Desmantelando el narcoestado, por Ioan Grillo

Los fiscales federales de Brooklyn están presentando cargos por tráfico de drogas contra Genaro García Luna, un arquitecto clave de la guerra contra las drogas del expresidente de México Felipe Calderón.

El caso está siendo visto por el mismo tribunal que condenó a El Chapo el año pasado. Pero de alguna manera este caso es aún más importante. Mientras que las historias de los señores de la droga alimentan un sinfín de películas, series de televisión y novelas, sus condenas no han aliviado el baño de sangre en México. Algunos activistas y académicos llevan mucho tiempo pidiendo que se persiga a los habilitadores políticos de los gánsteres. Los cargos contra García Luna son consecuencia de la condena del hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández por cargos de tráfico de cocaína en octubre y de varias causas contra funcionarios venezolanos. Es probable que esos esfuerzos sean más eficaces para reducir el poder de los cárteles que clasificarlos como terroristas, como consideró el presidente Trump.

Bajo el liderazgo de García Luna, los mafiosos acusados confesaron en videos, describiendo cómo masacraban y mutilaban a sus víctimas, los cuales se reprodujeron en las noticias de la noche. Tenían la intención de mostrar cómo los malos estaban siendo capturados, pero las descripciones gráficas de los asesinatos en masa solo parecían aterrorizar más a la gente. Al mismo tiempo, los homicidios y desapariciones se dispararon, así como las denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. La acusación de que un funcionario clave detrás de esa campaña trabajaba con traficantes hace que este capítulo de la historia de México parezca aún más oscuro.

El caso contra García Luna ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirma estar transformando México y acabando con la pobreza y la violencia. Subraya cómo las guerras de cárteles se remontan a gobiernos anteriores y silencia las críticas de los expresidentes.

Pero López Obrador está fallando en capitalizarla y en conducir efectivamente a la nación hacia la paz. Su gobierno ha prometido romper con la fallida guerra contra las drogas y acabar con la corrupción, más emblemática en los funcionarios de policía que trabajan con los narcos. Sin embargo, estas buenas intenciones no se han materializado y no está apoyando los esfuerzos de la sociedad civil de México para salir del agujero de la violencia.

López Obrador podría abrazar sus llamados e intentar unir a la sociedad mexicana contra el derramamiento de sangre. En cambio, se negó a reunirse con ellos, diciendo que no quería “hacer un show, un espectáculo”.

Los mexicanos no pueden seguir viviendo bajo asedio. Y si las altísimas tasas de homicidio no se frenan, un político mexicano podría levantarse prometiendo una represión militar de línea más dura que la llevada a cabo por García Luna.

Romper el poder de los cárteles del crimen en México puede parecer una tarea imposible. Sin embargo, muchas de las soluciones están a la vista en ambos lados de la frontera. Los Estados Unidos pueden aprovechar este nuevo impulso para perseguir a los funcionarios corruptos y sus redes de dinero, detener el flujo de armas a los gánsteres y trabajar para hacer frente al abuso de drogas que alimenta a los cárteles. La administración de López Obrador puede canalizar recursos hacia los barrios pobres, donde los cárteles reclutan, y cumplir su promesa de apoyar a las víctimas de la violencia para obtener justicia.

–Glosado y editado–

© The New York Times.