Sin embargo, luego del allanamiento, voceros gubernamentales descartaron que Villavicencio hubiera ‘hackeado’ los correos y acusaron de ese hecho a la empresa Chevron, pero mantuvieron su acusación por la sola difusión de dicha información. Curiosamente, Belén Palma no fue encausada. El caso perdió interés para el gobierno hasta que en el 2016 Villavicencio denunció a través de varios reportajes publicados en “Focus Ecuador” actos de corrupción en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Correa respondió solicitando públicamente que se activara el caso y, coincidentemente, en octubre del 2016, un juez emitió una orden de prisión preventiva contra Villavicencio, promovida por el fiscal general.

No era la primera vez que Villavicencio enfrentaba a la justicia penal luego de sus publicaciones sobre denuncias por corrupción. En diciembre del 2013 fue denunciado por Petroecuador por el delito de falsedad documental, luego de la publicación de su libro “Ecuador. Made in China”, en el que cuestionó la probidad en las exportaciones del petróleo ecuatoriano. Esta denuncia fue desestimada por una fiscal, decisión que no fue convalidada por el Poder Judicial y el caso está pendiente desde el 2015.

En enero del 2014, la Corte Nacional de Justicia confirmó una condena contra Villavicencio a 18 meses de prisión efectiva, al pago de US$47.000 a favor de Correa y a ofrecerle disculpas públicas. Correa logró que una denuncia en su contra realizada por Villavicencio y otras dos personas por los hechos violentos del 30 de setiembre del 2010 fuera calificada de “maliciosa” y “temeraria”, nuevamente a instancias del fiscal general, lo que aprovechó para denunciar a Villavicencio por “injuria judicial”.

Por estos hechos, como por el allanamiento a su domicilio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a favor de Villavicencio y requirió al Ecuador que suspenda la ejecución de dicha sentencia. Estas medidas fueron desacatadas y Villavicencio tuvo que refugiarse en el territorio de la comunidad Sarayaku hasta que la pena de prisión prescribió. Entonces, Correa demandó su insolvencia y le obligó a pagar los US$47.000 por reparación civil a su favor, pese a que en agosto del 2016 la CIDH ratificó la vigencia de las medidas cautelares.

En atención a estos antecedentes y a la inminente ejecución de la orden de prisión preventiva, Villavicencio solicitó el mes pasado asilo político en la cancillería peruana. Conforme a las reglas del asilo, son varias las razones que lo justifican. El activo fiscal general ecuatoriano, Galo Chiriboga, fue abogado personal de Correa y ocupó otros altos cargos en su gobierno. Las medidas cautelares ratificadas por la CIDH a su favor, acreditan que su libertad personal y de expresión están en inminente riesgo. Está siendo penalmente perseguido por difundir información que el gobierno considera reservada pero de indudable interés público, algo que los estándares interamericanos sobre libertad de expresión consideran especialmente protegido por este derecho.

El gobierno de Correa insiste en que es un delincuente común por haber difundido información de interés público que no favorece a su gobierno. Sin embargo, desde el 2012 protege en la embajada de Ecuador en Londres a Julian Assange como perseguido político por el Caso WikiLeaks. El presidente electo Lenín Moreno anunció que mantendrá la protección a Assange. Lo que todavía no dijo es si en un acto de elemental coherencia, hará lo que corresponda para cesar la persecución contra Fernando Villavicencio.

(*) El autor es asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), institución que asesora a Fernando Villavicencio en el Perú.

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