Para detener la erosión, por César Azabache

Algo está cambiando muy rápidamente entre nosotros. Ese algo se está expresando en una ebullición sin precedentes de denuncias e investigaciones sobre asuntos que antes resultaban invisibles o simplemente no queríamos mirar. La expansión del mercado produce cambios en el modo en que se valora la conducta de los demás. La desaceleración y la apertura de la sociedad a informaciones de todo tipo también. En cualquier caso, el sistema de circulación de dinero entre los sectores público y privado está en cuestión. Y su crisis debe reflejarse, más temprano que tarde, en cambios drásticos en el financiamiento (público) de proyectos de infraestructura y en el financiamiento (privado) de actividades políticas.

El proceso ha generado una lista larga de casos que se postulan como muestra de la corrupción que ha impregnado estos dos sectores. Sin duda no todos los casos propuestos merecen este estatuto y no todos los casos que lo merezcan terminarán igual. En el camino pueden modificarse los roles asignados o asumidos por cada protagonista; pueden modificarse las narraciones que portan y pueden modificarse las reglas de juego o nuestra percepción sobre los hechos. En cualquier caso la cuestión por resolver en esta crisis no depende solo de los casos propuestos. La cuestión supone abordar la reforma de los circuitos de circulación de dinero que están en discusión de modo que el proceso pueda adoptar una dimensión institucional constructiva, independiente del efecto que en un tiempo más comenzarán a producir absoluciones y condenas.

El proceso en marcha debería modificar, para bien, la función de los límites que deben respetarse en el uso del dinero cuando se trata de política y de decisiones públicas sobre infraestructura. En el primero de estos sectores hemos ignorado que la dedicación a la política y la adhesión que ella debe generar en otros son fuente de un complejo sistema de intercambio de bienes y servicios. El principal factor de regulación del mercado formal son los impuestos. Pero como la actividad política no genera precios de mercado ni márgenes de ganancia (al menos no márgenes reconocidos), los impuestos (y el control de ingresos que conlleva) han permanecido al margen del sistema. Una manera de introducir el control de los intercambios en la política consiste en convertir las donaciones a organizaciones políticas en un componente del gasto deducible para fines tributarios. La otra consiste en promover el desarrollo de fundaciones que intermedien entre donantes y perceptores de donaciones, evitando el falso mecenazgo. 

El financiamiento de obras públicas genera la segunda cuestión por resolver. Aprendimos ya que las empresas públicas no son una opción por diversas razones. Pero la asignación de proyectos por concurso se ha mostrado insuficiente para evitar la corrupción en este sector. Creo que es momento de cerrar las listas de proveedores a un sistema controlado por una superintendencia que tenga facultades de fiscalización semejantes a las que rigen en el sistema financiero. La vulnerabilidad de nuestro sistema a fondos de origen incierto es demasiado grande para no pensar en opciones de este tipo.

Confiar en que los tribunales se encargarán de los casos ahora en marcha y concentrarnos en un debate verdaderamente constructivo sobre el sentido de las reformas que debemos abordar, parecen ser condiciones indispensables para recuperar la estabilidad institucional que estamos poniendo en riesgo.